La otra reforma de Escrivá
El ministro propone un cambio profundo de la burocracia pública de la mano de las nuevas tecnologías
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, expuso en el Congreso un ambicioso plan de reforma de la administración pública que parece casi tan difícil de sacar adelante como su reforma de las pensiones. Es verdad que, al final, la dichosa reforma fue aprobada gracias a un decreto ley cuya tramitación parlamentaria decayó al disolverse el Congreso para las elecciones de julio, por lo que, en realidad, éste nunca debatió los aspectos más relevantes de esa legislación. Esta observación, que en otras ocasiones ha sido un reproche, esta vez no es más que la constatación de cómo las circunstancias pueden favorecer al que persevera. «La inspiración siempre me pilla trabajando», decía Leonardo.
Es importante tomar nota de esto, porque precisamente ayer, muchos asalariados españoles se habrán dado cuenta de los efectos de la reforma de Escrivá en su nómina de enero donde la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) les habrá restado, por ejemplo, casi dos euros a quienes cobren 1.600 al mes.
Pero vamos a la nueva tarea que tiene el ministro. Aquellos que pensaron que su nuevo cargo era un premio de consolación, ignoran que Escrivá es una persona que ha reflexionado mucho sobre la burocracia pública, sobre el sentido de su reforma y sobre el papel que deben jugar las nuevas tecnologías. En España se echa en falta una mirada de la Administración sobre la digitalización. Hay un montón de iniciativas aisladas, pero aún no hemos conseguido, por ejemplo, que el DNI deje de ser un formato físico e incorpore un dispositivo digital que nos ahorre tener que estar poniendo contraseñas cada vez que compramos un pasaje o usamos la suscripción a un periódico.
Escrivá ha dicho que trabajará en torno a cuatro ejes: (i) la planificación estratégica, (ii) la captación de talento, (iii) la evaluación del desempeño y la carrera profesional y (iv) la alta dirección pública. Hay ideas llamativas, como ese ‘software’ asistente que advertirá a los funcionarios cuando se estén convirtiendo en personajes de Valle-Inclán y ensanchen la brecha lingüística para enredar al ciudadano o la figura del ‘evaluador’ de los servicios públicos.
Estas ideas ahora deben aterrizar en la realidad, donde hay numerosos problemas esperando al ministro. Ha empezado por admitir que hay que desterrar la cita previa que se ha convertido en un burladero para negarle sus derechos a los ciudadanos. Esto ya supone una rectificación y admisión de los errores cometidos cuando se dispararon las colas del SEPE y las de la Seguridad Social. También ha dicho que eliminará la tasa de reposición que se adoptó con la crisis de 2010 ya que el 60% de los empleados públicos se jubilará en la próxima década.
Si el ministro logra que la Administración acepte que se mida su rendimiento y esto tenga consecuencias en la eficacia del sector público, España habrá dado un paso de gigante.