«El Gobierno debe tener un rumbo y lo que vemos es improvisación»

▶Dice que es «sorprendente» que el nuevo Ejecutivo no haya llamado aún a los autónomos y avisa de que las «deslealtades» en el diálogo social hacen que las empresas sean prudentes

Lorenzo Amor es la voz de los autónomos, el colectivo que tira del empleo en España y el que también está más expuesto a los vaivenes de la economía. El dirigente empresarial explica en esta entrevista que abrir la persiana les cuesta hoy un 25% más que hace un año y reclama un clima de estabilidad y de confianza para la buena marcha de los negocios. Recuerda que en nuestro país el 95% de las empresas son autónomos o tienen entre cero y dos trabajadores y que «están sufriendo el exceso de regulación, de costes laborales, impositivos, de cotizaciones, dificultades de acceso al crédito y aumento de los alquileres y la inflación».

—¿Cómo describiría la situación socio política en España?

—La situación socio política esta generando una gran desconfianza en el inversor y en la economía, pero también en la inversión empresarial. Lo que estamos viendo en las ultimas semanas es que España está bajo las decisiones de un prófugo de la justicia. El Gobierno pende de un hilo, dependiendo de lo que un prófugo decida y pueda apetecerle en cada momento. Para sacar una ley hay que ir a Waterloo. Lo que vivimos el martes pasado en el Congreso con el debate de la ley de amnistía fue un circo y es penoso para la imagen del país, para la estabilidad y la seguridad jurídica, y la confianza es clave para la economía. España ha tenido un crecimiento positivo en el último año, un 2,5%, pero las previsiones no son tan positivas para este ejercicio, en el que creceremos más que Europa, pero la mitad que en 2023. Y lo mismo ocurrirá con el empleo, que irá de más a menos.

—¿Cómo está afectando este escenario a los autónomos?

—El Gobierno tiene que tener un rumbo y lo que vemos es improvisación y cambio de pareceres de un día a otro. Y no lo digo sólo por el ámbito político, lo que nos preocupa es el económico porque el autónomo depende de la confianza del consumidor, del consumo, de que haya crédito e inversión y depende de la economía y de que a las empresas para las que trabajan les vaya bien. Es fundamental contar con un clima de estabilidad y confianza en el ámbito político y económico.

—Las tiendas de barrio se apagan. Han desaparecido 75.000 autónomos en los últimos ocho años.

—El comercio es el sector que más autónomos ha perdido en el último lustro, también se ha producido pérdida en la industria y en agricultura, si bien otros sectores siguen teniendo crecimiento de autónomos. Es muy llamativo ver cuando se habla de márgenes empresariales y de beneficios el gran desconocimiento que tiene la clase política española sobre la realidad del tejido empresarial. En España, el 95% de las empresas son autónomos o empresas que tiene entre cero y dos trabajadores, que además están sufriendo el exceso de regulación, el aumento de los costes laborales, impositivos, de cotizaciones, sufren también con las dificultades de acceso al crédito, el aumento de los alquileres y la inflación. El tejido empresarial en España está muy tocado y también lo está el empleo en empresas pequeñas y autónomos. Es difícil crearlo, pero también mantenerlo.

—¿Cómo ha sido el primer contacto de las organizaciones de autónomos con el nuevo Gobierno?

—Sorprende la preocupación que tiene el Gobierno con los autónomos. Es la primera vez que ocurre desde que soy presidente de ATA que un Gobierno que lleva tres meses en activo no ha llamado a los autónomos. Sorprende porque hay mucho que hablar, y con muchos ministerios. Hay asuntos pendientes en Seguridad Social, en industria, hacienda, en digitalización...

—Esta semana la patronal de la construcción alertaba de que más del 20% de las concesiones públicas quedaban sin cubrir por el impacto de la inflación.

—Es muy preocupante. Hemos puesto en marcha con la Confederación Nacional de la Construcción una organización para defender los intereses de los 400.000 autónomos del sector de la construcción, que tiene como uno de sus principales problemas las licitaciones que quedan desiertas. Y de las miles de empresas que tiene el sector la mayoría son de menos de cinco trabajadores, están dirigidas por autónomos, que son los que sufren el aumento los costes laborales que no están reflejados en los contratos públicos, porque el Gobierno no está dispuesto a adecuarlos a la inflación. Aumentan los costes, pero lo que paga una administración por ejecutar un trabajo no sube.

—El Gobierno ya les dijo a las empresas que no cuando la CEOE condicionó su apoyo a la subida del salario mínimo a la actualización de contratos públicos con la inflación.

—Habrá que hacer una revisión de la Ley de Contratos Públicos y de la Ley de Desindexación porque lo que no puede ser es que el Gobierno suba por decreto los salarios o reduzca la jornada y, sin embargo, no cumpla con las obligaciones que tenemos todos los empresarios cuando nos suben los sueldos. Es muy fácil decir a los empresarios que hay que elevar salarios, pero no hacer lo mismo con la prestación de servicios que pagan a los autónomos en la Administración. Y esto afecta también al Consejo de Política Fiscal, a las comunidades autónomas, muchas gobernadas por el PP, y a la Federación de Municipios y Provincias, Autonomías y ayuntamientos deben alertar en el Parlamento de que no se puede hacer lo que se está haciendo con el tejido empresarial.

—¿Cuánto le cuesta abrir hoy la persiana a un autónomo?

—Las ventas de los autónomos han subido en torno al 13% en tres años pero el aumento de los costes lo ha hecho en un 25%. Abrir la persiana para un autónomo es hoy un 25% más caro que hace un año. Muchos saben cuando abren la persiana que van a tener más gastos que ingresos.

Productividad «España tiene un exceso de regulación, pero un déficit de productividad»

Contratos públicos «Es muy fácil decir a los empresarios que suban sueldos y no aumentar la prestación que la Administración paga a los autónomos»

—La productividad se ha hundido en España un 4% y anota el peor registro de toda la OCDE. Los datos de este indicador no dan tregua.

—España tiene exceso de regulación pero déficit de productividad. Y que conste que la productividad, que lleva años cayendo, es un problema para

la economía española para el trabajador y la empresa y para las arcas del Estado, y esa productividad va a seguir cayendo si no ponemos remedio. ¿Cómo? Uno, atajando los fraudes en el absentismo, dos premiando la productividad en el ámbito del sector privado, y tres, no imponiendo normas por decreto y obviando la negociación colectiva, como se intentan hacer con la jornada laboral.

—¿Qué implica reducir la jornada a 37,5 horas para todos?

—Que estemos hablando de horarios semanales cuando tenemos a gran parte de nuestras empresas que dependen cuatro o cinco meses de la campaña turística o estacional, y que hablemos de semana laboral y no de cómputo de trabajo cuesta comprenderlo en le siglo XXI. Me preocupa la productividad, pero también el déficit de inversión empresarial. El crédito para autónomos y pequeñas empresas está cayendo por muchos motivos. Es cierto que hay un endurecimiento de las condiciones, con intereses más elevados, que muchos autónomos no quieren endeudarse, pero sobre todo es por la falta de inversión. Y esto si que es preocupante.

—¿A qué atribuye esa falta de inversión empresarial?

—Hay varios factores que influyen, como la confianza, la seguridad jurídica y el clima de estabilidad. Se invierte cuando las reglas de juego son claras, hay calidad de las normas, seguridad jurídica, estabilidad económica, financiera y política. Es como lo de la vuelta de empresas a Cataluña. Esta no se fija por decreto. Las sedes sociales de las empresas las elige su consejo de administración, y lo primero que tiene que ofrecer un territorio a una empresa es estabilidad, seguridad jurídica, un clima fiscal amable, y paz social. Y el día que Cataluña recupere todo lo anterior las empresas que se marcharon quizá vuelvan, pero mientras esto no ocurra será muy difícil.

—Parece que buscan fórmulas para castigar a las empresas que se fueron y forzarlas a volver.

—Estamos en la Unión Europea y la libre circulación de personas, de empresas y de capital de bienes y servicios está ahí. Por tanto, las empresas europeas podrán fijar su sede donde les de la gana. Y no puede haber castigo si deciden establecerse en un sitio u otro. Son palabras de quien en su vida ha tenido una empresa, ha emprendido o pagado una nómina. Desgraciadamente, en nuestra vida política cada vez hay más gente que no es capaz de entender nada ni saber lo que es pagar una nómina. Estamos haciendo demasiado populismo y el exceso de ese populismo hace mucho daño, como también el exceso de polarización. Nos están metiendo en un callejón. Si estás conmigo eres bueno, y si estás en contra mío eres malo. Si tienes mis ideas eres bueno, y si no las tienes eres malo.

—¿Cree que con este escenario será posible que las empresas lleguen a acuerdos con el Ejecutivo?

—Nuestra obligación como organización representativa del tejido empresarial es dialogar con el Gobierno o con las administraciones del PP e intentar llegar a consensos. Pero es complicado cuando hay monólogo social, cuando te están convocando a una negociación mediatizada ya con un resultado. Entiendo que se esté ávido de titulares porque estamos en campaña política constante, pero el diálogo social es otra cosa. Cuando nadie apostaba por un acuerdo de negociación colectiva lo hubo y eso es diálogo social. Hemos pedido ahora que la jornada laboral se negocie en las 4.500 mesas donde se firman los convenios porque las circunstancias son distintas. No es el mismo horario de invierno en Málaga para un sector que en verano, ni es el mismo el del comercio que el de una industria tecnológica.

—¿Es fácil negociar cuando se cierran acuerdos como el de la reforma laboral y se cambian por la puerta de atrás?

—Cuando se negocian acuerdos tan importantes como la reforma laboral son para que perduren en el tiempo. No puede ser que se negocie durante meses y que a los cuatro días te cambien algo tan fundamenta como la prevalencia de convenio autonómico, que afecta a algo constitucionalmente reconocido como es la negociación colectiva.

¿Cómo confiar en que lo que se pacte se respete?

—La deslealtad lleva a las empresas a ser muy prudentes y desconfiadas con el Gobierno en diálogo social, pero nuestra obligación es estar donde nos convoquen y representar al tejido empresarial para defender sus intereses y los del país.

—Una valoración sobre lo que nos espera este año, a autónomos, empresas y trabajadores.

—Incrementos de cotizaciones sociales y fiscales es lo que nos espera. La negativa del Ejecutivo a deflactar la tarifa del IRPF está suponiendo mas costes para los jubilados y también para muchas familias españolas. Empresas y autónomos tienen cada vez más trabas, más costes y menos productividad y eso es un problema, mientras, por otro lado, aumentan el déficit y el gasto, y se pone el largo plazo más difícil. Pese a todo, me niego a ser catastrofista. Las cosas no están tan mal como pintan algunos, ni también como pintan otros, pero la realidad es que cada vez se ponen más zancadillas para el futuro. El aumento de regulación y los costes hacen que el futuro empresarial sea más complejo.

Cataluña «Las empresas fijan su sede donde les de la gana. Cuando Cataluña recupere la estabilidad quizá vuelvan»

Política «España depende de las decisiones de un prófugo de la justicia. Para sacar una ley hay que ir a Waterloo»

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