EL DETERIORO DE LA DIPLOMACIA

Mientras el Ejecutivo intenta intervenir en la actividad diplomática para proteger su agenda propia y la de sus socios, miles de españoles no reciben la asistencia consular que merecen

EN España llevamos padeciendo, desde hace años, un deterioro de nuestra red consular. La decidida politización de nuestro servicio exterior ha priorizado, en demasiadas ocasiones, la agenda del Gobierno frente a los intereses reales de nuestra nación y de los españoles que residen fuera de nuestras fronteras, por lo que la capacidad ejecutiva de nuestra diplomacia ha quedado debilitada. Una primera evidencia de cómo el Ejecutivo gestiona esta cuestión la encontramos en el número de nombramientos políticos que afectan a jefes de misión en embajadas u organismos internacionales. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, han sido nueve los políticos destinados a liderar nuestra labor diplomática en diferentes destinos. Por dar una cifra comparada: Sánchez ha nombrado a más del doble de políticos como jefes de misión que José María Aznar y Mariano Rajoy juntos, que suman tres y dos nombramientos, respectivamente.

Esta crisis llega en el peor momento imaginable, ya que coincide con un aumento de la demanda de los servicios consulares, en parte promovida por decisiones del propio Gobierno. Tanto la ley de Memoria Histórica como la de Memoria Democrática han incentivado la solicitud de la nacionalidad española a través de protocolos o procesos que son manifiestamente mejorables. En los últimos veinte años, las plantillas de nuestro servicio exterior han permanecido prácticamente inalteradas, al mismo tiempo que la cifra de españoles residentes fuera de nuestras fronteras se ha triplicado, hasta rondar los tres millones. Las plantillas no sólo se mantienen constantes, sino que las infraestructuras de los consulados empiezan a resultar insuficientes, incluso en lo que respecta al equipamiento digital imprescindible para brindar una asistencia administrativa ágil o ejercer de forma solvente las labores de representación encomendadas. En lugares clave, como los consulados de Buenos Aires, La Habana o Ciudad de México, la temporalidad de los contratos afecta a más del 50 por ciento de los trabajadores, que, en ocasiones, deben ejercer en condiciones manifiestamente mejorables.

ABC ha recabado una serie de testimonios especialmente flagrantes que atañen al consulado de España en San Francisco (California). Esta oficina, que da cobertura a ocho Estados y a las islas del Pacífico, está absolutamente desbordada desde hace varios años, lo que genera un colapso en la tramitación de expedientes esenciales para muchos compatriotas. La situación es insostenible y ciudadanos españoles están encontrando enormes problemas para registrar el nacimiento de sus hijos en tiempo y forma. Un trámite tan relevante tanto para los padres como para la protección de los niños puede demorarse más de dos años sin que nadie atienda telefónicamente a los solicitantes. La precarización del servicio exterior español es una muestra más de la escasa eficacia con la que el Gobierno es capaz de sostener la ambición de sus anuncios y de sus palabras. Mientras el Ejecutivo intenta intervenir en la actividad diplomática de forma grosera no para defender los intereses del Estado, sino para proteger su agenda propia y la de sus socios –el adoctrinamiento sobre la amnistía es el caso más evidente–, miles de españoles no reciben, por falta de medios, la asistencia consular que merecen. La falta de transparencia en la adjudicación de los destinos y la escasa dotación de nuestras embajadas y consulados no sólo daña la reputación de nuestra diplomacia sino que acaba teniendo consecuencias fatales para muchos españoles que se encuentran en una intolerable situación de desamparo. El refuerzo de la red consular de España no puede esperar ni un día más.