«Me decepcionaría que el Constitucional dijera que en el caso ERE se vulneraron derechos»
El juez ponente de la sentencia ha montado su propio despacho de abogados tras retirarse de la magistratura
El azar, siempre tan caprichoso, quiso que un 19 de noviembre de 2021 el BOE publicara la jubilación anticipada de Juan Antonio Calle Peña (Utrera, 1961). El mismo día pero dos años antes no se hablaba de otra cosa que no fuera la sentencia del caso ERE redactada por este magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, 1.821 páginas que condenaron a la que fue cúpula de la Junta de Andalucía durante casi cinco lustros, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. La resolución se ganó, con todo derecho, abrir los telediarios de toda España.
Más de cuatro años después de aquel tsunami judicial, el hombre que presidió el tribunal se ha pasado «al otro lado» de la Justicia. Ha cambiado la toga de juez por un despacho privado en el que ofrece sus servicios como abogado especialista en Derecho Penal. Minucioso y aplicado, si no desfalleció cuando tuvo que desmenuzar el fraude de las ayudas para descubrir las agujas en el pajar de miles y miles de documentos y declaraciones de 120 testigos, tampoco se arruga ahora que le toca defender a acusados. Sigue eligiendo las palabras con la misma pulcritud y contundencia con que redactaba sus sentencias. En eso no ha cambiado. Y confía en que el curso del caso ERE no sea modificado por el Tribunal Constitucional, al que los condenados han recurrido con el argumento de que se vulneraron derechos fundamentales en el proceso. No oculta que para él sería una decepción.
—Tras su jubilación anticipada ha cambiado la toga por un bufete privado de abogados, Legal Global Services (LGS), que fundó en 2022 con el letrado Joaquín León Peña. ¿Cómo se ve la Justicia desde del otro lado?
—La perspectiva es distinta, sería, por utilizar un símil, como en un partido de fútbol, dejar de ser árbitro para pasar a ser jugador. Pero todos están en el terreno de juego viendo lo mismo. Aquí pasa algo parecido. Los conocimientos y la experiencia acumulada de muchos años durante mi etapa de magistrado son muy útiles para el ejercicio de la abogacía, tanto en la defensa como en la acusación particular.
—¿Comprende ahora mejor a los abogados que en el primer juicio de la macrocausa de los ERE, que usted presidió, elevaban protestas o quejas por algunas decisiones del tribunal?
—En el organigrama judicial, cada uno de los integrantes tiene su papel. Como magistrado tienes que resolver, y yo siempre he sido consciente de que mis decisiones, tomadas con arreglo a mi leal saber y entender, no siempre serían del agrado de los abogados. Ahora estoy en el otro lado, y a veces tengo que respetar resoluciones que no comparto.
—¿Empatiza más con los acusados ahora que como abogado le ha tocado defenderlos?
—Como magistrado no podía elegir los asuntos que tenía que resolver. Como abogado sí puedo elegir a quien le llevo la defensa y a quien no. Por lo que si no tengo empatía por un asunto o una persona, no llevo su defensa.
—El salto de jueces y fiscales a la actividad privada es un fenómeno habitual en la Justicia. ¿Qué le ha llevado a dar este paso?
—En la vida hacer siempre lo mismo produce cierto hastío. Al menos, así me ocurrió a mí. Los cambios de destino de juez de instrucción a juez de lo Penal, y de juez de lo Penal a magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, produjeron un renovado entusiasmo por una nueva labor judicial. En mi caso, contribuyeron a ese hastío el prolongado juicio de los ERE y el largo tiempo que requirió la redacción de la sentencia, junto al hecho de que la Audiencia seguiría enjuiciando macrocausas (aunque de mucha menos envergadura) durante bastantes años más.
—Algunos magistrados hacen este tránsito llevados por una motivación económica, aparte de profesional. ¿Están los jueces mal pagados para el complejo trabajo que realizan?
—Sin lugar a duda, están mal pagados, máxime cuando la carencia de medios personales y materiales les obliga a realizar mayores esfuerzos de los debidos.
—Actualmente está interviniendo en el caso Astapa, que se centra en la supuesta
financiación irregular que rodeó al Ayuntamiento de Estepona entre los años 2003 y 2008. ¿Su experiencia como magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, juzgando y redactando sentencias tan mediáticas como la del caso ERE, le da algunos trucos para defender a un acusado? —No se trata de trucos, sino de habilidad o destreza. Mi trayectoria como magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla me proporciona conocimientos y experiencia para ejercer eficazmente la defensa frente a una imputación por cualquier tipo de delito.
—En su perfil en el despacho del que es cofundador destaca, entre otros méritos, que ha presidido el citado juicio del caso ERE, siendo ponente de la sentencia de la llamada pieza política. ¿Esta experiencia representa una ventaja a la hora de ofrecer sus servicios como abogado?
—Haber presidido y dirigido ese juicio y redactar la sentencia en ese asunto tan complejo, evidentemente proporciona un bagaje profesional en cuanto a conocimientos y experiencia.
—Como ponente de la sentencia en uno de los asuntos más complejos de la historia judicial española, ¿se sentiría decepcionado si el Tribunal Constitucional considerara que se han vulnerado derechos fundamentales de los acusados en el caso ERE?
La Justicia desde el otro lado «Mi experiencia como magistrado es muy útil para el ejercicio de la abogacía. Es como pasar de árbitro a jugador»
—Pues sí, dado que el juicio de los ERE fue muy garantista. Se extremó el celo para que no se vulnerara ningún derecho de los acusados, y la sentencia ha sido confirmada en su mayor parte por el Tribunal Supremo.
Procesados en el caso ERE
«No defendería a ningún acusado del juicio que yo celebré. Pero no hay razón para no defender a cualquier otra persona»
—Como abogado, ¿defendería a un acusado de los ERE?
—No defendería a ninguno de los acusados del juicio que yo celebré. Pero no hay ninguna razón para no defender a cualquier otra persona.