180 millones en contratos de la Guardia Civil alterados

▶El Servicio de Asuntos Internos detecta 20 años de «trampas» en la compra de sus propios suministros

Lo que comenzó siendo una investigación sobre cohecho en el contexto de la compra de uniformes para la Policía Nacional, ha acabado derivando en una macrotrama de corrupción que en la Guardia Civil abarca 20 años de manipulación de contratos de suministros y más de un centenar de expedientes alterados que suman 180 millones de euros. Es la cantidad que maneja el Instituto Armado, cuyo Servicio de Asuntos Internos, que lleva cuatro años investigando este asunto para el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, ha destapado una «mala praxis» de mercadeo con sus propios uniformes por la que seis miembros de la Guardia Civil y hasta 26 empresas están imputadas.

La dinámica, persistente y reiterada en el tiempo según los investigadores, consistía en un concierto entre los agentes encargados del Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil (Sabas) y los empresarios o sus representantes comerciales para que el reparto de contratos públicos de botas, chalecos antibalas, cascos o monos de vuelo, entre otros, recayese sobre los mismos proveedores. A cambio recibían todo tipo de regalos, desde móviles de alta gama y videoconsolas hasta viajes o asientos de palco en el fútbol. Comilonas, monterías... Al hijo de uno de los imputados incluso le pagaron los estudios, como recoge el sumario íntegro de la causa al que tuvo acceso ABC. En paralelo, algunas de las empresas funcionaban para determinados concursos «como un auténtico cártel», según apunta una fuente cercana al caso. Se organizaban entre ellas para decidir quién se quedaba cada lote y a qué precio. Se investigan cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, y blanqueo de capitales, pero también organización criminal. A falta de un par de declaraciones pendientes, la causa está ya en su recta final.

La investigación vincula lo que denomina «las trampas» a la llegada de Alberto José Martín Altube a la jefatura de la Sección Técnica del Sabas en el año 2000. Algunos empresarios le identificaban como ‘Patagas’. Se le atribuye la puesta en marcha de este «mecanismo» que heredaría en 2015 el coronel Juan Antonio Maroto al ser nombrado máximo encargado de la unidad, dando «continuidad delictiva» a la trama hasta 2020, cuando explotó la operación. Ya las entradas y registros revelaron la sensación de impunidad que según comenta otra fuente de la investigación, reinaba entre ellos. Maroto, a quien se relaciona con un negocio de lavanderías, llevaba una contabilidad con apuntes de entregas de dinero. Y uno de los comerciales imputados había hecho lo propio; no sólo anotó su lista de clientes, también sus objetivos: «Conocer nuevos concursos, conseguir pliegos». A otro se le incautaría una lista de prebendas con los nombres de policías, guardias civiles y militares beneficiarios y en otra empresa se halló una lista de contratos con porcentajes de comisión que iban del 3 al 8% fechada a mediados de los años 2000.

Esa era la dinámica, aunque no sólo. Según las pesquisas, los guardias civiles daban ventaja a las mercantiles de varias formas. Por un lado, con información privilegiada sobre los concursos aún por anunciar, dejando que los propios empresarios redactasen los pliegos. Se han intervenido emails de borradores con anotaciones realizadas en la empresa que se convertirían en cláusulas para la adjudicación y comunicaciones directas, como la de un subordinado de Altube con un empresario. Además de tenerle al día de otras ofertas, le pedía minorar el precio para ser el adjudicatario. No lo hizo, pero recayó en él igualmente porque en el concurso se dio prioridad a la parte técnica. El resultado, un «importante sobreprecio».

Por otro lado, habrían fraccionado en contratos menores lo que no debieran serlo, o incorporado ofertas para aparentar una competencia cuando «se trataba, simple y llanamente, de aportar presupuestos de relleno», como el mismo capitán diría a aquel empresario. Destacan maniobras como pedir al suministrador facturas por cuenta de mercantiles distintas para sortear el tope de contratación menor y episodios concretos que destaca Asuntos Internos por burdos. Un ejemplo: Maroto apalabró con un empresario la compra de una máquina para empaquetar palets. La máquina ya estaba instalada en la oficina del Sabas cuando convocó el concurso para comprarla e invitó a dos empresas a presentar una oferta. Quería, dice uno de los informes policiales, «revestir el trámite de concurrencia y licitud» con una «burda simulación». Hay más. Como la adjudicación del servicio

Los agentes daban ventaja a las mercantiles con información privilegiada sobre los concursos para que redactaran los pliegos

Un ‘garganta profunda’

// de limpieza de las mantas del colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, que recayó en una empresa que a su vez, le pasó el trabajo a la lavandería de Maroto. Las mantas estaban en el garaje de su propia casa cuando entró Asuntos Internos a registrar.

Ya llevaban tiempo vigilando sus movimientos, como un viaje y comida –1.417 euros de cuenta– a un balneario en La Rioja que pagó un proveedor, y monitorizando sus conversaciones. Hubo un momento en que Maroto sospechaba porque les habían pedido los contratos para revisarlos. Le dijo a un subordinado que se había reunido con los de Asuntos Internos para decir: «Iros a buscar la puta droga y el tabaco y os vais a tomar por culo, dejar de tocar los huevos a la gente». Era mentira.

Esta investigación ha contado con una ‘garganta profunda’ que remitió anónimos a los investigadores señalando al Sabas y que en un momento dado, subrayó el riesgo de que en vez de sancionar a Maroto, se le cambiase de destino. Los audios corroborarían que él ya se veía en AENA y que pensaba mantener su dinámica porque compraban las botas para su personal a las mismas empresas.

En total, la investigación ha aislado un centenar de expedientes manipulados tanto en su etapa como en la del teniente coronel Altube donde, dicen, hay manipulaciones evidentes. Los informes hablan de contratación «arbitraria» con «múltiples injerencias de forma torticera a favor de los investigados, en detrimento de la Administración», ya no sólo por la ausencia de libre concurrencia, sino porque en esa lista de contratos los hay para suministros que ni siquiera eran necesarios.