Díaz desactiva el diálogo social y prima los pactos con los socios
▶Trabajo comunica a empresarios y sindicatos que los equilibrios parlamentarios se impondrán a los acuerdos laborales que se alcancen ▶El Gobierno ya se saltó la reforma laboral con el ‘blindaje’ de los convenios vascos y endureció los ERE por imposición
La factura que debe pagar el Gobierno por su debilidad parlamentaria ha erosionado no sólo la vida política, también el diálogo social, desvirtuando los pactos entre empresarios y sindicatos al ritmo que imponen los socios de Gobierno. Las exigencias de los aliados han caído como una lluvia fina desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, restando poder a las negociaciones, lo que ya se reconoce abiertamente en el Ministerio de Trabajo.
El mensaje que se ha trasladado a los agentes sociales es claro: los pactos a los que lleguen empresarios y sindicatos en el diálogo social pueden terminar en papel mojado, siempre va a primar lo que imponga el Congreso y los socios de Gobierno. No hay garantía, por tanto, de que lo acordado en las mesas de negociación se cumpla, como en la práctica ya ha ocurrido, lo que supone quebrar décadas de un ritmo negociador y de consensos que han construido la norma laboral y el Estado de Bienestar en España desde mediados del siglo XX.
El anuncio realizado a empresarios y sindicatos oficializa un ‘modus operandi’del Ejecutivo que ya ha tenido varios precedentes. En diciembre de 2022, y de espaldas al diálogo social, el PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo con EH Bildu para permitir a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE. El pacto no implicó recuperar la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma laboral de 2012, pero fue un paso firme en la normativa laboral para recuperar el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisaría las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.
Este acuerdo se produjo el mismo año en el que entró en vigor la reforma laboral pactada con CEOE y UGT y CC.OO. y abría el melón de los cambios en la regulación del despido que el Ejecutivo no quiso abordar en las negociaciones de la norma y que fue la esencia de los cambios laborales que los populares aprobaron en 2012 y que Díaz no quiso revertir en 2022, pese a las fuertes presiones de Podemos y de los aliados en el Gobierno como EH Bildu o ERC. Ahora los pasos futuros de la vicepresidenta sí van a ir por este camino.
Tampoco quiso la vicepresidenta en aquella reforma ceder a la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, una reivindicación histórica del nacionalismo por el blindaje que supone para los convenios vascos. En diciembre de 2023, un año después de aprobar esos cambios laborales, la también ministra de Trabajo modificaba la reforma laboral sin negociar con los agentes sociales y entrega al PNV el ‘blindaje’ de los convenios vascos.
Negociación colectiva
La cesión a los nacionalistas no solo modificaba la reforma laboral por la puerta de atrás, supuso un dardo en la línea de flotación de la negociación colectiva, entrar de lleno en materias que son propias de la negociación entre empresarios y sindicatos, como también ha ocurrido con la jornada laboral hasta las 37,5 horas, una materia que el Estatuto de los Trabajadores sitúa en el terreno de la negociación bipartitas.
El Gobierno pensó en un principio que podría lograr un pacto con patronal y sindicatos para recortar la semana laboral y armar así un acuerdo amplio que le brindara la primera gran
Yolanda Díaz junto a representantes empresariales y sindicales foto de consenso en una legislatura en la que parece que los acuerdos en materia laboral, tan prolijos en años anteriores darán pocas alegrías. Empresarios y sindicatos han dado portazo a Trabajo y le comunicaron que el acuerdo para reducir la jornada de trabajo sería más factible en una negociación bipartita, descartando, de entrada, el café para todos, es decir teniendo en cuenta las peculiaridades de cada sector. Eso sí, Trabajo avisa de que legislará si las partes no se ponen de acuerdo.
Poco a poco se ha ido larvando un clima de malestar en el diálogo social
favorecido también por la frustrada reforma del desempleo, urdida sin el respaldo de los interlocutores sociales. El fracaso del decreto no dejó desactivado sólo el cambio normativo, desató un tsunami político y social que va a tener que contener Yolanda Díaz si el presidente del Gobierno no quiere encontrarse con más sobresaltos.
Tumbada la reforma del paro por Podemos también dejó en papel mojado la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, que terminó siendo una condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Hoy la legislación sobre la negociación colectiva ha vuelto a la casilla de salida, lo que no significa que el PNV se haya olvidado del compromiso de Sánchez en una de sus reivindicaciones históricas. La vicepresidenta va a tener que buscar una norma en la que colar esa exigencia que rechazan empresarios y sindicatos.
El ambiente en el diálogo social no es el mejor. La ruptura de relaciones de la organización empresarial con el Gobierno es una realidad que viene de lejos; la sumisión al nacionalismo es sólo una discrepancia más tras años de desencuentros por una política que se ha cebado con las empresas y de una campaña de desprestigio sin precedentes. Pero en el caso de los sindicatos, la prevalencia de los convenios autonómicos, primero, y la negociación de la reforma de desempleo, después, destaparon la caja de los truenos entre los sindicatos, que amenazaron con movilización por entender que se está restando poder al diálogo social, lo que forzó a Yolanda Díaz a abrir una negociación para intentar sacar adelante una reforma pactada. Frustrada la norma, Díaz negociará ahora los cambios en los subsidios. Hoy ha citado a los agentes sociales.