Díaz ampliará el subsidio a más colectivos y los agentes sociales piden más políticas de empleo
Trabajo arremete contra los empresarios: «Sus propuestas son inaceptables»
Las negociaciones para reformar los subsidios de paro corre prisa, teniendo en cuenta que es un compromiso para recibir el cuarto tramo de los fondos europeos ya reclamado por el Gobierno, un paquete de 10.000 millones de euros. Esta reforma lleva un año de demora y es clave para Europa, y el pasado diciembre fue tumbada por Podemos en el Parlamento por entender que recortaba la cotización de los mayores de 52 años. Ahora, el presidente del Gobierno ha forzado a Yolanda Díaz a negociar la norma tras la dura reacción de los sindicatos, que denunciaron que la vicepresidenta segunda se saltó el diálogo social.
El primer contacto del Ministerio de Trabajo con empresarios y sindicatos se produjo ayer con una reunión en la que se volvió a evidenciar el muro que separa al Ejecutivo del tejido empresarial. La CEOE había planteado esta toma de contacto como eso, una primera reunión, pero el Ministerio, una vez terminado el encuentro, tachó de «inaceptables» las propuestas de la organización que dirige Antonio Garamendi. «Las organizaciones sindicales han puesto de manifiesto las mejoras sustanciales que el decreto contenía, mientras que a la patronal no le gustaba tanto porque iba en la línea de proteger a las personas sin empleo», dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
El responsable de Trabajo sí se mostró receptivo a estudiar las propuestas sindicales, entre las que se incluye la mejora de la protección de los trabajadores a tiempo parcial. Sobre la mesa, los agentes sociales pusieron la necesidad de vincular los subsidios por desempleo a las políticas activas de empleo, lo que supone guiar al parado en la búsqueda de un puesto de trabajo y su reinserción en el mercado laboral.
Ambas partes también están de acuerdo en medidas como subsanar la falta de coordinación entre las administraciones estatales y autonómicas para aumentar los controles de la prestación sin tener que recurrir a sanciones, y también en facilitar el tránsito desde la ayuda al ingreso mínimo vital, entre otras.
Toque de atención
Tras el encuentro, UGT y CC.OO. celebraron que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esté negociando la reforma con los agentes sociales después de asegurar que hoy los subsidios por desempleo se han alejado demasiado de los umbrales de pobreza. Las centrales reclamaron al Gobierno que elimine el Iprem, el indicador de rentas que fue creado hace 20 años, disociado del salario mínimo, y que se vincule al umbral de la pobreza.
Para los sindicatos es necesario contar con «cuantías dignas» y exigieron la ampliación de los subsidios de paro a más colectivos, como personas transfronterizas de Ceuta y Melilla, personal agrario y a los menores de 45 años. Destacaron también el «espíritu constructivo» para llegar a un acuerdo que mejore el sistema de ayudas asistenciales, la mitad de las hoy tramitan los servicios públicos de empleo.
Sánchez quiere el acuerdo
Esa mesa de negociación irá paralela a la de reducción de jornada que negociarán empresarios y sindicatos. Este fue uno de los temas centrales de la reunión que ayer mantuvieron el presidente del Gobierno con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Sánchez trasladó su deseo de que la patronal se sume a la medida para lograr el máximo consenso, lo que en la práctica supone un toque de atención a Yolanda Díaz, quien avisó a las empresas que intentaría reducir la semana laboral a 37,5 horas por consenso, pero en el caso de no lograrlo se haría «quieran o no quieran los empresarios».
De momento, la vicepresidenta ha dejado la rebaja de jornada a la negociación bipartita, entre empresarios y sindicatos a la espera de que acerquen posturas y firmen un acuerdo. Sí ha advertido Díaz que, en caso contrario, legislará.