El Partido Popular bloquea el trámite de los PGE y fuerza a Montero a retorcer la ley
El PP utilizará mañana su mayoría absoluta en el Senado para devolver al Gobierno los objetivos de déficit que sirven de base para su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024, bloqueando así el primer paso del trámite presupuestario y empujando a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a transitar un terreno completamente desconocido en la historia presupuestaria reciente.
Consciente de la incierta situación que abriría un veto del Senado a los objetivos de déficit, Montero ha dedicado las últimas semanas a advertir del negativo impacto que tendría sobre la disponibilidad de recursos por parte de los gobiernos autonómicos un eventual frenazo al que la Ley de Estabilidad Presupuestaria señala como el primer trámite ineludible para la tramitación de los Presupuestos: la aprobación por ambas cámaras, no únicamente por una de ellas, de los objetivos de déficit para el año de Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales.
El PP ignoró ayer las amenazas y anunció, por boca de su portavoz en el Senado, Alicia García, y su vicesecretario de Asuntos Económicos, Juan Bravo, que rechazará mañana esos objetivos, devolviendo así al Gobierno la base sobre la que se deben construir los Presupuestos del Estado de 2024.
«Las comunidades autónomas han hecho los deberes y han aprobado sus presupuestos. Aquí el que no los ha aprobado es el Gobierno», recalcó ayer el portavoz económico del PP, Juan Bravo, que recordó que los gobiernos autonómicos han diseñado sus cuentas sobre el objetivo de déficit del 0,1% del PIB que les marcó el propio Gobierno –que presumió además de flexibilizar la capacidad de gasto de las autonomías– y subrayó que no ve sensato que ahora se les amenace con recortar su capacidad de gasto.
Un terreno inexplorado
El portavoz económico del PP dijo también que el partido se replantearía su oposición a los objetivos de déficit en caso de que el Gobierno se aviniera a asumir el paquete fiscal planteado por los populares, que defiende el mantenimiento íntegro de las rebajas fiscales al recibo de la luz y el gas, la deflactación del IRPF o la ampliación de la rebaja de IVA a los alimentos a la carne, el pescado y las conservas.