Los pequeños transportistas quieren parar España de nuevo
La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte se une a las protestas del campo y volverá a movilizarse a partir del sábado de forma indefinida. Se trata de la misma asociación que logró poner en jaque a toda la cadena de suministro española en marzo de 2022 dejando un reguero de pérdidas millonarias en las empresas de la distribución y otros tantos miles de euros en daños materiales por los actos vandálicos de los piquetes violentos. La organización, liderada por Manuel Hernández, asegura que el gremio vuelve a estar al límite y pide la intervención urgente del Gobierno y las autonomías. «Hasta que el Ministerio de Transportes no se siente con nosotros y nos dé soluciones reales, no volveremos a trabajar», dice el portavoz nacional de Plataforma, Germán González.
Plataforma dice que su reivindicación es simple: quieren que las administraciones no hagan oídos sordos a las llamadas de los camioneros cuando denuncian que están trabajando por debajo de costes. Su directiva asegura que no se está inspeccionando a las empresas que incumplen con la ley aprobada en agosto de 2022 que prohíbe estas prácticas. «Llevamos tres meses intentando contactar con el ministro Puente y ni nos ha llamado. El Ministerio no ha hecho absolutamente nada. Ellos mismos están provocando esto», apostilla González.
El portavoz de la asociación lamenta que el antiguo departamento de Fomento solo negocie con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que representa a los grandes operadores del sector. «¿Por qué no nos quieren escuchar? No pedimos subvenciones ni ayudas. Queremos vivir de nuestro trabajo dignamente con precios acordes a las inversiones que tenemos hechas. No puede ser que un autónomo se haya gastado 150.000 euros en un camión, con su casa hipotecada para que le quede un sueldo justo», señala González.
El espíritu de los paros que Plataforma pretende comenzar el sábado será el mismo que en marzo de 2022 llevó a miles de transportistas autónomos durante una semana a cortar carreteras y bloquear los accesos a algunos de los principales centros logísticos de España. El coste para la economía española fue de 130 millones al día, según los cálculos realizados entonces.