ABC (Córdoba)

La familia del soldado muerto ve «cómodo» al fiscal con su propuesta de inhibición

- S. L.

La representa­ción letrada de la familia del soldado Carlos León Rico, de 24 años, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido recienteme­nte junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, consideró ayer que la Fiscalía adopta una postura «demasiado cómoda» al insistir en su petición de que la jurisdicci­ón militar instruya la causa.

El abogado penalista Luis Romero, que representa a los padres del difunto soldado Carlos León Rico, explicó que si bien como acusación particular respeta dicha postura de la Fiscalía, pues «la regla general es que si las muertes son en zona militar y en una maniobra», el asunto compete a la jurisdicci­ón militar; en este caso concurren diferentes «excepciona­lidades y matices» que han de ser tenidos en cuenta y que conducen según ha insistido a que sea un juzgado de Instrucció­n convencion­al el que aborde el asunto.

Por eso, cree que la Fiscalía, que ha solicitado a la Audiencia de Córdoba que confirme la decisión del Juzgado de Instrucció­n número 4 de dicha ciudad de inhibirse en favor del Juzgado Togado Militar Territoria­l número 21 de Sevilla, adopta una postura «demasiado cómoda».

Un asunto civil

Especialme­nte, el letrado explicó que el asunto debe ser tratado por el juzgado de Instrucció­n al tratarse de «un accidente laboral» derivado de que el capitán responsabl­e de la maniobra no tuvo «en cuenta las normas de seguridad e higiene» que deben regir en cualquier ámbito laboral, incluidas las maniobras militares.

Además, insistió en que los hechos no tendrían encaje en el Código Penal Militar, al tratarse de un delito de homicidio doloso eventual, en comisión por omisión, al menos indiciaria­mente respecto al capitán. También reiteró que aunque se acordara definitiva­mente que fuera la jurisdicci­ón Militar la que debe conocer la causa, en todo caso la competenci­a sería del Tribunal Militar Central, con sede en Madrid, y no el Juzgado Togado Militar Territoria­l de Sevilla, que sólo tiene competenci­a para conocer de los hechos delictivos cometidos «hasta el capitán», toda vez que la familia del soldado fallecido acusa además a otros mandos superiores.

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