Los ERE inundan los despachos laboralistas en el inicio de 2024
▶Hasta 28 normas aprobadas por Trabajo en sólo dos años atenazan a las compañías y elevan sus costes ▶También son determinantes el encarecimiento de los suministros, de los alquileres y de los créditos
Telefónica presentó por sorpresa a finales del año pasado tres ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) en sus empresas Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, que afectarán finalmente a 3.640 trabajadores. El plazo de adhesión voluntaria terminó el jueves y se han apuntado 247 empleados más de los pactados. Hace unos días, el grupo sueco H&M anunció la apertura de un procedimiento de despido colectivo en España por causas organizativas y económicas, que conllevará el cierre de 28 tiendas y afectará a 588 trabajadores. Bimbo desveló a principios de este año su intención de cerrar la planta de Alicante, donde trabajan un centenar de personas. Ford planteó esta misma semana un nuevo ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en Almusafes hasta finales de abril que afectaría a 750 trabajadores y Danone España cerrará la fábrica de Parets del Vallés, con 157 trabajadores. Esta misma semana, los nuevos propietarios de Marina d’Or, el grupo Fuertes y Magic Costa Blanca, han presentado un ERE que afectará a 77 trabajadores, el 7% de su plantilla.
Estos son casos de empresas muy conocidas que han aparecido en los medios en los últimos meses, pero hay mucha mediana y pequeña compañía que está en proceso de reestructurar sus plantillas, según confirman a ABC distintos despachos de abogados especializados en asuntos laborales.
En la mayoría de los casos, estas compañías vinculan los procesos de ajuste de plantilla a una fuerte erosión de su posición financiera en los últimos años, debido primero a la tormenta perfecta de desequilibrios geopolíticos que ha desembocado en una crisis de inflación sin precedentes y que ha elevado en un 25% los costes de producción –según datos de Cepyme–, pero también por el aluvión de costes laborales que ha impuesto el Gobierno a través de algunas de las últimas normas aprobadas. Sin ir más lejos, la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones acarreará un incremento de los costes laborales de 5.000 millones de euros para las empresas –por el alza de las bases máximas y la nueva cotización del mecanismo de equidad intergeneracional–, que se ha visto redondeado con el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 5%, que añadirá otros 3.000 millones de costes para las empresas con personal vinculado a esa referencia.
La coyuntura podría agravarse, además, a lo largo de la presente legislatura, en la que el Ministerio de Trabajo ya ha avanzado que pretende abordar una reducción de la jornada laboral, con el objetivo de acortar de 40 a 37,5 horas semanales la jornada máxima permitida por ley. Una reducción que según advierten los economistas consultados por ABC en el caso de afectar a la totalidad de la población ocupada podría elevar los costes laborales en otros 64.000 millones. Y en espera está también la esperada reforma del sistema de indemnizaciones por despido, que el gabinete dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado como parte de su plan normativo, y que pretende vincular el coste de la reparación en caso de ceses injustificados a la situación individual del afectado, al tiempo que abre la puerta a cuantías mayores al actual sistema tasado de 20 días por año trabajado.
Esta cuestión económica, señalan los expertos de Hays –empresa especializada en gestión de recursos humanos– es la que más preocupa a los empleadores de cara a la expansión de los negocios. Un 36% de las empresas encuestadas sobre tendencias para el presente ejercicio apuntan a esta circunstancia como el principal obstáculo para su actividad.
Más despidos colectivos
«Tengo varios ERE encima de mi mesa», afirma Montse Rodríguez, socia directora del área Laboral en BDO Abogados. «Hasta ahora era un pequeño goteo, con algún despido individual, el cierre de una tienda, la simplificación de la estructura directiva..., pero el incremento de los costes laborales, de los energéticos y la subida del SMI hacen insostenible la vida de, sobre todo, las empresas más pequeñas», explica. Y añade que, «por ejemplo, el pequeño comercio tiene más costes (materiales, transporte, alquiler) y menos ventas, por lo que no puede repercutir en sus artículos esos incrementos».
Una de las quejas que exponen los empresarios que acuden a BDO Abogados es que la reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas generará más costes para las compañías. También la subida del SMI a 1.323 euros. «El SMI no está bien definido, debería ser por facturación. Somos un país de turismo y de servicios, cuyas empresas difícilmente aguantan incrementos del salario mínimo», afirma Montse Rodríguez, que augura un aumento de los ERE.
«El año ha empezado fuerte, tengo ya varios ERE en la agenda», dice Jorge Aranaz, socio de Laboral de Cuatrecasas. «Sobre todo son empresas pequeñas, de entre 50 y 100 empleados, que llevan un tiempo ajustándose con, por ejemplo, reducciones de salarios». Aranaz cree que a partir del segundo trimestre se acentuarán estas medidas y afirma que uno de los temas que más preocupan a los empresarios es la anunciada rebaja de la jornada laboral. «Para las empresas intensivas, con tres turnos de ocho horas, supone un gran problema de organización y un incremento de los costes laborales».
También se quejan los empresarios de la complejidad legislativa. Sobre la reforma laboral y las nuevas medidas anunciadas, este prestigioso abogado afirma que «el Ministerio de Trabajo
elabora más medidas de las que hacen falta» y, sobre la ruptura del diálogo social, explica que «la imposición agresiva va horadando cualquier negociación futura; es malo para todas las partes».
En esta línea, asegura el socio director de Labormatters, Alfredo Aspra, que efectivamente la tendencia en 2024 está siendo de elaboración de planes de contingencia «de todo tipo». Y aunque admite que se están poniendo sobre la mesa varias fórmulas para elaborar ajustes como el ERE –siendo el sector tecnológico uno de los que va más anticipado en estos procesos, ya que la mayoría los concluyó el pasado 2023–, señala que también se están produciendo numerosos procesos sobre flexibilidad interna y de revisiones salariales en las compañías.
Inseguridad jurídica
Señala como elemento catalizador de esta coyuntura la fuerte incertidumbre que ha aflorado entre los empleadores el tsunami legislativo que ha propiciado el Gobierno. «Se han aprobado 28 medidas laborales desde el estallido de la pandemia», dice Aspra advirtiendo de que esta circunstancia atenaza y asfixia a los negocios al adaptarse a la nueva legislación.
«Los ERE están concentrando las consultas de las empresas que se plantean abordar planes de reestructuración», explicaba recientemente Álvaro García, socio de Everfive, en una conversación con ABC sobre esta tendencia. De hecho, si analizamos la última entrega estadística del observatorio del Ministerio de Trabajo sobre procedimientos de ajuste de plantilla se observa un fuerte repunte en el apéndice específico a despidos colectivo. A mes de noviembre de 2023 –último dato disponible– había en España 3.204 trabajadores afectados por un despido colectivo, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior, la mayoría en el sector servicios.