El plan de vivienda de Sánchez cumple un año con 350 casas entregadas
▶Los 184.000 pisos prometidos quedan atascados en el papeleo y despiertan poco interés en los gobiernos regionales ▶Promotoras y constructoras advierten de que se necesitan reformas para que el proyecto no caiga en saco roto
La promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sembrar España de alquileres baratos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda sigue sin coger color cerca de un año después de anunciar en pleno proceso preelectoral la creación de 184.000 inmuebles destinados al parque público de alquiler social y asequible. Los movimientos de las entidades implicadas en el plan han sido mínimos hasta ahora, mientras se buscan alianzas con promotoras y constructoras, que por ahora no fraguan.
En el sector inmobiliario observan con escepticismo el cumplimiento del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) y el Ejecutivo no ha sabido en este tiempo generar la confianza necesaria para que las empresas quieran volcar sus esfuerzos operativos a futuro en el proyecto. Tampoco parece por el momento generar gran entusiasmo en el sector público. La primera pata activa del plan, la que se apoya en las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no acaba de cuajar entre comunidades y ayuntamientos.
A ambas administraciones se le ofrecieron más de 20.000 inmuebles para comprar de manera inmediata en abril del año pasado, en el que fue el primero entre el reguero de anuncios que hizo Sánchez durante los prolegómenos de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Diez meses después, solo han adquirido 350.
Fuentes de la Sareb atribuyen la insignificancia de la cifra a la burocracia que supone cerrar las ventas con la administración, aunque aseguran que 2023 «ha sido un buen punto de partida» y que esperan suscitar mayor atractivo este año. «Hemos atendido consultas de 324 municipios y comunidades autónomas, las cuales han manifestado su interés en conocer el perímetro de las viviendas. Con algunos mantenemos líneas de trabajo para que estudien una posible compra», explican las mismas fuentes a este periódico.
Otros informantes cercanos al conocido como ‘banco malo’ achacan la baja cifra de casas vendidas a los cambios de gobierno tras las elecciones autonómicas. «Hemos tenido que entablar conversaciones con los nuevos equipos a partir de verano», señalan.
Hasta el momento, ha sido la Generalitat de Cataluña, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), la que más ha pujado por la cartera de la Sareb, tras comprar en noviembre 137 viviendas por 9,6 millones de euros. También el año pasado Madrid (42 viviendas en Carabanchel) y Castilla y León (11 viviendas) recurrieron a esta bolsa de activos tóxicos acumulados por la banca durante la crisis financiera que gestiona la Sareb para incrementar su parque de vivienda social. En total 18 ayuntamientos y comunidades autónomas acudieron a este porfolio en 2023.
En Sareb son optimistas respecto a su previsión de ventas a administraciones regionales y locales para este año. Pero como ya contó este periódico, varias autonomías denunciaron a mediados de 2023 que los pisos que se les estaban ofreciendo no cumplían en su mayoría las condiciones legales de habitabilidad. Por lo que llegar a la cifra de 20.000 transferencias es un reto prácticamente imposible de alcanzar.
El plan de Sánchez con los pisos de la Sareb no se limita a este punto, pues son hasta 50.000 viviendas las que el presidente incluyó en este paquete. Además de sumar al mismo 14.000 inmuebles que ya estaban habitados antes de realizar su anuncio (7.000 de ellas okupadas ilegalmente), el Gobierno también pretende construir otros 15.000 hogares para alquiler asequible en los suelos de la entidad dependiente del FROB.
En fase preliminar
La primera parte de este plan, bautizado por la Sareb como proyecto Viena, tenía prevista la licitación de los primeros suelos para edificar unas 3.500 viviendas en el último trimestre del año pasado, pero a día de hoy esta sigue sin estar publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Fuentes cercanas a la Sareb esperan que el concurso sea aprobado en el transcurso del presente trimestre, una vez el nuevo equipo del FROB renueve el consejo de administración de la entidad.
La mayoría de las 130.000 viviendas
El resucitado Ministerio de Vivienda se reunió a principios de mes con las promotoras para tratar de atraerlos a la iniciativa
restantes comprometidas por Sánchez están todavía en fase embrionaria. Y todo apunta a que buena parte de ellas podrían acabar atascadas en el papeleo. Es un temor que tienen también las promotoras a las que el renacido Ministerio de Vivienda trata ya de seducir, aunque hasta el momento solo con palabras. A principios de mes, la ministra Isabel Rodríguez se reunió con las principales patronales del sector a las que pidió su colaboración para una «gran alianza de país» que sirva para facilitar el acceso a vivienda asequible.
Seguridad jurídica
Pero desde el sector promotor insisten en que además de palabras necesitan seguridad jurídica, una línea de financiación clara, suelo disponible y que los pliegos de condiciones se ajusten a los requisitos para que las empresas puedan interesarse por la iniciativa.
La ministra aseguró a las promotoras que reactivará la reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana «con el fin de mejorar el marco normativo y dotar a los planes urbanísticos de la estabilidad y la seguridad jurídica que necesitan». «El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una prioridad política para el Gobierno», afirmó la ministra durante el encuentro, en el que también anunció que a lo largo de este mes el Consejo de Ministros autorizará la creación de la línea ICO de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, que irá a cargo de la adenda del Plan de Recuperación europeo. Un trámite al que está ligada la construcción de 43.000 viviendas del ambicioso proyecto inmobiliario del Ejecutivo. En esta pata también necesitarán de la colaboración de las comunidades autónomas y del interés de las promotoras, que, en principio, podrán acceder a los créditos en condiciones más ventajosas que si lo hicieran a través de entidades privadas.
Operación Campamento
De la parte que depende del Ministerio de Vivienda (123.000 inmuebles), alrededor del 30% (35.000) del plan de vivienda asequible pivota sobre el desarrollo de los suelos que gestiona la empresa pública Sepes, que el año pasado recibió casi 900 millones en transferencias del Estado para adquirir nueve millones de metros cuadrados de superficie al Ministerio de Defensa. En ese paquete se incluían las dos fases de la operación Campamento, con las que se aspira a levantar más de 20.000 casas.
La entidad de suelo del Estado incrementará un 28% su plantilla este año, como así consta en su plan de acción de 2024, para hacer frente al nuevo cometido del Gobierno. Según la misma hoja de ruta, en 2024 prevé invertir más de 360 millones de euros en la compra de suelos, la urbanización de los que ya tiene en cartera y los trabajos de planeamiento y proyecto encaminados a obtener los documentos urbanísticos preceptivos y la licitación de las obras.
Pero en Sepes saben que llegar a la última parte del proceso en un corto espacio de tiempo es prácticamente una utopía. De hecho, en su plan de acción avisa de que en la ejecución de la hoja de ruta tendrán «especial relevancia» los plazos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas. «En gran medida dependen de otros agentes públicos y privados con responsabilidad en el proceso, que pueden dilatar su ejecución», advierte. Fuentes del sector inmobiliario apuntan a que desarrollos como el de la operación Campamento pueden demorarse una década hasta que se pueda colocar la primera piedra. De momento, Sepes tratará este año de firmar protocolos y convenios con las administraciones locales involucradas en el desarrollo de las actuaciones.
Sin mano de obra
A la espera de mayores certezas también se encuentran las constructoras. La principal patronal del sector, CNC, apuntó hace pocos días a que la ejecución del plan de 184.000 viviendas es inviable para las empresas mientras no se reforme la ley de desindexación, que restringe la actualización de precios y tarifas de los contratos públicos, y no se apoye al sector en la llegada de nueva mano de obra. Más de 60.000 pisos del plan están financiados con Fondos Europeos de Recuperación y 20.000 de ellos tienen que ser ejecutados antes de que finalice 2026.
El Gobierno justificó el pasado mes de abril la necesidad de un plan de acción dirigido al parque público de alquiler de vivienda asequible por la mala posición relativa de España en el marco europeo en esta materia. «Solo un 3% frente a la media europea del 9%, y a una distancia considerable de los países más avanzados de Europa (Países Bajos, Austria y Dinamarca), que cuentan con un 20% o más de parque público de vivienda», dijo el presidente Sánchez entonces.
Por el momento, el Ministerio de Vivienda asegura tener movilizadas 47.000 viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible. La última actualización de la cifra data del 31 de julio de 2023, según consta en la web del departamento.