El Gobierno obligará a las empresas a dar transporte ‘verde’ a sus empleados
▶El texto no regula el ‘peaje en carreteras’ pero plantea estudiar un mecanismo de financiación ▶Se contratará a 52 funcionarios por más de 1 millón de euros para las nuevas funciones que la norma crea
El Gobierno quiere cambiar la forma en la que los españoles se desplazan. Y lo hará con una Ley de Movilidad Sostenible que, previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros tras quedar suspendida el año pasado por la convocatoria de elecciones. La normativa vuelve ahora, casi igual que fue redactada y con varios objetivos claros: convertir la movilidad en un derecho ciudadano, reducir la contaminación, favorecer el transporte colectivo en todos los trayectos posibles (especialmente para ir a trabajar o llevar los niños al colegio) y organizar los movimientos de personas y mercancías con la ayuda de herramientas digitales.
La ley llega, además, con perspectiva de género y sin dar una respuesta clara al pago por el uso de carreteras, una polémica que empezó Pere Navarro, el director de la DGT, al anunciar que «por imposición de Bruselas se tendrían que poner peajes». Así es la próxima ley:
Peajes en carreteras
Es un debate abierto desde hace años en España y Europa para hacer frente al principio «quien contamina paga». Se persigue desde hace años un sistema de fácil de recaudación para que contribuyan los ciudadanos que más uso hagan de ellas o más impacto ambiental generen. Pero la futura Ley de Movilidad Sostenible solo prevé la realización de un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financión. No se dispone la adopción ni entrada en vigor de un modelo determinado.
En autobús al trabajo
La ley impone la obligación de que los grandes centros de actividad (hospitales, centros comerciales, pabellones deportivos u otros con concentración de personas) y empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno, cuenten con planes de movilidad o de transporte sostenible. Esto obligará a las empresas que piensen en el traslado diario de sus empleados. Deberán buscar soluciones que tengan en cuenta el uso de transporte colectivo, movilidad eléctrica o compartida y facilitar el teletrabajo. Esta medida ya está implantada en otros países de la Unión Europea. En Francia y Bruselas, por ejemplo, son obligatorios para las empresas de más de cien trabajadores en desplazamientos urbanos cuyo incumplimiento supone la pérdida de incentivos y ayudas.
Zonas de bajas emisiones
Se busca un modelo de bajas emisiones basado en la recuperación del espacio público. Se deja en manos de cada ayuntamiento poner en marcha un modelo de zona de bajas emisiones que no se centre en exclusiva en la clasificación ambiental de los vehículos como se hace ahora. También se da libertad a cada Gobierno local a implementar peajes.
Digitalización del movimiento de personas y mercancías
Es otro de los puntos clave de la reforma. Se utilizará el Espacio Integrado de Datos de Movilidad, para que las empresas de transporte, gestión de infraestructuras y administraciones puedan volcar sus datos. El Gobierno confía en nuevas herramientas como el uso de nuevas tecnologías como el Big Data para tomar decisiones más eficientes en el transporte. Además, se
creará un espacio ‘sandbox’, un entorno de pruebas de movilidad para poner en marcha medidas a corto plazo y protocolos. También se pone el foco en el viajero para dotarle de las mejores ‘app’ para que pueda planificar rutas desde su teléfono y facilitar su movilidad. Aunque preocupa si la información que se obtenga de quién viaja debe ser objeto de mercantilización. Entre las alegaciones presentadas se plantea que quizá se deba «incentivar por parte de los operadores públicos a las empresas privadas la captura, ingesta, gobierno y transformación de esos datos en información útil».
Plan para municipios de más de 20.000 habitantes
Los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes y aquellos que las comunidades determinen, deberán dotarse de un plan de movilidad sostenible simplificado, que deberá ser revisado cada seis años. Las disposiciones de desarrollo de esta ley preverán mecanismos de financiación de los planes de movilidad sostenible de entidades territoriales, los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad o los planes de movilidad sostenible al trabajo.
52 funcionarios por más de 1 millón de euros
La ley introduce nuevas obligaciones en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tendrán que asumir nuevas tareas con la entrada en vigor de la ley. «Para hacer frente a todas las nuevas tareas, la reorganización de la estructura del departamento con la creación de una nueva dirección general y el refuerzo de los centros directivos existentes en los términos anteriormente expuestos, se estima la necesidad de crear 52 nuevos puestos en el departamento, con perfiles diversos». Estos 52 nuevos puestos para funcionarios que requiere la nueva ley de movilidad sostenible tendrá un importe total de 1.027.634,40 euros.