La reducción de jornada de Díaz demora las firmas de convenios
La incertidumbre sobre el precio por hora de trabajo lastra las negociaciones
El Gobierno parece mantener el pulso a la agenda legislativa en materia laboral sin reparar en el impacto que puede tener para las empresas la digestión necesaria de la maraña normativa en curso para poder cumplir con la ley y no incurrir en eventuales sanciones. De hecho, este es uno de los aspectos que más preocupan a los servicios de recursos humanos de las compañías que, al margen del incremento de costes laborales aplicados por la vía del incremento de cotizaciones, también asumen un coste para la empresa en estos procesos de adaptación.
Los despachos laboralistas ya están dando cuenta de este embudo normativo que ha generado el Ejecutivo con la prolija producción legislativa de los últimos años y que también está provocando la demora en las firmas y renovaciones de algunos convenios colectivos hasta despejarse las incógnitas sobre ciertos puntos de la negociación.
Cabe recordar que bajo la dirección de la vicepresidenta Yolanda Díaz el Ministerio de Trabajo ha implantado obligaciones sobre control horario, registro salarial, planes de igualdad, además de llevar a cabo modificaciones sobre los permisos de paternidad y maternidad, y una reforma laboral que ha resultado en un cambio diametral de las condiciones de contratación.
Y cuando las compañías aún se están adaptando a estas nuevas exigencias, la senda de reformas prevista para la presente legislatura ha terminado por entorpecer las negociaciones en los centros de trabajo que tienen que renovar o negociar convenios colectivos. «Estamos observando mucha preocupación e incertidumbre en el inicio de año entre las empresas por el panorama laboral», explica sobre esta tendencia el socio director de Labormatters Abogados, Alfredo Aspra.
En este momento, varias fuentes jurídicas consultadas por ABC reconocen que se está produciendo un lastre en las negociaciones asociado plan de reducción de tiempo de trabajo puesto en marcha por el Ejecutivo con dos hitos en el horizonte: la reducción de 40 a 38,5 horas semanales en el presente año y para transitar a un máximo de 37,5 horas en 2025. Por su parte, fuentes de la patronal también confirman este problema aplicativo de la reducción de jornada en los convenios colectivos. «Sobre todo en los que se están negociando en este momento, muchos están pendientes de ver cuál es el precio por hora de trabajo», explican. Cabe destacar en este punto que la medida planteada por Trabajo es la reducción de trabajo sin merma salarial.
«El tema de la reducción de jornada está provocando cierta contención en la toma de decisiones de carácter colectivo», señala Aspra como uno de los aspectos que está ralentizando los procesos de negociación entre empresa y sindicatos en los centros de trabajo.
En este sentido, las fuentes empresariales consultadas por este medio señalan que si bien el primer paso de reducir a 38,5 horas puede no tener apenas impacto, «reducir a 37,5 horas tocaría a casi la totalidad de los convenios». Explican que si ya en este momento se están demorando ciertas firmas, el año que viene se podría producir una «paralización» de la negociación colectiva.
Además, el hecho de que la negociación bipartita para la reducción de jornada también se vaya a plantear cuestiones sobre permisos, límites de jornada o descansos también podría condicionar en el medio plazo ciertas decisiones de la negociación colectiva.