La estafa de 1,2 millones con la marca de Pablo Escobar
l empresario que gestiona los derechos de imagen de Pablo Escobar, fundador del cártel de Medellín, llevaba dos años viviendo en Marbella cuando la Policía le detuvo en su domicilio el pasado mes de diciembre. Se llama Olof. K., aunque se apoda ‘El Silencio’. Tiene 30 años y Estados Unidos le reclama por una presunta estafa de 1,2 millones de dólares con la venta de lanzallamas, teléfonos móviles y criptomonedas que llevan el nombre del narcotraficante abatido en Colombia en 1993.
Según las autoridades norteamericanas, «los productos en realidad no existían»: los clientes pagaban por artículos que nunca llegaban mientras su dinero era transferido a cuentas bancarias repartidas por «todo el mundo» para financiar el «fastuoso estilo de vida» de Olof K. El fiscal auxiliar de Estados Unidos asegura que el número de afectados supera el centenar y el empresario se enfrenta a 2.050 años de cárcel por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional estudia si dar luz verde a la extradición, mientras su equipo legal da la batalla para que sea Suecia, su país natal, el que se haga cargo de su custodia. La última palabra la tendrá la Justicia sueca.
EFue en el año 2015, coincidiendo con el éxito mundial de la serie ‘Narcos’, cuando Olof K. y su socio viajaron a Colombia para firmar un acuerdo con la familia del narcotraficante de Medellín que les permitiera usar su nombre e imagen con el fin de «comercializar y vender productos». Entre ellos, un lanzallamas que ofertaban por 249 dólares en la web Escobar Inc, sociedad registrada en Puerto Rico; múltiples versiones de teléfonos plegables de entre 349 y 500 dólares, así como la primera «criptomoneda física del mundo» –según la vendían en la página–, denominada ‘Escobar Cash’.
Pero tras realizar el pago, en lugar de los productos los clientes recibían «certificados de propiedad». Si pedían el reembolso se les denegaba y su dinero acababa siendo transferido a distintas cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos, Emiratos Árabes y Suecia, bajo control de Olof. K., según las pesquisas. «Las autoridades estadounidenses no tienen constancia de que ningún lanzallamas de la marca Escobar fuera realmente entregado a los clientes que los compraron y pagaron por ellos. Además, parece que nunca fueron fabricados», reza uno de los informes incorporados a la causa, a la que tuvo acceso ABC. Según la documentación, para publicitarlo se habrían inspirado en el lanzallamas que vendía la empresa The Boring Company de Elon Musk. Respecto a los teléfonos móviles, llegaron a ofrecer tres distintos. El primero se vendía como un «producto de diseño estadounidense aunque de fabricación en Hong Kong»; el segundo, como un artículo «comparable y competencia» del teléfono plegable Samsung Galaxy; mientras que el tercero como «una versión reacondicionada del teléfono Apple iPhone 11 Pro, plateado de 24 quilates».
Estos modelos, junto a la «primera criptomoneda física del mundo» con la cara de Pablo Escobar, se enviaron a distintos influencers de YouTube en un intento de «despertar interés» por los artículos, sostiene el agente especial encargado del caso. Pero ninguno llegó tampoco a sus compradores. «Las autoridades estadounidenses llevaron a cabo múltiples compras encubiertas de teléfonos móviles de Escobar y ‘Escobar Cash’ a través del sitio web Escobar Inc. Hasta la fecha, a pesar de que se han efectuado pagos, no se ha entregado ningún producto», se puede leer.
Para el fiscal auxiliar de Estados Unidos Joshua Mausner, Olof K. habría contado con la ayuda de «otros conspiradores» con los que ideó un plan para estafar a personas de todo el mundo desde al menos julio de 2019 –momento en el que se empezaron a registrar las primeras quejas de afectados en el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos de EE.UU– hasta aproximadamente noviembre de 2023. Sobre los delitos de blanqueo que se le atribuyen, insiste en que el dinero acabó en última instancia en cuentas propiedad del empresario sueco y miembros de su familia, que habrían utilizado los fondos en su «propio beneficio».
La abogada Victoria Eugenia Bautista, parte del equipo legal Olof K. explica a este diario que si los productos no llegaron a los clientes fue porque la empresa Escobar Inc quebró tras la pandemia de Covid-19. «Entró en concurso de acreedores y no podía devolver el dinero a los afectados». Entiende por ello que el caso, en vez de seguirse por la vía penal, debería seguirse por la civil y niega que existiera un ánimo de ocultación en la titularidad de las cuentas bancarias. «Se conoce la identidad de las mismas». Defiende que «tampoco existe el principio de doble incriminación porque los delitos de estafa y blanqueo que promueve Estados Unidos no son los mismos que recoge el Código Penal español».
El pasado 15 de febrero se celebró la vista de extradición en la Audiencia Nacional, en la que la defensa del gestor apeló a la doctrina Petruhin, que establece que un ciudadano de la Unión Europea solo puede ser extraditado a un Estado que no sea miembro previa consulta al país del que sea nacional. La jueza María Tardón ha dado un mes a Suecia para que decida si quiere asumir el procedimiento. Mientras la entrega queda en suspenso.
Dos empleados de una fábrica dedicada al reciclaje de plásticos perdieron la vida en la madrugada de este sábado en la localidad pontevedresa de A Cañiza. Sobre los fallecidos, una mujer de 42 años y un hombre de 50, cayó un saco con una tonelada de plástico derretido que no pudieron esquivar. Fue un compañero de trabajo el que alertó al filo de las 2 horas a los servicios de emergencia, una llamada en la que ya avisó de que ninguno de ellos presentaba señales de vida cuando fueron a auxiliarlos. El hombre explicó que él estaba trabajando en otra zona de la planta de reciclaje situada en el polígono industrial del municipio y que cuando se acercó la situación era ya «irreversible». Los peores presagios se cumplieron cuando los sanitarios llegaron al lugar y comprobaron que los trabajadores habían muerto en el acto, sepultados por el saco que se desprendió sobre ellos. Solo pudieron, informaron fuentes de la central del 112, certificar sus muertes.
La factoría donde tuvo lugar el accidente, Reciclados Plásticos A Cañiza, se dedica a procesar grandes cantidades de tapones de plástico para posteriormente molerlos y llevarlos a la central, ubicada en Córdoba. Por el momento se desconoce lo que falló para que el saco cayese sobre los empleados, que están obligados a trabajar con casco, por lo que se ha abierto una investigación. La plantilla de la fábrica trabaja a turnos y el accidente se descubrió durante el descanso del turno de noche, por lo que no hay testigos directos de lo sucedido, tan solo el hombre que los encontró debajo del plástico que debían seleccionar, que ni siquiera escuchó nada. En la nave trabajan, en total, una veintena de empleados que ayer estaban muy afectados por lo ocurrido. El suceso también conmocionó a los vecinos de este ‘concello’ pontevedrés en el que los dos fallecidos eran conocidos y tenían sus vidas asentadas. Los dos tenían hijos y vivían en el término municipal, que ayer decretó dos días de luto oficial. Así lo declaró el alcalde del municipio, Luis Peña, que a las pocas horas de que la noticia saltase a los medios trasladó el pésame a las familias, amigos y compañeros por parte de la corporación. Las banderas de los edificios institucionales ondeaban ayer a media asta en recuerdo a las dos víctimas. Las instalaciones de la fábrica se mantenían cerradas.