Ni bagaje ni formación, el lastre del ‘dedazo’ en las empresas públicas
▶Entidades de la sociedad civil como Hay Derecho y FIDE abanderan la ofensiva para profesionalizar la gestión del tejido empresarial de la Administración
puede acabar presidiendo Correos, porque resulta que fue jefe de gabinete del actual presidente del Gobierno; o que le sustituya un economista especializado en su día en fundamentos de análisis económico cuya mayor aproximación al sector postal fue ser alto cargo del Ministerio de Fomento, aunque no del área de la que depende la regulación postal. O que una periodista presida una empresa amenazada por la quiebra como la que gestiona el hipódromo de la Zarzuela, porque resulta que en su día fue jefa de prensa del presidente del Gobierno en el PSOE. «La realidad a día de hoy es que tú puedes nombrar para presidir una empresa pública a quien te dé la gana, sin ningún requisito de formación o experiencia previa», explica Mario Garcés, ex secretario de Estado del gabinete Rajoy y coordinador del informe de expertos patrocinado por la Fundación Fide para mejorar la gobernanza de las empresas públicas en España.
Este informe miraba la experiencia de Portugal y recomendaba la creación de un órgano independiente y cualificado para encomendarle la selección, no solo de presidentes, sino también de directivos de las empresas bajo criterios de mérito y capacidad. Son los presidentes los que acaparan las portadas, pero los cuadros directivos de las empresas públicas están plagados de personas cuyo único mérito acreditado es ser una persona de confianza del dirigente político de turno.
Especialmente célebre fue el caso de la SEPI, que vivió un auténtico desembarco de ex altos cargos de la Junta de Andalucía allá por 2018 apadrinados por la entonces recién nombrada ministra de Hacienda y exconsejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero. El cenit de ese trajín de nombramientos fue la designación como presidenta de la filial tecnológica de Navantia de una enfermera que acreditaba como principal mérito el haber sido portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Murcia.
El ‘dedómetro’ que publica la Fundación Hay Derecho para denunciar precisamente la falta de profesionalización de la dirección de las empresas públicas subraya esa afirmación con datos. Tras analizar más de 155 casos, y a partir de una escala en la que 10 implica el máximo nivel de meritocracia y 0 nula adaptación al puesto, el indicador concluye que fuera de los supervisores y de las autoridades independientes –donde el perfil de los candidatos está mucho más ajustado a las necesidades del puesto– el nivel de formación, la experiencia en la gestión y la especialización en la materia se sitúan por debajo de cinco, y que las relaciones políticas pesan tanto en la elección de los responsables como la
experiencia en la materia en cuestión.
«Lo habitual es que para ser primer directivo de una gran empresa pública no haga falta prácticamente ningún requisito salvo, claro está, ostentar la confianza de quien realiza el nombramiento», denuncia la Fundación Hay Derecho, que ha promovido una campaña de recogida de firmas en redes sociales bajo el título ‘Entidades públicas, ¡basta de amiguismos!’ con el propósito, según se recoge en las bases de la campaña, de «exigir a las entidades públicas transparencia total en los procesos de selección de directivos públicos y conocer sus CV completos. Basta de personas que ocupan puestos pagados entre todos y que no han sido elegidas por su experiencia ni por su formación, sino por una sola razón: el amiguismo».
«La defensa de lo público exige que estén los mejores», asegura Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. «Las empresas y entidades públicas se han convertido en lugares para colocar a los afines y además es así gobierne quien gobierne; los nombramientos se hacen a dedo y no en función del mérito y la capacidad».
Esta forma de hacer no sale gratis. ABC ha ido publicando las iniciativas del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, en el operador postal del Estado, Correos, una empresa que factura en torno a 2.500 millones de euros, que tiene un plantilla de 50.000 trabajadores, y que se encuentra al borde de la quiebra tras haber perdido más de 1.000 millones de euros en apenas cinco años, dejando una situación que el nuevo presidente designado también por Sánchez ha reconocido como «crítica» y que abocará a la compañía casi con toda seguridad a un rescate público.
A pesar de la caída de los precios de los carburantes en 2023 respecto a 2022, las gasolineras automáticas han seguido creciendo en número y en ventas en nuestro país, alcanzando por primera vez las 2.000 estaciones de servicio al cierre del año pasado, según han confirmado fuentes del sector, con una cuota de mercado del 20%. Los tres principales grupos, Ballenoil, Plenoil y Petroprix, facturaron unos 3.000 millones de euros el año pasado.
Aunque sus comienzos no fueron fáciles, ahora son objeto de deseo en el sector. Prueba de ello es que Cepsa adquirió en noviembre pasado las 230 gasolineras que integraban la red de estaciones de servicio automáticas de Ballenoil, una de las compañías líderes en este negocio. Ha sido la operación, valorada en unos 300 millones de euros, más importante en el sector desde hace muchos años.
Cepsa supera así las 2.000 estaciones de servicio en el mercado ibérico, aunque Repsol mantiene el primer puesto en España, con unas 3.300.
Más cara ha sido la entrada más reciente del fondo estadounidense Tensile Capital y del español Portobello en Plenoil, otro de los tres principales grupos de gasolineras automáticas. La compra del 80% de la compañía, que tiene 224 estaciones de servicio, asciende a 400 millones de euros, según fuentes del mercado. «Desde el punto de vista de los inversores, este negocio tiene interés, ya que ven una rentabilidad a corto plazo y plusvalías, genera tesorería de forma importante y produce una elevada liquidez», afirma Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas
(Aesae). Añade a ABC que estas operaciones «ratifican que este modelo ha venido para quedarse, a pesar de las andanadas de críticas que nos lanzaron al principio para denostar este modelo. Incluso, llegaron a decir que eran gasolineras ‘fantasma’».
La expansión de Ballenoil en los últimos años ha hecho que Cepsa mantenga al frente de la misma a David Querejeta y a Juan Sanz, que pusieron en marcha el negocio de las gasolineras automáticas de Ballenoil en 2010, ya que el grupo había nacido en 1962 dedicado solo al autolavado. Lo mismo sucede en el caso de Plenoil, donde su fundador (en 2015) y CEO, José Rodríguez de Arellano, mantiene el cargo y su participación accionarial, según han acordado Tensile Capital y
Manuel Jiménez explica que «con la reciente modificación de la ley de Hidrocarburos casi cualquiera puede suministrar carburantes a las estaciones de servicio. Y si lo hacen con precios tan bajos es porque, presuntamente, no cumplen con las reservas estratégicas, el aporte de biocarburantes o el IVA. Esta situación provocará una guerra de precios entre las pequeñas y medianas gasolineras».
El CEO de Plenoil, José Rodríguez de Arellano, ya denunció en estas páginas hace unos meses que «hay mafias que distorsionan el mercado de carburantes con la defraudación del IVA».
Esta compañía cuenta con una importante cartera de localizaciones cerradas para alcanzar al menos 500 puntos de venta en 2027. Alguna de ellas, y a corto plazo, en Portugal. Actualmente, Plenoil suma unos 130.000 repostajes diarios en sus 224 estaciones de servicio. Más del 80% de su red funciona con paneles solares y, a finales de este año, el 75% de todas sus gasolineras ofrecerán recarga para los vehículos eléctricos.
Por su parte, Ballenoil tiene ya firmados más de 110 proyectos en diferentes zonas de España que se sumarán a las 41 aperturas en 2023 para un total de 233 gasolineras. Fuentes de la compañía apuntan que el año pasado registraron un incremento de las ventas del 31% con un 22% más de repostajes. Esta empresa ha aumentado el número de sus empleados, que suman ya 400.
El Grupo Parlamentario popular del Senado ha presentado una moción al pleno de esta Cámara en la que propone diversas medidas para el sistema agroalimentario español por ser un sector «de carácter estratégico».
Así, exige, «con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los ecorregímenes y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de los países de la unión europea».
El documento, al que ha tenido acceso ABC, pide también que se alcance «un pacto nacional del agua que asegure el abastecimiento de recursos hídricos en las producciones agrarias y ganaderas y pueda dar futuro a toda España, asegurando la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias como garantía de seguridad alimentaria. El pacto incluirá el compromiso de las inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos».
También proponen que se realice una revisión de la ley de la cadena alimentaria «a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica» y que se revise el plan de seguros agrarios combinados para «actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados». Asimismo, exigen «el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés».
Otra de las medidas es la de que se reforme el Perte agroalimentario, «revisando los criterios y fondos asignados a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país».
La moción señala que se revisen las actuales políticas de sanidad animal con la «creación de un grupo de expertos que analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades y realizar el adecuado control de la fauna salvaje y las especies invasoras para garantizar y conservar la biodiversidad y mantener protegida la actividad agrícola».