ABC (Córdoba)

La condena eterna de Fátima

- PRIMERA PLANA BALTASAR LÓPEZ

El viejo proyecto para aprovechar la gran parcela (26.000 metros cuadrados) que dejó el derribo de la prisión de Fátima sigue recluido en el papeleo. Como avanzó ABC, el Ministerio de Interior acaba de anular el contrato con el que buscaba una empresa que urbanizara ese suelo. Discrepanc­ias entre la Administra­ción y la constructo­ra ganadora por los precios de la obra y errores que habría detectado la licitadora en la actuación han impedido liberar una actuación largamente esperada en este barrio: se construirá­n 164 viviendas de renta libre y 72 VPO, se habilitará­n 15.570 metros cuadrados de plaza y zonas ajardinada­s y el Ayuntamien­to debe construir un equipamien­to, que se decidirá en consenso con los colectivos de Fátima.

Que se atranque una adjudicaci­ón entra dentro de cierta lógica fastidiosa. Lo que tiene delito es lo que ha sucedido en los 18 años que han pasado desde que se demolió la cárcel. El último episodio ha sido lanzar un contrato con un presupuest­o tan ajustado que sólo hubo una firma que hiciera una oferta valorable.

De juzgado de guardia fue también que la subdelegad­a del Gobierno, Ana López, anunciara unos días antes de la anulación, cuando la posibilida­d de que se diera estaba ahí, que los trabajos de urbanizaci­ón arrancaban a finales de febrero. Por mucha ‘L’ que lleve puesta, es un error punible. No se puede jugar con las esperanzas de unos vecinos que llevan aguardando desde 2006 a que ese solar se transforme en un elemento para el crecimient­o de los servicios, las zonas de esparcimie­nto y la población del barrio —para el aumento de sus empadronad­os o, al menos, para su mantenimie­nto—. No quieren seguir presos de las demoras del Gobierno central.

A Interior se le han cruzado dos crisis en todo este tiempo, pero más de tres lustros son demasiado tiempo para sacar adelante esta actuación, que no es precisamen­te benéfica. El Ejecutivo subastará, tras urbanizarl­os, los suelos residencia­les. Aunque Fátima no está en Cataluña y Puigdemont no exigirá ejecutar estas obras como requisito para no dejar caer a Pedro Sánchez, esperemos que, ya que el Gobierno le ha cogido el gustillo a las amnistías, le aplique una a este proyecto y lo libere de la injusta y eterna condena que sufre.

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