Los gobiernos se olvidan de pagar por los libros y la prensa

Cedro emprende una campaña para que las administraciones públicas empiecen a abonar los derechos de autor por el ‘clipping’ de prensa y la reutilización de contenidos editoriales

Afuerza de reclamaciones y multas, los ayuntamientos de España han entendido que si quieren poner música en las fiestas municipales tienen que pagar la tasa correspondiente a la SGAE. Lo mismo ocurrió con las tiendas de fotocopias que rondan las ciudades universitarias, o incluso con las propias universidades, que terminaron por aceptar que los servicios de reprografía y la difusión de recortes de libros y periódicos también tienen derechos de autor. Pero el camino, largo y tortuoso, aún está sin completar: las administraciones públicas –gobiernos, ministerios, consejerías, ayuntamientos...– se resisten a abonar lo que deben por el préstamo o uso de libros y por la distribución del ‘clipping’, esos resúmenes de prensa que políticos y asesores leen cada mañana.

Según datos de Cedro, la entidad que gestiona las licencias de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, la remuneración per cápita media por derechos de autor en Europa es de 1,52 euros al año, mientras que en España esta cifra se reduce a 0,48 euros. «Los derechos secundarios del sector editorial han permanecido invisibles en cuanto a su reconocimiento», afirma Jorge Corrales, director general de Cedro. El problema es que el sector público, quien debería dar ejemplo, nunca se ha propuesto hacerlo. De nuevo la comparación con Europa: entre los países del entorno, el 55,82 por ciento de los ingresos por la reutilización de contenidos editoriales procede del sector público; en España, es el 7,54 por ciento.

Un caso práctico, para entenderlo. Los gabinetes de comunicación de cualquier gobierno o administración pública reciben cada mañana un resumen de prensa: pagan a una empresa que se encarga de seleccionar las noticias que interesan a este o aquel organismo y lo cuelgan en una intranet. Pero el gobierno de turno, que mueve esos contenidos entre sus trabajadores, se olvida de pagar por la distribución de esos recortes a un segundo actor, en este caso Cedro, que es quien gestiona el cobro de esta licencia para luego repartirlo entre los editores. Lo mismo ocurre con las grandes empresas que cuentan con departamentos de comunicación.

Propiedad intelectual

Con el ‘clipping’, a la clase política y empresarial les dan el periódico leído y (casi) gratis. No es la piratería clásica de descargar un ejemplar de alguna página ilegal o grupos en redes sociales, pero se le parece mucho. Cedro cifra en 1,2 millones los ingresos que recibe anualmente por la reutilización de la prensa, cuando en Alemania son 16,6 millones, en Francia 17 millones y en Reino Unido 44 millones. El Ministerio de Cultura, el encargado de redactar las leyes de propiedad intelectual, es uno de los muchos organismos públicos que hasta ahora ha incumplido con el respeto a los derechos de autor. Estos días ha iniciado el expediente administrativo para obtener la licencia correspondiente.

Por algo se empieza, dicen en Cedro, que ha emprendido una campaña para explicar a la administración que se está incumpliendo la ley, pero en España hay unos 25.000 organismos públicos... «Nos encontramos con el gran entramado administrativo burocrático que imposibilita, de inicio, cualquier voluntad», lamenta Corrales,

que reclama un protocolo centralizado, ya sea desde Cultura o cualquier otro departamento gubernamental, para agilizar el reconocimiento de los derechos de autor. «En otros países de la Unión Europea se sentaron hace años a trabajar y pensar cuál sería la forma más rápida de llevar a cabo el cumplimiento de esta remuneración. Diseñaron un modelo en el cual se liquida lo que corresponde, de una manera transparente, y ya está».

Antes que el Ministerio de Cultura, el último en subirse a esta exigencia legal, ha habido comunidades como

Aragón o Valencia que han ido avanzando, explica Cedro. En la Plataforma de Contratación figuran las tarifas que se cobran. La Consejería de Presidencia de Extremadura o el Rectorado de la Universidad de Cantabria han recibido recientemente licencias para usar resúmenes de prensa que apenas suponen 1.200 euros al año. Son contratos menores e insignificantes para el presupuesto público, pero aun así deben contar con informes aprobados por la intervención y esto «supone un problema», explica Corrales. En el sector privado hay también mucho por hacer, pero por el momento Cedro se conforma con evangelizar al sector público.

Bibliotecas

Los otros terrenos en los que trabaja Cedro son el educativo y la red de bibliotecas. Si bien las universidades ya regularizaron su situación, no ocurre lo mismo con los colegios, donde muchos profesores recurren a fotocopias de libros o fichas para impartir sus lecciones. Solo una treintena de centros tienen suscritas licencias por los derechos de autor. Y, en el caso de las bibliotecas, menos del 50 por ciento de las diputaciones que deben abonar compensaciones por el préstamo de libros lo hacen. Y así ocurre que mientras que un autor español recibe en Alemania una media de 27,12 euros al año por este concepto, en España apenas es 1,60 euros. Sumando todos los conceptos, el sector editorial solo recauda 6,63 millones de euros (medio millón son aportados por el sector público). Si el grado de cumplimiento se igualara al de los países del entorno, esta cifra ascendería a los 44,64 millones, 24,93 de los cuales serían aportados por el sector público. Hay un margen de mejora enorme y, según Cedro, la administración terminaría recuperando el 80 por ciento de lo gastado. «Esta situación se está produciendo ya desde hace muchísimos años y está derivando en una situación de precariedad del sector editorial», alerta Corrales. ¿Contempla Cedro denunciar a quienes sigan sin darse por aludidos? «Nosotros intentamos convencer y formar, pero tenemos la responsabilidad de acudir a todas vías. Si no tenemos respuesta, la junta directiva tendrá que decidir».

«Esta situación se produce ya desde hace muchísimos años y está derivando en una situación de precariedad del sector»