La muerte de la seguridad jurídica
Una de las cosas que dejó mal solucionada la Constitución es la organización territorial y competencial del Estado, la configuración de la España de las autonomías. Antes de que mejoren mi localidad en el espacio de la ‘fachosfera’, diré que no propongo acabar con ellas.
Solo propongo acabar con el lío alrededor de ellas. Y no me refiero a la proliferación de autoridades, al lío de las competencias y al despilfarro por duplicidades. Eso es caro e ineficaz, es molesto y distorsionador, pero si queremos darnos el capricho, ¿Qué hay de malo en ello?
El mapa de los competentes es tupido. Si tiene usted la suerte de vivir en Bilbao tendrá que sostener a un alcalde y a 27 concejales en el ayuntamiento; a una diputada general y a nueve diputados forales en la Diputación; a 51 junteros en la Juntas Generales; a un lehendakari y once consejeros en el Gobierno vasco; a 350 diputados en el Congreso; a 266 senadores en el Senado; a un presidente y 22 ministros en el Gobierno; a 27 comisarios y a 705 europarlamentarios en las instituciones europeas.
Si no tiene tanta suerte, no se alegre, la cosa será parecida, o peor, en su municipio. Es caro, pero fomenta el empleo. ¿Es capaz de imaginar la pléyade de chóferes, secretario/as, adjunto/as, asesore/as que implica el reparto? Es caro, pero no es lo peor.
Lo peor es que cada esfera administrativa crea a su alrededor su propio espacio, y el espíritu de supervivencia administrativa, que es una de las leyes de la naturaleza, comienza su trabajo. Un trabajo que, como definió Groucho Marx, consiste en inmiscuirse en nuestras vidas, identificar problemas inexistentes, crear comisiones para hacer diagnósticos falsos, dar soluciones incorrectas y crear gabinetes tan nutridos como inútiles para convencernos de que no tienen la culpa de nada.
La CEOE cuenta las páginas de boletines con que nos abruman cada año y la cifra fue de 1.329.865 páginas en 2022. Puestas una encima de otra se elevan 135 metros y una al lado de la otra cubrirían el trayecto Bilbao-Madrid. ¿Le extraña que la seguridad jurídica sea un obstáculo a la inversión? El Constitucional define la seguridad jurídica como ‘la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad e interdicción de la arbitrariedad’. ¿Conoce a alguien que sea capaz de analizar 1.329.865 páginas al año? No conoce, no, no lo hay.