La ‘sombra’ de Ábalos, detenido por corrupción con mascarillas del Covid
▶La trama de Koldo García, consejero de Renfe con el socialista en Fomento, obtuvo 15 millones en comisiones ▶La investigación se activó por una denuncia del PP de Madrid en pleno acoso al hermano de Ayuso
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el martes en Alicante a Koldo García, que fue escolta y luego consejero de Renfe y asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos –ahora diputado del PSOE– en una operación bautizada como Delorme y en la que también han sido detenidos su mujer, su hermano y otras 18 personas en ocho provincias. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública. Todo, en el contexto de una causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional tras una querella de Anticorrupción por contratos de compra de mascarillas en abril de 2020, en lo peor de la pandemia de coronavirus. Koldo, como se le conocía en medios políticos y periodísticos, sería el conseguidor de contratos públicos, una actividad que habría generado 9,5 millones de euros en comisiones. Fuentes de la investigación elevan la cifra hasta 15 millones en total y señalan que habría utilizado una sociedad, Deluxe Fortune, para canalizar los pagos.
El origen está en una denuncia que presentó en marzo de 2022 el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, en plena tormenta por una compra de mascarillas en la que había participado un hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Aquello quedó esclarecido sin responsabilidades penales, pero la iniciativa de los populares, que afectaba a 362 millones de euros en compras de material sanitario, siguió adelante. Unos contratos se descartaron por falta de indicios, pero otros no: los realizados por procedimiento de urgencia, negociado y sin publicidad (adjudicación directa) desde el departamento que dirigía Ábalos por la entidad Puertos del Estado (24 millones en mascarillas) y Adif (12,5). Había en la denuncia uno más: 3,5 millones de euros por cuenta del Ministerio del Interior con la misma adjudicataria.
Se trata de una empresa de Zaragoza denominada Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L., cuyo objeto social nada tiene que ver con material sanitario. En 2019 ingresó cero euros y en el ejercicio siguiente casi 53 millones. El grueso, procedentes de contratos con administraciones socialistas, como el Ministerio de Transportes, pero también con los gobiernos de Baleares y Canarias, donde el martes también se produjeron detenciones y registros.
Armengol y Torres
En concreto, estando la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, al frente del Ejecutivo balear, compró material sanitario por importe de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L. Mientras, siendo el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, la adjudicación directa lo fue por importe de 4,7 millones. Cabe recordar que quien fue director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, fue cesado en 2022 tras ser imputado por un pelotazo con mascarillas y sigue investigado en un juzgado local, aunque la adjudicataria es otra. Su nombre suena también en el caso Mediador.
Entre los investigados está el administrador único de esta empresa, si bien no es el perfil que más sobresalía en la denuncia. Para los populares, la clave estaba en otro de los detenidos ayer y antes de ayer: el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. La vinculación que señalaban es triple. Por un lado, este empresario aparecía en el grupo que figuraba con Ábalos cuando, siendo ministro, visitó a un senador en México. La reseña del Senado mexicano le acreditaba como cónsul honorario de España, pero no lo es, ni ahora ni antes. Por otra parte, es el titular de un fondo de inversión que a su vez titulariza una empresa que participa de la adjudicataria de aquellos contratos de mascarillas. Por último, su hermano, Rubén, formó parte del equipo de escoltas de José Luis Ábalos, igual que Koldo García, que pasó de prestar servicios de seguridad a ser asesor del ministro y luego, por su designación directa, miembro del Consejo de Administración de Renfe Mercancías. Presumen los denunciantes que fue así como se crearon las relaciones.
Incremento patrimonial
La investigación que abrió Anticorrupción a partir de todos estos indicios se convirtió en una querella en la Audiencia Nacional a finales del año pasado, fruto además de un análisis patrimonial exhaustivo sobre Koldo García que
acabó apuntalando la sospecha de que ha estado manejando fuentes de ingresos más allá de las ganancias que declaraba. Esta semana cristalizaba la operación policial por la que fueron 20 los detenidos, en una causa que se sigue bajo secreto de sumario y que ha acabado salpicando a más nombres de los que recogía la denuncia del PP, como la mujer del propio Koldo García, detenida y en libertad en espera de ser citada ante el juez. Patricia Úriz, que llegó a tener cargo en la Ejecutiva del PSOE de Navarra, fue contratada para trabajar como ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes en 2020, época de las adjudicaciones bajo sospecha. Su cuñado, Joseba García, pasará a disposición del juez previsiblemente hoy, igual que el exasesor del ministro y otras cuatro personas, de acuerdo con las fuentes consultadas por ABC.
Entre los detenidos estaría además un empresario murciano que es el propietario de la nave que hace las veces de depósito judicial para los narcos.
Ábalos, «estupefacto»
Ayer, mientras en dependencias de la UCO se tomaba declaración a distintos cargos de Puertos del Estado y Adif sobre los contratos y sus agentes recababan documentación de estos organismo, Ábalos respondió sobre este asunto en los pasillos del Congreso y en el programa de televisión ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), del que es colaborador. «Me he quedado estupefacto con esto», declaró