Hacienda le pelea 995 millones al Santander por ‘interés general’
Apela al coste para sus arcas para recurrir unos créditos fiscales reconocidos al banco
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido recurrir a un procedimiento tributario especial rara vez utilizado para tratar de reintegrar a las arcas públicas 995 millones de euros en créditos fiscales que el Banco Santander se apuntó en 2018 por las pérdidas asumidas por la absorción del Popular y cuyo destino el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) –dependiente de Hacienda– ratificó hace unos meses, reconociendo el derecho del banco a convertir esos derechos fiscales en euros contantes y sonantes en su caja.
Así se revela en el último informe anual del Santander, correspondiente a 2023, en el que se precisa que Hacienda ha impugnado ante la Audiencia Nacional la resolución favorable al banco del TEAC por considerarla lesiva para los intereses públicos.
La singularidad de la maniobra reside en que Hacienda cuestiona el derecho del Santander a aplicarse esos créditos fiscales pese a que el banco cuenta con una resolución del TEAC favorable a sus intereses y en que considera que su reconocimiento supone un daño de tal calibre para las arcas públicas que le faculta para invocar el procedimiento extraordinario de la ‘declaración de lesividad’, en virtud de la cual el Estado puede invocar la anulación de un acto administrativo favorable a un contribuyente cuando este implique un daño sustancial para el sector público.
El daño para las arcas públicas se produjo en realidad en el año 2018, que fue cuando el Santander solicitó el reconocimiento de esos créditos fiscales, impugnados luego por Hacienda ante el TEAC, y cuando el Estado se vio obligado a imputar esos 995 millones de euros al saldo presupuestario del ejercicio, según reconocían ayer fuentes del Ministerio de Hacienda.
Una reforma para impedirlo
El asunto tiene su historia. La operación de absorción del Popular ya había generado 400 millones de euros en crédito fiscales en el ejercicio de 2017. La magnitud de la operación inquietó en el Ministerio de Hacienda que, avisado de que el Santander podría imputarse otra remesa de pérdidas por la operación en 2018, respaldó una iniciativa del grupo parlamentario de Ciudadanos para reformar del artículo 131 de la ley del Impuesto de Sociedades, que básicamente facultó a la Agencia Tributaria para «comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de la conversión de activos por impuesto diferido en crédito fiscal exigible ante la Administración, en particular las pérdidas contables», que hasta entonces las empresas podían imputarse de forma automática según su resultado contable.
Según Francisco de la Torre, entonces diputado de Ciudadanos y promotor de la iniciativa, que fue incorporada al proyecto de Presupuestos de 2018 por unanimidad en la comisión de Presupuestos, se trataba de asegurar que «Hacienda tuviera la capacidad de verificar las pérdidas de las empresas y comprobar las devoluciones fiscales de mayor importe, que afectan a todos los ciudadanos y afectan al déficit público». Semanas después de su entrada en vigor, un equipo de la Agencia Tributaria empezó a analizar las cuentas del Santander al objeto de verificar la correspondencia del saldo contable con los créditos fiscales por valor de 995 millones de euros solicitados con cargo al ejercicio de 2018.
Las discrepancias puestas de manifiesto en esa comprobación desembocaron en el expediente ante el TEAC, que el tribunal cerró en 2023 dando la razón al Santander, según figura en el informe anual de la entidad.
Fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria califican de «insólita» la maniobra de la ministra de Hacienda de pelear por esos 995 millones de euros tras una resolución contraria a sus intereses por parte del TEAC, un órgano cuyo criterio acostumbra a respetarse. En su informe anual, el Santander explica que de prosperar la revisión exigida por la ministra de Hacienda esta no tendría impacto en los resultados del banco, ya que este se limitaría a los intereses de demora, y volvería a acreditar los créditos fiscales. Para Hacienda, por el contrario, supondría una inyección de 995 millones para bajar el déficit.
Ciudadanos impulsó en 2019 un cambio legal para que Hacienda pudiera verificar la imputación de créditos fiscales