Las elecciones a la RFEF regresan al limbo
Puede que Carlos Herrera, el primer candidato oficial a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), tenga más tiempo del previsto para preparar su programa de gobierno. En otro giro narrativo del embrollo jurídico-administrativo que suele envolver a la RFEF, las elecciones previstas para el próximo 24 de mayo están ahora en el limbo. Esta vez el motivo afecta a Pedro Rocha, presidente interino (por designación de Luis Rubiales) desde que la FIFA lo destituyó en septiembre. El dirigente extremeño, de acuerdo con el artículo 31.8 de los estatutos federativos, no está facultado para convocar la consulta; debería haber organizado, primero, elecciones a una junta directiva provisional (que después convocaría elecciones a la asamblea y presidencia).
Cinco meses después de llegar al cargo, el propio Rocha ha pedido ayuda por carta al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que resuelva el «vacío legal» existente y le diga si puede o no organizar las elecciones previstas inicialmente para el 24 de mayo. El lío es notable, dado que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) había declarado que la gestora existente debe, en efecto, convocar las elecciones anticipadas. Ahora podría cambiar de opinión: tras una demanda interpuesta por Miguel Galán sobre esta falta de legitimación de Rocha, un juez del Contencioso-Administrativo ha pedido al Gobierno y al TAD que aclaren el panorama: ¿puede la RFEF saltarse sus estatutos y celebrar elecciones antes de la Eurocopa? Ayer la comisión delegada de la RFEF aprobó finalmente por mayoría (y no sin tensiones internas) el nuevo reglamento electoral de la Federación, actualizado a la nueva orden ministerial sobre elecciones federativas que publicó el CSD recientemente (este era un documento muy esperado, pero no ha producido grandes cambios en el reparto de poder de un ecosistema profundamente clientelar). Es la comisión directiva del propio CSD quien debe aprobar definitivamente el reglamento en el plazo de un mes para que se desbloquee la situación; para ello, necesita un informe favorable previo del TAD. La RFEF ha solicitado al Consejo Superior de Deportes la reducción del mismo a 15 días, para «elegir a los órganos de gobierno de la RFEF para el ciclo 2024-2028 lo antes posible».
La Federación asegura que Rocha fundamentó su proceder en dos informes de sus máximos expertos, el ex secretario general Andreu Camps y su ‘cerebro’ jurídico, Tomás González Cueto, que le permitían optar por la vía rápida y sortear el primer paso estatutario. Contaba
además con el apoyo explícito del expresidente del CSD, Víctor Francos, para convocar las elecciones en el primer cuatrimestre de 2024. Pero el pasado día 5, como informó ‘Iusport’, la RFEF envió una carta al CSD consultándole si pueden saltarse efectivamente esa limitación, al haber una «laguna jurídica», «o si existe alguna otra solución…»
La pelota, como tantas otras veces, vuelve a estar en las manos del Tribunal Administrativo del Deporte: un estancamiento que recuerda a épocas pasadas y retrase quizá meses unas elecciones particularmente relevantes; son las primeras después del bochorno de Rubiales, con unos Juegos Olímpicos y una Eurocopa a la vista, y cuando España debe preparar desde ya el Mundial 2030. Salvador Gomar, presidente territorial valenciano y casi seguro candidato a la presidencia, ha solicitado al CSD que obligue a cumplir la «legalidad vigente», no autorice las elecciones adelantadas y «depure responsabilidades», además de acusar a la gestora actual de obrar deliberadamente. El berenjenal federativo en todo su esplendor.