El presidente Arévalo tendrá que convivir con la fiscal que le persigue
▶ Consuelo Porras, que rechazó renunciar a su cargo, intentó evitar que asumiera el poder en Guatemala
Guatemala tiene ante sí un futuro lleno de esperanza, pero también de dificultades, que deberá gestionar su nuevo presidente, Bernardo Arévalo, quien cerró la semana pasada en Madrid su primer viaje oficial por Europa, que le llevó a Bruselas, Berlín, París y Ginebra. En todas estas ciudades, el mandatario fue acogido con entusiasmo tras el largo calvario que sufrió después de ganar las elecciones en Guatemala ante los intentos del Ministerio Público por descarrilar su asunción como presidente el 14 de enero.
Con la llegada de Arévalo al poder se abre una etapa en la que su Gobierno tiene como principales desafíos luchar contra la corrupción –imbricada en las instituciones públicas–, la inseguridad –por el narcotráfico y las extorsiones de organizaciones criminales–, así como devolver un clima democrático al país centroamericano.
Entre estos desafíos también se encuentra el de gobernar y «convivir» con la fiscal general, Consuelo Porras, nombrada por el Ejecutivo anterior, liderado por Alejandro Giammattei, y que, tras negarse a renunciar a su cargo, como le pidió Arévalo tras ganar las elecciones, tiene mandato hasta el año 2026. Porras, sancionada por varios países por «graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos» y «actos de corrupción significativa», se convirtió en el instrumento del anterior presidente para silenciar a aquellos –fiscales, activistas, periodistas– que denunciaban actos de corrupción vinculados con ese Gobierno.
También se ocupó de obstaculizar, una y otra vez, el camino de Arévalo y de su partido, Movimiento Semilla, para llegar al poder. Detrás de ella estaría una élite, «un grupo criminal, atrincherado en las instituciones públicas», que habría intentado dar un «golpe de Estado en cámara lenta», señaló el pasado viernes el presidente guatemalteco durante un acto organizado por la agencia Efe en la Casa de América. «Los golpes de Estado en el siglo XXI los hacen abogados, jueces y diputados a través de la judicialización de la política y la persecución espuria. La utilización de la Justicia y de sus instituciones para subvertir el orden democrático. Y eso es lo que estaba pasando en mi país», subrayó el líder socialdemócrata.
La vigilancia y las advertencias de la comunidad internacional para que se produjera una transición democrática en Guatemala lograron, sin embargo, aplacar la hostilidad, permitiendo la llegada de un nuevo Gobierno, aunque los enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y el Judicial persisten.
«El papel de la fiscal ha quedado claro nacional e internacionalmente –ha sido proscrita y sancionada por la UE, EE.UU. y Canadá–. Es una persona que ha servido de instrumento a estas élites para conducir este intento de subvertir el orden electoral por medio de una judicialización espuria».
Blindada por una ley
Los desencuentros entre Porras y Arévalo ha sido numerosos durante los últimos meses. La fiscal general se ha negado públicamente a renunciar a su cargo –como le pidió Arévalo tras ganar las elecciones–, y es por ello que mientras se estudian qué medidas legales seguir, el presidente y su equipo no tienen más alternativa que convivir con ella de momento. «El presidente de la República no puede remover al fiscal general gracias a una reforma aprobada hace cinco años, y eso obliga a una convivencia entre la fiscal general, que gestó aquello, y el Ejecutivo actual», explicó Arévalo.
Dicha ley nació con el objetivo de blindar a los fiscales generales que investigaban actos de corrupción contra el Gobierno en ejercicio: «En aquel momento había el temor de que los esfuerzos de la fiscal general fueran obstaculizados. Se fomentó una reforma de una ley que regula al Ministerio Público y se blindó al fiscal ante una remoción directa, salvo casos extremos. Entonces nadie podía prever una inversión dentro del juego político y que posteriormente iba a haber un Ejecutivo luchando por la transparencia contra la corrupción y que lo que iba a quedar en el Ministerio Público han sido los baluartes de ese sistema de corrupción», lamentó el mandatario.
Sobre las posibilidades de desalojar de su puesto a Porras, Arévalo señaló que su Gobierno «está viendo y analizando cuáles son los mecanismos legales que nos permitirían resolver esta situación», aunque en la actualidad no hay nada concreto. «No puedo decir si tiene el tiempo contado o no, no está en mis manos tomar una decisión, será por conductos legales, y corresponderá a las Cortes definir hasta cuándo puede quedarse. Nosotros no estamos satisfechos con su permanencia».
Lo que sí parece claro es que este Ministerio Público no va a tener un papel activo en una de las iniciativas estrella del Gobierno de Arévalo, la nueva Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), que lidera Santiago Palomo, quien hace unos días rechazó la invitación de Porras para reunirse. «El Gobierno tiene la voluntad de trabajar con todos aquellos actores comprometidos en la lucha contra la corrupción, y ese compromiso no lo vemos en el Ministerio Público», argumentó Palomo en un vídeo colgado en X.
El pulso entre Arévalo y Porras se ha escenificado también en la situación de las personas encarceladas por el Ministerio Público tras denunciar casos de corrupción durante la anterior Administración. Uno de ellos es el del periodista y fundador de ‘ElPeriódico’, José Rubén Zamora, condenado en 2023 a seis años de cárcel por un delito de lavado de dinero, juicio que la Corte de Justicia ordenó el pasado mes de octubre repetir, anulando la condena. En relación a una segunda acusación, por obstrucción a la justicia, la semana pasada estaba prevista una audiencia, para determinar si se realizaba un segundo juicio, que fue anulada.
«El Ejecutivo no puede intervenir en el sistema judicial, y en consecuencia no depende de nosotros el que las causas puedan terminarse. No podemos dar una orden. Pero tenemos claro que en todos aquellos casos en los que el Ejecutivo ha sido parte de la acusación estaremos estudiándolos para ver cómo tratar de establecer claramente las cosas. Y en el ínterin, estamos asegurando que [los presos] no estén sujetos a abusos en el marco de su detención». Algo que ya ha hecho con Rubén Zamora, quien vivía en condiciones «casi de tortura».
«El Gobierno está viendo y analizando cuáles son los mecanismos legales que nos permitirían resolver esta situación», dijo Arévalo