Sumar pincha en su intento de reabrir la polémica de la Mezquita
Pregunta al Gobierno por la inmatriculación, y éste ratifica su constitucionalidad; pero abre la vía de las nuevas leyes patrimoniales
La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve al primer plano político en una especie de polémica recurrente y ‘guadianesca’. Hace tres años se produjo el último hito sobre la controversia que la izquierda agitó lustros atrás acerca de la propiedad del bien declarado Patrimonio de la Humanidad hace ahora 40 años. Fue el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez difundió un informe extenso sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España entre los años 1998 y 2015. Un total de 34.961 bienes de los que apenas un millar tenía cierto carácter irregular, según la propia Iglesia Católica.
La nueva configuración del Gobierno central, con Sumar otra vez como socio de gobierno de Sánchez (en aquel momento del informe registral también lo era), trae la variante de disponer de una cartera como Cultura y abre expectativas a quienes no cejan en un empeño de revertir una situación histórica y jurídico-legal con la que se ha ido chocando con un muro todo este tiempo. Todas las instancias públicas y judiciales, así como una larga lista de historiadores y profesionales del Derecho han apuntado siempre en la misma dirección: no hay duda de la titularidad eclesiástica.
Aún así, en el nuevo escenario político, Sumar tiene claro que lo va a volver a intentar. De hecho, dos diputados de la formación en el Congreso (uno de ellos Enrique Santiago, elegido
por Córdoba) acaban de interpelar al Ejecutivo sobre la situación de la Mezquita-Catedral y ya apuntan alguna variable que con el paso del tiempo puede ser terreno movedizo para sus pretensiones. Aún así, en esta primera intentona se ha topado de nuevo con un ‘portazo’ del Gobierno en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso ABC.
Pese a que en aquel informe de 2021 no aparece el caso de la Mezquita-Catedral, inmatriculada en 2006, los dos diputados se amparan en otro del secretario general del Pleno y el de la comisión de expertos de Isabel Ambrosio y Federico Mayor Zaragoza (criticado por decenas de historiadores de toda España en su momento) para reclamarle al Gobierno que actúe para «devolver al dominio público el monumento» y recuerda en su escrito que ya el Ejecutivo de socialistas y podemitas entonces «comunicó estar estudiando un régimen específico para la gestión del monumento que se iba a concertar entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y el Ayuntamiento de Córdoba». En la misma línea carga contra la Junta de Andalucía al acusarla de «no estar velando por los valores» de excepcionalidad que otorgó la Unesco a la Mezquita de Córdoba.
Antes de lanzar una batería de preguntas, los cargos de Sumar insisten en que el artículo de la Ley Hipotecaria por el que se inmatriculó el conjunto monumental cordobés (206) es inconstitucional. Además, le insta a que revise las inmatriculaciones realizadas entre 1945 y 1998.
Al respecto, el Ejecutivo responde que la única obligación que tenía para recopilar esos datos registrales venía de una proposición no de ley aprobada donde se refería el espacio temporal de 1998 a 2015, no de la etapa franquista. A continuación insiste en que «ni el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de al Ley Hipotecaria sobre la inmatriculación de bienes mediante certificación eclesiástica, ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas donde se aplicó dicha norma». Por ello, prosigue la respuesta, se dio paso a una nueva ley en 2015 que derogó esa norma por la que el obispo Juan José Asenjo entonces sí pudo inmatricularla.
La ficha de Urtasun
Aún así, los diputados de Sumar entreabren una ventana que está todavía cerrada y que, en esta ocasión está en sus propias manos. O las del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Por ello lanzan la pregunta sobre las previsiones del Gobierno para «aprobar la modificación de la Ley de Patrimonio que incluye especial protección y gestión a la categoría de Bien de Interés Cultural Mundial, como es el caso de la Mezquita...». Y, a renglón seguido, qué medidas legislativas y ejecutivas va a disponerse para esa conservación «singular» del monumento. Ninguno de esos aspectos son contestados.
En estos momentos hay abiertas dos modificaciones legislativas claves en la protección de la Mezquita-Catedral: tanto la ley estatal de Patrimonio Histórico como la autonómica. El anteproyecto de la segunda ha concluido hace unos días su exposición pública. Una de las nuevas premisas pivota sobre el aumento de los procedimientos para vigilar la declaración y gestión de estos bienes Patrimonio de la Humanidad. El anteproyecto de la nacional es de 2021 y sigue su trámite. El apartado de los bienes ‘mundiales’ va en la misma línea. La pelota pues está en el tejado del ministro Urtasun (Sumar).