Puente inicia una auditoría interna a la gestión de Ábalos en Transportes
▶ Armengol se declara «indignadísima» y dice que su gobierno balear es víctima
Sólo unos minutos después de que Ábalos compareciese en el Congreso para confirmar su decisión de no abandonar el escaño en pro de defender una inocencia de la que está seguro y para no dar pábulo a la sombra de la corrupción sobre su figura política, el actual ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente, salió al quite para tratar de despejar, o al menos alejar, la sombra de la sospecha que sobrevuela al organismo que dirige por ser el foco de las contrataciones objeto de investigación judicial.
En este punto, Puente asegura que la auditoría que se ha ordenado a los propios funcionarios del ministerio –de los que dice que «no le deben nada a este Gobierno» y que son funcionarios de carrera «inamovibles»– dará resultados clarificadores sobre hasta qué punto se involucró en la trama Koldo el organismo que ahora dirige. «Vamos a indagar por si algo se ha pasado por alto», aseguraba en la comparecencia ante los medios especificando que las indagaciones correrán a cargo de la Inspección General de Servicios del ministerio.
Añadía el ministro en la explicación sobre el objeto de la auditoría que en este momento su organismo sólo tiene constancia de estos dos contratos de entes dependientes y, sobre los conocidos de ADIF y Puertos del Estado, apunta que, a expensas de lo que pueda aflorar el proceso que comienza ahora y del que no se tiene un plazo concreto de conclusión, estas dos operaciones ya fueron observadas y auditadas tanto por la Intervención General del Estado (IGAE) como por parte del Tribunal de Cuentas. «Se compararon 13 millones de mascarillas, de las que 8 millones fueron a parar a Puertos del Estado y 5 millones a ADIF», apuntaba Puente señalando que los precios fijados por unidad fueron entonces de 2,3 y 2,5 euros. «Fueron los precios más bajos que pagó la Administración en ese momento, según el Tribunal de Cuentas», señalaba sobre las primeras informaciones acerca de estos dos contratos en cuestión.
Al ser preguntado por qué confianza tiene ahora en que su examen no tenga un resultado similar a sendos informes de auditorías, Puente asegura que es «evidente» que hoy «miran esto con otros ojos» porque «cuando el Tribunal de Cuentas o la IGAE revisó estos contratos, no estaba buscando una irregularidad de partida, sino que lo que hacía era una prospección de carácter general en relación con los procedimientos y con el adecuado cumplimiento de los contratos». «Ahora, los ojos son otros. Vamos a ver si, a la luz de esos nuevos ojos, observamos alguna circunstancia que no se advirtiera en esas dos auditorías del Tribunal de Cuentas y de la IGAE que examinaron estos contratos», apuntó.
También ayer la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se declaró «indignadísima» por el caso Koldo, celebró que su partido «no se haya puesto de perfil» y presentó al Gobierno balear, que ella misma presidía cuando se produjo la supuesta trama de comisiones ilegales por la compra de mascarillas, como víctima. «Me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas», afirmó a su llegada a la reunión de la Mesa de la Cámara Baja. «Indignadísima estoy, no indignada», aseveró ante los medios. La empresa de Koldo García contrató con varias administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de Baleares, que en aquel momento presidía Armengol, quien se ha desvinculado por completo de la trama y ha presentado a su comunidad autónoma como afectada.
«Lo que me resulta absolutamente indignante es que nosotros seríamos afectados, para nada parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado como es el que vivimos de la pandemia sanitaria», sentenció la anterior presidenta balear. Lo que no hizo fue responder a las preguntas posteriores de la prensa ni posicionarse sobre si Ábalos debía renunciar al acta de diputado, como le exigió Ferraz este lunes y descartó el propio afectado ayer mismo.