«Es ilegal que el profesor no pueda elegir la lengua que usará»
▶ Políticos y docentes cargan contra el plan para catalanizar la universidad
El plan de la Generalitat para impulsar el catalán en la universidad, cuya actualización avanzó ayer este diario, «discrimina a los profesores universitarios que imparten las clases en castellano», frenará la entrada de alumnado y talento extranjero y «atenta contra el derecho reconocido de los profesores a impartir las clases en la lengua que desean». Políticos, docentes y asociaciones en defensa de la neutralidad ideológica en los campus consultados por ABC han reaccionado a la ‘Guía para la elaboración de planes para el incremento de la docencia en catalán en las universidades de Cataluña. Período 2023-2025’, impulsada por la Generalitat y que prevé, entre otras medidas, facilitar la «movilidad», el «acceso a años sabáticos» y la «promoción a una categoría superior» a aquellos docentes que usan la lengua autonómica en sus clases.
El documento, que orientará a las universidades sobre cómo aumentar la presencia de la lengua autonómica en estos espacios, prevé para el curso 2025-2026 el objetivo de que el 80 por ciento de las clases de grado se impartan en catalán, objetivo que la plataforma Universitaris per la Convivència ve «muy lejos de la realidad» y considera «injusto» y «desmesurado». Portavoces de la entidad denuncian que el plan es «incluso ilegal» «porque choca contra el derecho de los profesores a impartir la docencia en la lengua que desean».
«Inventar un problema»
Portavoces de la plataforma apuntan su «sorpresa por la intención del Govern de inventar un problema donde no lo hay», ya que «las quejas por motivos lingüísticos son escasas y la inmensa mayoría de los alumnos dominan las dos lenguas sin problema, del mismo modo que tradicionalmente el profesorado de la universidad catalana se ha expresado, de acuerdo con el derecho que le asiste, libremente o en catalán o en castellano, o en su caso en inglés».
«Nos parece desmesurado e imposible alcanzar el objetivo fijado por el Govern de que el 80 por ciento de las horas impartidas en la universidad sean en catalán. Es injusto y choca con el derecho que asiste a todo el profesorado a impartir las clases en la lengua que elija», apuntan. A su juicio, que se valore como un mérito docente hacer las clases en catalán y que «en particular se favorezca la promoción y la concesión de años sabáticos a los que lo usan nos parece cuanto menos inconveniente, si no incluso ilegal, por menoscabar el derecho de todos los profesores de impartir la docencia en la lengua de su elección».
El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), Álvaro Choi, considera que «el contenido de la guía es inviable y poco inteligente». «Inviable, –añade Choi– porque desconoce la realidad de la universidad catalana. Y poco inteligente porque insiste en la vía de la imposición, que hace antipático el uso de la lengua impuesta». A su entender, el objetivo del plan «es la expulsión del castellano, lograr una universidad sólo en catalán y, marginalmente, en inglés».
En el ámbito político, el plan también ha sido criticado. Manuel Acosta, diputado del grupo parlamentario de Vox en Cataluña advierte a la Generalitat del riesgo de perder con ellas alumnado extranjero, «una de sus tablas de salvación». El diputado recuerda que «Cataluña es la segunda región de España con más alumnos extranjeros de grado, de máster y doctorado». «El Govern podría aprovechar esta coyuntura para asegurar el sostenimiento de la universidad pública» pero, según denuncia, «en lugar de ello impulsa el plan para el catalán». «Por culpa de la ceguera ideológica del Govern y de su sectaria política lingüística, será imposible acometer una auténtica internacionalización», dice.
«Una forma de penalizar»
Anna Grau, portavoz de CS en el Parlament, considera que las medidas impulsadas por el Govern discriminan a los docentes que no usan el catalán. Denuncia, asimismo, la inacción de la Alta Inspección Educativa y la Defensora del Pueblo en Cataluña ante esta situación. «Estamos ante un nuevo caso de discriminación, abuso, y división entre docentes buenos y malos, adictos al régimen o desafectos; todo eso, con la ley en la mano», dice Grau.
Respecto a que impartir docencia en catalán sea un requisito para promocionarse, la portavoz de CS cree que «es una forma de penalizar a los que no lo hagan y de forzar a los docentes a doblegarse a los intereses de la célula activista pancatalanista que está instalada en la Generalitat».
Universitaris per la Convivència: «Llegar al 80% de clases en catalán en dos años es desmesurado y está muy lejos de la realidad»