Urtasun necesita tres meses para desbloquear la Oficina Española de Derechos de Autor
Es la primera medida de peso que el titular de Cultura lleva al Consejo de Ministros
El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, una ley que impulsó el exministro Miquel Iceta y que se quedó en el aire por el adelanto electoral. Se trata de un nuevo organismo que las entidades que se dedican a la gestión de la propiedad intelectual venían reclamando desde hacía tiempo y que el actual ministro, Ernest Urtasun, ha terminado desbloqueando tres meses después de llegar al ministerio. Es la primera ley que lleva al Consejo de Ministros, adelantándose a la del Cine, una prioridad para este equipo. En palabras de Urtasun, la oficina pretende «aumentar de escala» la estructura que se encarga de los derechos de autor, «dotarla de un ente autónomo» y hacer frente así de manera más ágil a los retos cada vez más «complejos del mundo digital».
El texto, para el que el Gobierno ha pedido su tramitación por el procedimiento de urgencia, es el mismo que aprobó Iceta la pasada legislatura, en diciembre de 2022. Está por ver que no haya cambios en el Congreso, debido al nuevo equilibrio de fuerzas y a que el ministerio ha cambiado de color político. De Urtasun muchos recuerdan su postura en materia de derechos de autor mientras fue eurodiputado. El ministro y también portavoz de Sumar, como la izquierda a la que él representa, todos estos años se ha mostrado partidario de lo que llaman «cultura libre», e incluso votó en contra de una directiva que otorgaba a los editores y autores el derecho a ser remunerados por el uso de sus contenidos.
Desde que asumió la cartera, en cambio, su discurso ha cambiado radicalmente. Ayer, dijo que los derechos de autor y la propiedad intelectual «son el principal activo del mundo cultural», con un peso del 3,2% del PIB. «Hoy damos un salto importante para que nuestro país se dote de un organismo fuerte para seguir defendiendo las derechos de autor y la propia intelectual, que es un grandísimo sector, no solo económico, sino cultural, de nuestro país», defendió el titular de Cultura. «Cada vez más la normativa de derechos de autor viene marcada por las negociaciones que se producen tanto a nivel europeo como a nivel internacional».
Esta oficina tendrá rango de dirección general y asumirá las competencias de la actual Subdirección General de Propiedad Intelectual. Su remisión al Congreso coincide con la remodelación de la estructura ministerial anunciada por Urtasun; anunciada pero no aprobada aún. Otros ministerios sí han echado a rodar. Se creará una nueva Dirección General de Derechos Culturales que comandará Jazmín Beirak y se suprimirá la de Industrias Culturales. Carmen Páez pasa a ser la nueva subsecretaria. Estas competencias se trasladarán a un Centro Coordinador de nueva creación tutelado por la Subsecretaría de Cultura.
Contra la piratería
Con la Oficina de Derechos de Autor se pretende dotar de más recursos y agilidad al organismo encargado de luchar contra la piratería y asegurarse de que los creadores (músicos, escritores…) sean compensados de manera adecuada por su trabajo. El ente supervisará a las propias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y liderará la lucha contra la piratería. Según un informe, el lucro cesante para la industria por la piratería ronda los 2.000 millones de euros, una cuarta parte de la facturación de las industrias. Esto supone más de 550 millones en forma de ingresos públicos no percibidos y unos 85.000 puestos de trabajo no creados.
La idea es que esta oficina cuente con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión para «empezar a paliar la posición de debilidad y falta de liderazgo estratégico de España en estas políticas». Urtasun vinculó esta ley, que estaba comprometida por España dentro de las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la adaptación de la regulación europea sobre inteligencia artificial. «Nos va a servir para poder trabajar mejor algunas medidas y para defender los derechos de autor en el marco de la inteligencia artificial».
Urtasun ha optado por aprobar el mismo texto de Iceta para acelerar los plazos. Cualquier cambio en el articulado implicaría redactar un nuevo anteproyecto, lo que retrasaría varios meses su tramitación, porque en estos casos son preceptivos algunos informes y tendría que pasar un periodo de consulta pública. Al ser el mismo proyecto, el Gobierno lo remite directamente a la Cámara Baja. El plazo de tramitación no durará menos de nueve meses, antes de su remisión al Senado para la aprobación definitiva. El Gobierno confía en tenerlo antes de que acabe el año.
«La propiedad intelectual es un grandísimo sector, no solo económico, sino cultural, de nuestro país», defiende el ministro