Montero lanza la Inspección contra las mudanzas ficticias de particulares y empresas
▶Ordena fiscalizar a banca, energéticas y gigantes digitales por sus impuestos específicos, y comprobar que las placas solares bonificadas se han instalado
Hacienda nunca ha mostrado un especial interés por investigar los desplazamientos presuntamente ficticios de contribuyentes de unas comunidades autónomas a otras, básicamente porque resultan intranscendentes para la recaudación del Estado. La llegada de María Jesús Montero – que ya había abierto una línea de inspección tributaria sobre el asunto en su etapa de consejera andaluza de Hacienda– al Ministerio de Hacienda empezó a cambiar ese enfoque y la creciente preocupación de la Generalitat de Cataluña por el impacto sobre sus cuentas del fenómeno ha terminado de convertir un asunto de gestión autonómica en una de las prioridades de los planes de control fiscal de la Agencia Tributaria.
Volverá a serlo en 2024, según se recoge en el Plan de Control Tributario para el ejercicio publicado ayer en el BOE, ya que el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria prevé persistir en las actuaciones coordinadas con las administraciones tributarias autonómicas «tendentes al control y regularización de aquellas conductas de deslocalización interna de contribuyentes con grandes patrimonios, que sitúan ficticiamente su domicilio fiscal en un ámbito de tributación distinto de su domicilio real con la única finalidad de reducir indebidamente la tributación en la imposición directa».
Lo hará, además, en un momento en que algunas administraciones tributarias autonómicas han iniciado un repliegue en esa estrategia de inspección por la falta de resultados tangibles de la misma. Un alto cargo de la anterior administración valenciana, que fue especialmente activa en la investigación y persecución de este tipo de comportamientos, reconocía que el esfuerzo realizado apenas había servido para aflorar un puñado de casos sospechosos y que, en realidad, solo habían podido probar un caso de deslocalización fraudulenta.
La Agencia Tributaria Catalana reforzó esa línea de investigación a partir del año 2018, justo después de la diáspora de contribuyentes que desencadenó la fallida declaración de independencia del 1-0 y los resultados obtenidos están lejos de ser espectaculares: se ha informado de alrededor de una veintena de casos anuales y se han incoado actas que en el mejor de los ejercicios han sumado 30 millones de euros. No hay cifras sobre el resultado final de esas actas, que según los despachos son impugnadas de forma sistemática por los contribuyentes.
Particulares y empresas
La Agencia Tributaria se plantea como objetivo «erradicar estas prácticas perniciosas» y por ello ha decidido mantener estas actuaciones de colaboración en su línea de investigación sobre los altos patrimonios.
También sobre las empresas. La Agencia Tributaria advierte de que este año, con los ecos del debate en torno a las posibles medidas a adoptar desde el Estado para contribuir al retorno a Cataluña de las empresas desplazadas desde el año 2017, entre las líneas prioritarias de sus actuaciones sobre los grupos fiscales (casi siempre grandes empresas) «se analizará el hecho de que la posible ubicación en uno u otro territorio por parte de la entidad representante del grupo pueda condicionar artificialmente el desarrollo de las competencias propias de la Administración tributaria», sin especificar si esa línea se aplicará a nivel interno o externo.
Porque en el caso de los particulares sí precisa que habrá una línea de investigación, en colaboración con otras administraciones tributarias autonómicas, sobre las deslocalizaciones ficticias de particulares dentro del territorio español y otra dirigida a detectar e investigar simulaciones de cambio de residencia fuera de España «especialmente en el caso de personas físicas».
Hacienda comprueba de forma especialmente intensa desde hace cuatro o cinco años a los llamados ultrarricos a la busca de desenmarañar estrategias de elusión o entramados societarios o familiares orientados únicamente a pagar menos impuestos. De cara a 2024, la Inspección de la Agencia Tributaria advierte de que empezará a explotar de forma más sistemática los datos del Consejo General del Notariado, que dispone de información sobre los titulares reales de las sociedades.
Gravámenes y ayudas
Como novedad para este año, la Agencia Tributaria comenzará a comprobar el adecuado cumplimiento por parte de los contribuyentes de las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el Gobierno a través de nuevas figuras como los gravámenes especiales sobre banca y energéticas, el gravamen sobre las grandes fortunas, el impuesto de transacciones financieras y la tasa Google. Banca, energéticas o gigantes digitales, entre otros, estarán por tanto en el punto de mira de hacienda a lo largo de 2024.
Otra línea en la que avanzará la Agencia Tributaria será en la comprobación de algunas de las ayudas fiscales más gravosas que ha gestionado el Gobierno durante los últimos meses. En este sentido, el órgano encargado de hacer cumplir el sistema tributario nacional realizará una campaña de comprobaciones para chequear que las ayudas fiscales recibidas por particulares o empresas para la instalación de placas solares en edificios e industrias se han concretado de manera efectiva.
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