Igualdad propone incorporar la violencia digital al Pacto de Estado
Vox se opone a renovar el acuerdo y se pregunta si hay un negocio montado en torno al maltrato
Rocío Aguirre (Vox) contra Ana Redondo (PSOE) e Irene Montero (Unidas Podemos) contra Carla Toscano (Vox). Poco ha cambiado en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que –al decir del Ministerio de Igualdad– es la política prioritaria de este departamento y a la que se destinan más esfuerzos monetarios y recursos. En total, más de mil millones de euros entre 2017 y 2023 y este año se incrementará en veinte millones más la partida destinada a las comunidades, según anunció ayer la ministra socialista. Pese a ello y al preocupante incremento de 49 a 58 mujeres asesinadas de 2022 a 2023, los cruces políticos con gruesas afirmaciones fueron los protagonistas una vez más del debate parlamentario, precisamente en el estreno en esta comisión tanto de la ministra como de la hermana de Esperanza Aguirre.
Un duro choque en el que los de Abascal reprocharon a todas las fuerzas que dan su ‘sí’ a la renovación del Pacto de Estado que se estén «despilfarrando más de 2.700 millones de euros de todos los españoles» desde la Ley Orgánica de 2004 contra la Violencia de Género y «el resultado sea el repunte de crímenes y de agresiones sexuales». La ministra Redondo reprobó esas acusaciones y sacó a la luz el informe del Ministerio del Interior que «celebra» que en el veinte aniversario de la ley se han atajado en un 20% los asesinatos potenciales cometidos en España.
«Trasvase a la tauromaquia»
Para la diputada Aguirre, el dinero gastado infructuosamente y las 150 entidades beneficiadas en la última legislatura por estas políticas sugieren que puede haber «un negocio político» montado en torno a la violencia machista que lucre a «chiringuitos» en la órbita del Ministerio de Igualdad. La ministra se enervó y reprochó que «los negacionistas no pueden estar sentados en el Parlamento nacional» y que la entrada de Vox en las instituciones solo ha servido para «trasvasar» dinero de las concejalías de Igualdad a la «tauromaquia, lanzando un peligroso mensaje a la ciudadanía».
En un tono algo menos bronco, la ministra instó ayer al partido verde a reflexionar, cambiar su política y reeditar el Pacto de Estado para los próximos cinco años. El Grupo Parlamentario de Vox ya anunció que votará de nuevo en contra de esa renovación. La ministra había comenzado su comparecencia recordando tras un minuto de silencio a las cinco mujeres asesinadas en lo que va de 2024: Ana, Fátima, Rocío, Laila y Cándida, junto a los dos menores de 7 y 10 años asesinados por su padre en Barcelona el día de Reyes para «dañar gravemente a su madre». Esta violencia vicaria se incorporará con nuevas dotaciones de recursos en el Pacto de Estado comprometido por la titular de Igualdad, que como gran novedad planteó incorporar también todas las formas de violencia digital al acuerdo. «Es un fenómeno reciente y por desgracia creciente, nos preocupa especialmente», afirmó Redondo.
A la erradicación conminó al resto de partidos y encontró el respaldo de la diputada popular Beatriz Fanjul, que reprochó que durante la legislatura pasada la exministra Montero articulase comités de crisis tras los repuntes de feminicidios y nunca se publicasen las actas de esas reuniones ni se pusieran a prueba las medidas ideadas en ellos. La transparencia brilló por su ausencia, así como los «60 millones de euros» del Pacto de Estado que la ex secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez ‘Pam’, admitió haber extraviado y desconocer en qué se habían gastado. La ministra de Igualdad sí convino en que hay que someter «cada céntimo» a control.
La mayoría de los reproches dirigidos por el PP a Redondo se produjeron por su línea continuista de leyes tan controvertidas como la del ‘sí es sí’, que la ministra volvió a defender como «una buena ley». Fanjul se rió del «sainete» en que Podemos y PSOE convirtieron la propuesta de incluir la prostitución en dicha norma y las fuertes discrepancias que originó, de modo que finalmente los socialistas aparcaron sus aspiraciones. Éstas se van a retomar –se comprometió Redondo– en los «próximos días» para «castigar al consumidor de prostitución y al proxeneta, así como al arrendador de locales de alterne». «Estoy persuadida de acabar con la prostitución», dijo. También va a presentar «lo antes posible» un anteproyecto de ley de Trata porque «trata y prostitución son caras de la misma moneda».
La dirigente vallisoletana aprovechó su turno para reivindicar que el suyo es un partido que no cree en la prostitución, «que es una forma de violencia», pese a que en todos sus casos de corrupción (’Mediador’, ‘Koldo’ y ‘ERE’) hay altos cargos implicados en lugares con meretrices. «Es totalmente incompatible ser demócrata y querer una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y las niñas sean objetos de consumo», zanjó Redondo.