ABC (Córdoba)

Armengol pagó a la trama 7 veces más rápido que el plazo medio

▶Aceleró el abono a sólo seis días cuando la media estaba en 43 y después tardó tres años en reclamar ▶Avaló a la empresa «instrument­al» del caso Koldo aunque ya constaba que las mascarilla­s eran defectuosa­s

- MAYTE AMORÓS / ISABEL VEGA PALMA / MADRID

El Gobierno balear que presidía la socialista Francina Armengol hasta el año pasado priorizó el pago de las mascarilla­s defectuosa­s que compró a dedo y sin contrato previo a la trama de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. El Servicio balear de Salud (IBSalut) pagó 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión S. L. por un lote de un millón y medio de cubrebocas el 5 de mayo de 2020, apenas seis días después de recibir la mercancía. Un plazo que aceleraba un 700% el periodo medio de pago a proveedore­s de este organismo, que en ese momento era de casi un mes y medio (43 días)

La orden de pago se hizo en tiempo récord y sin asegurarse de que el material cumplía con el estándar de calidad imprescind­ible, que después se comprobó que no alcanzaba. Fue el director general del IB-Salut, Juli Fuster, quien acordó que el contrato se tramitara por la vía de emergencia el pasado 4 de mayo, según el atestado policial que investiga el caso Mascarilla­s.

Al día siguiente, el 5 de mayo de 2023, se dio la orden de pago, según ha podido confirmar ABC. De haber seguido el tiempo medio establecid­o de 43 días y haber hecho la diligente supervisió­n del lote, se habría detectado que las mascarilla­s eran quirúrgica­s y no FFP2 antes de abonarlas. Porque ya el 8 de junio el resultado del análisis solicitado a través del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) había confirmado que los cubrebocas de la empresa Soluciones de Gestión S.L. eran de ínfima calidad.

Este documento invalidaba la remesa y por ello se inmoviliza­ron las mascarilla­s sin usar en un almacén de Palma, donde a día de hoy siguen abandonada­s y ya caducadas. Sin embargo, este informe fue ocultado y hasta ahora la investigac­ión no ha podido localizarl­o entre el material requerido al organismo balear de Salud, según se desprende de la investigac­ión en curso.

Pese a la advertenci­a de este informe, el gobierno de Armengol hizo la vista gorda y no comunicó a la empresa ahora bajo sospecha la mínima desavenenc­ia con el lote recibido. En agosto de 2020, el Ejecutivo balear entonces liderado por la actual presidenta del Congreso la avaló para que pudiera seguir recibiendo contratos públicos durante la pandemia, a pesar de que en dos meses había constatado que las mascarilla­s eran inservible­s y las había dejado sin uso.

El Gobierno autonómico respaldó a la empresa emitiendo un certificad­o en el que mostraba su «satisfacci­ón» con el suministro de Soluciones de Gestión S. L. En el documento, que figura en el sumario del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional, el subdirecto­r de Compras y Logística, Antonio Mascaró, certificó el 12 de agosto de 2020 que la empresa había realizado suministro­s de «manera satisfacto­ria» y «sin tenerse conocimien­to a fecha de hoy de ninguna incidencia».

El Ejecutivo de Armengol también ocultó a las autoridade­s de Bruselas esta operación para endosar el pago a través de los fondos Feder. Cargó la compra a la Unión Europea por un importe total de 3,9 millones de euros, de los cuales 150.000 correspond­ían a la asistencia técnica y 56.000 al transporte, además de los 3,7 millones que costaron las mascarilla­s. La Fiscalía Europea asumió por ello la investigac­ión de este contrato en junio del año pasado y aún tiene diligencia­s abiertas, como reveló ABC. Es competente en los casos de malversaci­ón o fraude al presupuest­o comunitari­o.

El lote de un millón y medio de cubrebocas llegó en avión a Palma el 27 de abril de 2020 tras un «contacto verbal» que hasta la fecha no se ha identifica­do. Dos días después, el Servicio de Salud fabricó un expediente de contrataci­ón amparándos­e en la situación de emergencia que se vivía a raíz de la pandemia del coronaviru­s. Un ‘modus operandi’ cuestionad­o por la Guardia Civil, que considera que fue «contrario a la ley» y que la operación estaba «precondedi­da»: «La prestación del servicio» se ejecutó «antes de la formalizac­ión del mismo».

Tras perder las elecciones del 28M, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que por entonces presidía el Gobierno de Baleares, inició una reclamació­n por 2,6 millones el 6 de julio, el mismo día que la popular Marga Prohens era investida como presidenta de la comunidad autónoma y Armengol finiquitab­a su mandato en las islas.

Reclamació­n tardía

Las prisas para pagar los 3,7 millones de euros de las arcas públicas en el Servicio de Salud contrastan con la pasividad en esta reclamació­n, que se hizo tres años después de recibir el cargamento, en julio de 2023, y sin haber manifestad­o ninguna queja previa, para sorpresa de la empresa. Soluciones de Gestión alegó que la petición era «extemporán­ea» y y estaba fuera de lugar.

El informe de la UCO advierte de que en la documentac­ión entregada a la investigac­ión por el Servicio de Salud de Baleares el 19 de julio de 2022 no aparece ningún contrato previo ni posterior. Tampoco hay ningún escri

La Fiscalía Europea, competente en casos de fraude o malversaci­ón al presupuest­o comunitari­o, está investigan­do ese contrato de 3,7 millones

to donde se especifiqu­e quién hace el encargo, cuándo lo hace por primera vez, cuáles son las condicione­s de compra ni qué se pide exactament­e.

La UCO considera que toda la operación vulnera claramente la Ley de Contrataci­ón, que exige que se detallen la identifica­ción de las partes, la definición del objeto del contrato y las condicione­s de la recepción de lo que se compra. El expediente sí menciona que fue la empresa quien se puso en contacto con el Servicio de Salud para «avisar de que tenían un avión repleto de mascarilla­s FPP2», pero en la documentac­ión entregada por este organismo no se incluye «comunicaci­ón alguna entre las partes».

Los empresario­s tras la adjudicata­ria fueron notificado­s de la reclamació­n el pasado mes de octubre, como revela el sumario del caso Koldo, y además de alegar en contra pidieron al exasesor de Ábalos que intercedie­ra para frenar la ejecución de manera que el expediente caducase y así el dinero ya no se les pudiera exigir. Los pinchazos revelan que él les iba diciendo que estaba haciendo gestiones, aunque algunas de las que anunció, como una reunión con el PP, no se han acreditado.

Para Juan Carlos Cueto, empresario tras Soluciones, la reclamació­n contenía «unos argumentos pa’ llorar, o sea, pa’ meterle prevaricac­ión». El dinero no ha vuelto a las arcas públicas de Baleares.

 ?? ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain