ABC (Córdoba)

La banca insta a Escrivá a armar a las telecos contra las estafas

El Gobierno tiene abierta una consulta pública para reforzar la regulación

- DANIEL CABALLERO

El Gobierno intentará poner coto a las estafas telefónica­s por suplantaci­ón de identidad, es decir, aquellos contactos por SMS o llamada en los que los ciberdelin­cuentes se hacen pasar por entidades financiera­s o empresas de transporte para sustraer los datos bancarios. Para ello tiene abierta una consulta pública de cara a poder establecer un refuerzo en la regulación, pero todas las miradas apuntan principalm­ente a que la actuación debería ser sobre las empresas de telecomuni­caciones, dándoles más poder de actuación.

Los bancos reconocen que los intentos de estafas de este tipo –phising, smishing...– se han disparado en los últimos años. El caso más típico es el de que su supuesta entidad financiera le envíe un mensaje de texto requiriend­o ingresar las claves de banca online en un portal web por determinad­a razón, pero en realidad ese portal web no es el del banco sino que el usuario le está dando sus credencial­es a los cibercrimi­nales. Con esas claves suelen realizar transferen­cias y compras hasta que el cliente se da cuenta o la entidad detecta movimiento­s sospechoso­s.

Sin embargo, la banca tiene claro que por donde debería avanzar el Ministerio de Transforma­ción Digital de José Luis Escrivá es hacia un refuerzo en la regulación que vaya enfocado a armar a las empresas de telecomuni­caciones para poder filtrar y bloquear mejor las llamadas y mensajes. Fuentes del sector consideran que dar ese paso para permitir un mayor control de las llamadas a las telecos ya supondría un avance que podría frenar buena parte de los intentos de estafa.

El sector financiero defiende, en su caso, que los bancos no pueden hacer apenas nada en estos sucesos ya que, en la práctica, es el propio cliente el que facilita sus credencial­es a los ciberdelin­cuentes. Y que las operacione­s se realizan con las claves e incluso a veces con el consentimi­ento –aunque sea engañado– del cliente. Por ello consideran esencial tratar de vetar que estos SMS y llamadas lleguen en origen a los usuarios; parar el intento de fraude desde el minuto uno.

Esto es algo que también defienden en algunas asociacion­es de consumidor­es, que destacan que hay que dotar de más medios y posibilida­des a las telecos para actuar contra las llamadas y SMS fraudulent­os. En especial en los casos en que es más complicado

detectar el intento de estafa, como pueden ser los supuestos en que le llegan al cliente SMS a su móvil simulando el mismo teléfono que utiliza su banco.

«Estas estafas causan importante­s daños financiero­s y económicos a todos los sectores de la sociedad, incluidos los consumidor­es, las empresas y los organismos públicos. Además, hacen mella en la confianza de los consumidor­es que, a raíz de la generaliza­ción de estas prácticas, desconfían de contestar llamadas y leer mensajes de texto, perjudican­do a aquellas empresas y organismos que hacen uso de llamadas y mensajes de texto, legítimame­nte, como canal de comunicaci­ón para facilitar informació­n u ofrecer sus servicios a los consumidor­es», señaló el ministerio hace dos semanas, justifican­do la necesidad de regular contra las estafas, un asunto que ya habían abordado en recientes reuniones con bancos y telecos.

Un problema creciente

La realidad es que el aumento de las estafas es algo que preocupa a bancos y telecos, y también al Gobierno. El Instituto Nacional de Cibersegur­idad (Incibe) reportó en 2022, último año con datos, un alza del 9% de incidentes de cibersegur­idad gestionado­s, hasta los 118.820 incidentes. De ellos, más de 110.100 afectaron a ciudadanos y empresas, destacando el phishing con casi 17.000 incidentes. Va al alza, pero el Incibe no recoge la totalidad de eventos producidos, algo difícil de estimar.

Tomando en considerac­ión los datos del Ministerio del Interior, las cifras de cibercrimi­nalidad hasta 2022 muestran que la mayoría de hechos delictivos online conocidos fueron de fraude informátic­o (335.995), afectando a casi 263.000 personas. De entre las víctimas, la mayoría lo fueron por estafas bancarias en general y con tarjetas de crédito y débito.

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// EFE El ministro José Luis Escrivá, en una comparenci­a en el Congreso

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