El minero que dio los explosivos del 11-M pide la eutanasia
Trashorras reclama la muerte asistida como protesta por «no recibir asistencia médica»
José Emilio Suárez Trashorras, el exminero condenado en la sentencia de los atentados del 11-M por haber sido el facilitador de los explosivos empleados por los terroristas islamistas, solicitó este viernes en prisión acogerse a la ley de eutanasia como protesta por «la falta de tratamiento médico y psicológico» que recibe en el Centro Penitenciario de Asturias, el único de la comunidad, situado en Villabona.
El avilesino de 47 años argumenta en su solicitud para «morir dignamente» dicha falta de asistencia para una enfermedad mental que padece y también su larga pena de prisión, según adelantó ‘El Comercio’.
La sentencia de la Audiencia Nacional
le condenó a más de 34.000 años de cárcel de los que al menos deberá cumplir 40 por actuar como cooperador del atentado.
La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de eutanasia, en vigor desde el 25 de junio de 2021, sólo permite dar la muerte asistida a las personas mayores de edad ‘con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física. Únicamente las personas que se encuentren en esas circunstancias podrán solicitarla a su médico, según recoge la norma.
Veinte años del atentado
La reclamación de Suárez Trashorras, según el citado diario, es «una manera de protestar» porque no recibe «la debida atención médica ni psicológica pese a que padece una enfermedad mental diagnosticada».
Como médico de la prestación, Suárez Trashorras refiere al psiquiatra Julio Bobes, quien le ha atendido en numerosas ocasiones. Desde que entró en la cárcel, la defensa del condenado ha formulado «decenas de instancias solicitando» permisos carcelarios y otros beneficios pero no le han sido concedidos. Algunas de las razones que argumenta Instituciones Penitenciarias para rechazar sus reclamaciones son «la gravedad y repercusión» de los hechos protagonizados por él y la necesidad de evitar la revictimización de las personas dañadas por su actuación delictiva.
Precisamente este año se cumplen 20 años del atentado contra los cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid en el que fallecieron 191 personas y 1.857 resultaron heridas de diversa consideración.
Su papel en la sentencia
El fallo de la Audiencia Nacional, del que fue ponente el magistrado Javier Gómez Bermúdez que presidió el juicio, consideró probado que Suárez Trashorras, entre finales de octubre de 2003 y primeros de enero de 2004, acordó con Jamal Ahmidan, alias ‘el Chino’ –uno de los terroristas que habría organizado el atentado y estuvo entre los suicidas– «el suministro de dinamita procedente de las minas asturianas».
Para concretar la operación, según la sentencia, ambos «mantuvieron al menos dos reuniones en sendas hamburgueserías de Madrid, además de otras en número no determinado en Avilés y numerosos contactos telefónicos. Así, el 28 de octubre de 2003 se reunieron en una hamburguesería del barrio de Carabanchel de Madrid, frente al hospital Gómez Ulla, los procesados José Emilio Suárez Trashorras, Rachid Aglif, Rafa Zouhrier y Jamal Ahmidan».
El fallo de hace ya dos décadas confirmó que «en ejecución de lo acordado, Suárez Trashorras hizo llegar los días 5 y 9 de enero dos cargamentos de explosivos desde Asturias a Madrid mediante emisarios o transportistas».
Interior le ha denegado diversos permisos solicitados por «la gravedad y repercusión» de los hechos
La sentencia confirmó que hizo llegar dos cargamentos desde Asturias a Madrid a través de transportistas