Díaz ha realizado más de 20 cambios laborales por la puerta de atrás
▶España recibió 12.000 millones en fondos europeos por acometer una reforma del mercado de trabajo que la vicepresidenta ha ido desmontando ▶La CEOE enviará una carta al comisario de Economía para denunciar las modificaciones sin diálogo social
España se comprometió con Bruselas a realizar una reforma laboral, y estos cambios se acometieron, recibieron el visto bueno de las autoridades comunitarias y abrieron la puerta a 12.000 millones en fondos europeos. Tras más de un año de negociaciones Yolanda Díaz logró pactar los cambios con empresarios y sindicatos en 2021, un escenario que pocas veces se repetiría después. Desde que esa norma vio la luz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha modificado el marco laboral hasta en 25 ocasiones.
Y esos cambios se han acometido sin pasar por el diálogo social, bien tras pactos con sus socios de Gobierno o bien dando el visto bueno a normas que acometieron los distintos ministerios, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los empresarios, sobre los que recae el mayor peso de estas modificaciones.
La preocupación de la organización empresarial está previsto que se refleje en una queja formal ante Bruselas. Así lo comunicó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a su junta directiva después de analizar la más de una veintena de cambios que la patronal entiende que desvirtúan lo que el Gobierno pactó con las autoridades comunitarias. La intención de la patronal es remitir una carta al comisario de Economía para informar de que la reforma laboral comprometida, y valorada por Bruselas, se ha cambiado por la puerta de atrás en muchas ocasiones y que estas variaciones modifican drásticamente el marco laboral.
El ‘modus operandi’ ha consistido en realizar una lluvia fina de ‘enmiendas’ en el Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’, la ‘ley trans’ o la ley de Familias.
Y todo ello al margen de la negociación con empresarios y sindicatos, como parece ocurrirá con el Estatuto del Becario o con la transposición de directivas como la de condiciones laborales transparentes.
El primero de estos cambios laborales se produjo a los pocos meses de recibir la remesa de fondos europeos, en diciembre de 2022, y fue fruto de un pacto entre el PSOE y Podemos con EH Bildu para permitir a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE. El pacto no implicó recuperar la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma laboral de 2012, pero fue un paso firme en la normativa laboral para recuperar el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisaría las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.
Presiones de los socios
Este acuerdo abrió el melón de los cambios en la regulación del despido que el Ejecutivo no quiso abordar en las negociaciones de la reforma laboral, pese al recorte aplicado en la reforma de 2012 y de las fuertes presiones de Podemos y de los aliados en el Gobierno como EH Bildu o ERC. Se aprovechó la Ley de Empleo para introducir esas modificaciones. La modificación fue sólo la antesala del encarecimiento del despido que está en la agenda de Díaz, y que cuenta con apoyo sindical. El objetivo es una extinción improcedente más cara, una fórmula de ‘despido reparativo’ en función de la situación del afectado.
Tampoco quiso Díaz durante la reforma laboral ceder a la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, una reivindicación histórica del nacionalismo por el blindaje que supone para los convenios vascos, que rechazan tanto empresarios como sindicatos por la pérdida de poder que supone para ambos actores. Pero en diciembre de 2023, la vicepresidenta segunda cedía. El problema es que cuando Podemos tumbó la reforma del paro también dejó en papel mojado esa prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, que terminó siendo una condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Ahora, el PNV de Andoni Ortuzar espera que el Gobierno cuele su exigencia en cualquier norma para evitar verse en un aprieto.
Negociación colectiva
La claudicación ante los nacionalistas modificaba la reforma laboral por la puerta de atrás, y supuso un dardo en la línea de flotación de la negociación colectiva, entrar de lleno en materias que son propias del diálogo entre empresarios y sindicatos, como también ha ocurrido con la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, una materia que el Estatuto sitúa en el terreno de la negociación bipartita.
Pero muchos otros cambios se han emprendido por la puerta de atrás, sin consensuar. Llegaron desde el Ministerio de Igualdad con Irene Montero de ministra y la ley del ‘solo sí es sí’. Esta norma incluyó una batería de derechos para las víctimas de violencia sexual, como la nulidad del despido, relativos a la flexibilidad horaria, funcional y geográfica y también derecho a que las afectadas realicen su trabajo total o parcialmente a distancia, o a dejar de hacerlo si es compatible con el puesto y funciones desarrolladas.
Otra norma que incluyó variaciones laborales fue la ley de Familias, que contiene también una batería de permisos, como el retribuido de cinco días anuales para cuidar familiares en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, o intervención quirúrgica (hasta 2º grado o conviviente); el permiso no retribuido de ocho semanas hasta que el menor de edad cumpla ocho años (que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua), y el permiso retribuido de cuatro días al año para atender a familiares que requieran atención. En su caso, la ley del aborto reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal.
Otra de las normas fue la de Movilidad Sostenible. Esta obliga a las empresas que cuenten con centros de trabajo de más de 500 personas o en las que coincidan 250 por turno a contar con un plan de movilidad y a que se negocie con la representación legal de los
El Gobierno ha quebrado décadas de un ritmo negociador y de consensos que han construido la norma laboral en España
trabajadores o con los sindicatos. Y en el caso de la ley trans las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contar desde este 1 de marzo con un protocolo para la igualdad LGTBI.
Pero hay también otros muchos cambios en normas como el Estatuto del Becario, pendiente de aprobar por el Gobierno (sólo entró en vigor la cotización), al igual que el proyecto de ley que transpone la directiva de condiciones laborales transparentes, que modificaría varios artículos del Estatuto y la Ley sobre Infracciones y Sanciones. En este caso se prevé, por ejemplo, la presunción de contratos fijo y a tiempo completo cuando se incumpla con la obligación de información sobre la duración de la jornada y su distribución.
El escenario ha debilitado el diálogo social, quebrando décadas de un ritmo negociador y de consensos que han construido la norma laboral y el Estado de Bienestar en España. La ruptura de relaciones de la organización empresarial con el Gobierno es clara y los cambios unilaterales son desencuentros que se suman a otros muchos anteriores por una política que se ha cebado con las empresas con subida de costes e impuestos y de una campaña de desprestigio sin precedentes.
En el caso de los sindicatos los roces son de menor intensidad, aunque se han producido, sobre todo cuando se ha puesto en cuestión su fortaleza en los convenios con las cesiones al nacionalismo o cuando no se han negociado leyes como la del desempleo. El disgusto terminó en una reunión con Pedro Sánchez y muchos compromisos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz con los líderes de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo