Miles de afectados por el cártel de coches reclaman 47 millones
13.500 compradores de vehículos entre 2006 y 2013 demandan en los tribunales el sobreprecio pagado
La mayor demanda colectiva contra el cártel de coches llega casi diez años después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionara con 171 millones de euros a 21 empresas por intercambiar «de forma sistemática información confidencial y comercialmente sensible con un gran nivel de detalle», es decir, por realizar prácticas constitutivas de cártel.
En concreto, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Valladolid ha admitido a trámite una demanda de más de 13.000 personas contra esta asociación ilícita que, como concluyó la CNMC en julio de 2015, agrupaba a las principales marcas de fabricantes de coches del mercado español (en conjunto tenían una cuota de mercado del 91%), entre las que estaban Renault, Volvo, Hyundai, Toyota, Nissan, Ford y Volvo.
«Aquí dentro están prácticamente todos los fabricantes de coches en España, excepto los de altísima gama. Son prácticamente todos los utilitarios», cuenta Andoni de la Llosa, especialista en derecho de la competencia y abogado de Redi Abogados. Este despacho ha sido el encargado de representar en esta
demanda colectiva a Cartel Damage Claims (CDC), compañía especializada en análisis, promoción y gestión de este tipo de reclamaciones. En este caso, el papel de CDC comienza cuando los afectados le ceden (en forma de venta) el derecho a reclamar, siendo esta empresa la que se hace cargo de los costes y riesgos asociados al proceso. «La multa de la CNMC va al Estado, no a los compradores. Quien está perjudicado, hasta que no reclame no recupera nada. Y hay 7,9 millones de automóviles vendidos en ese periodo solo en España», cuenta De la Llosa, que recalca: «Este cártel tiene una particularidad, que prácticamente todo el mundo conoce a afectados».
No en vano, el periodo al que la CNMC hace referencia en su sanción es muy amplio; según su investigación, que comenzó dos años antes gracias a la solicitud de clemencia presentada por Seat (que quedó excluida por ello de la multa), los intercambios de información se estructuraron en tres ámbitos o foros de intercambio, si bien todo ello formaba parte de un acuerdo complejo que desarrolló, dependiendo de las empresas, desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013.
En total, la demanda admitida representa a 13.500 personas, propietarias de 14.500 coches, ya que «aparte de personas físicas también hay compañías afectadas», cuenta el abogado. «Pusimos la demanda en Valladolid (en parte por ser la sede de Renault España) hace un mes, ha sido admitida a trámite y ya ha sido notificada a los demandados», apunta De La Llosa. En total se reclaman 47 millones de euros, intereses incluidos.
Para calcular la cuantía «se ha tenido que aportar un informe pericial que trata de estudiar el sector de automoción en España e imaginar cuál hubiera sido el precio si estas empresas hubieran competido entre ellas». En este caso, los peritos estudiaron qué hubiera pasado en un mercado en ausencia de cártel, y determinaron que los compradores pagaron de más algo más del 10% del precio del coche, han estimado los peritos. De ahí los 47 millones. «Nosotros creemos que es un análisis conservador, porque de media el precio lo hinchan un 20%», estima el abogado.
Entre el 20 de abril y el 1 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo dictó 13 sentencias confirmando las multas que impuso la CNMC a varias empresas que participaron en el cártel de los fabricantes de automóviles. Desde entonces, las reclamaciones se han multiplicado; en octubre del año pasado, la OCU presentó también sus primeras demandas colectivas.