La crisis del campo se enquista con otro freno de la Unión Europea
El sector cree que la Ley de Restauración de la Naturaleza afecta a la soberanía alimentaria
Cuando todo parecía encaminado a solucionar la crisis agraria y a ‘aplacar’ las protestas, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando a ‘bombo y platillo’ medidas de flexibilización de la PAC, llega un nuevo revés.
La polémica Ley de Restauración de la Naturaleza dio un paso más y fue aprobada por el Parlamento Europeo. Solo le queda un trámite, para el que no se esperan sorpresas y que confirmará este «golpe» al sector agrario: su ratificación por el Consejo de la UE.
«En medio de la grave crisis que soporta el campo, el Parlamento Europeo ha dado la espalda, una vez más, a los agricultores y ganaderos con la aprobación de esta ley», lamentan desde la organización agraria Asaja, que incide en que «resulta lamentable» ver cómo se sacrifica la soberanía alimentaria y la asequibilidad de los precios «en aras de una agenda ambientalista mal concebida».
Dicha ley, concebida como la primera enfocada a la restauración de los espacios naturales degradados, ha sido rechazada por el sector agrario desde el principio. De hecho, desde el Copa Cogeca, que agrupa a agricultores y cooperativas europeas, han advertido en innumerables ocasiones que supondrá la desaparición de tierras productivas a lo largo de todo el continente.
La normativa amplía las obligaciones de conservación más allá de las zonas Red Natura 2000, y obligará a preparar «al menos» el 20% de los ecosistemas terrestres considerados ‘degradados’ de aquí al 2030, y todos para el año 2050.
Desde Asaja son tajantes, y han avisado de que esta ley amenaza con convertir la agricultura y la ganadería en actividades no rentables en casi el 40 % de la superficie de España, «afectando gravemente la economía rural y la sostenibilidad del sector», y a pesar de cumplir ya numerosas condiciones como las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Castigo a los agricultores
Por su parte, el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, insiste en que la protección al medioambiente no «debe implicar el castigo a los agricultores», como sí hace, insiste, esta normativa.
Cabe recordar que España es uno de los estados europeos que tiene más parte de su territorio amparado por la figura de protección Red Natura 2000, por lo que sería uno de los países más afectados.
Además, desde la organización agraria detallan de que «ni siquiera ha quedado claro» cómo se va a soportar económicamente esta ley. «A pesar de las advertencias, la PAC puede acabar sufragando esta ley, suponiendo una carga adicional inasumible tanto por su insuficiencia como por inadecuado. Es inaceptable que se apruebe una legislación sin considerar sus implicaciones financieras».
Por otro lado, detallan que «la justificación de que serán los planes nacionales los que implementarán la ley» solo traerá más confusión y distorsiones al mercado. «Esto erosiona uno de los principios fundamentales de la UE: el mercado común, donde todos los agricultores deberían tener las mismas oportunidades», lamenta a organización.
El presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, va más allá: la aprobación de esta ley puede enquistar aún más el torrente de protestas y descontento del campo español. «No están entendiendo nada», avisa, en referencia al Gobierno español, y a la propia Comisión
Europea. «Que no hayan rechazado esta normativa que amenaza al tejido agroalimentario ya es motivo suficiente para que sigamos con las protestas», afirma.
De hecho, la paralización de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, de la Estrategia De la Granja a la Mesa y de la Directiva de Usos Industriales fue uno de los compromisos que los agricultores exigieron a la presidenta von der Leyen en las primeras reuniones.
Además, España ha jugado un papel fundamental en el avance de esta normativa: uno de los ponentes de la ley ha sido el socialista César Luena y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha erigido como gran defensora de sus preceptos durante la presidencia española del Consejo.
Con la intención de contentar a los colectivos, la nueva propuesta incluye un ‘freno de emergencia’ que ofrece la posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del reglamento de los ecosistemas agrícolas durante un año, en caso de verse amenaza la seguridad y asequibilidad alimentaria.