La UE empuja a España a elevar el umbral para ser gran empresa
▶Economía inicia el trámite para subir el nivel de facturación que obliga a las sociedades a presentar un informe contable completo, auditar las cuentas o hacer un informe de sostenibilidad
Uno de los diagnósticos compartidos sobre las disfunciones de la economía española apunta a la existencia de un puñado de umbrales regulatorios, que activan obligaciones de carácter fiscal, laboral o burocrático a medida que las empresas ganan tamaño, y que inhiben por su propia existencia su inclinación natural a crecer. Es difícil encontrar un análisis sobre el déficit de productividad de la economía que no cite la escasez de grandes empresas en el tejido productivo como causa y a los umbrales regulatorios como lastre.
La espiral inflacionista ha agravado el panorama. Al inflar vía precios la facturación de las empresas las ha empujado por encima de los umbrales que supuestamente atestiguan su tamaño y activan nuevas obligaciones administrativas. Bruselas detectó las potenciales distorsiones de esta situación, que obligaba a empresas de estructuras reducidas a asumir cargas pensadas para sociedades de mayor tamaño, y aprobó a finales de 2023 una directiva para obligar a los países a elevar los umbrales.
La directiva da hasta el 31 de diciembre de 2024 para adoptar esos nuevos umbrales. Pues bien, el Ministerio de Economía ya ha iniciado el trámite para incorporarlos a la legislación y modificar hasta cuatro normativas nacionales: el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Auditoría de Cuentas y el real decreto que regula el Plan General de Contabilidad.
50 millones para ser grande
Básicamente, la directiva eleva un 25% los niveles de facturación y activos que se tienen en cuenta para clasificar a una sociedad como microempresa, pequeña, mediana o grande dentro de los 27, en línea con el porcentaje en que se estima que se han encarecido los precios en la última década.
Expresado en euros, el umbral de facturación por debajo del cual una sociedad puede ser considerada una microempresa, y beneficiarse de las ventajas de esa condición como eludir la obligación de hacer un informe de sostenibilidad, pasará de 700.000 a 900.000 euros, y el de su balance de 350.000 a 450.000 euros.
Serán consideradas pequeña empresa, y por tanto podrán presentar sus cuentas en formato abreviado, si facturan menos de diez millones de euros (ocho millones, en la actualidad) o si su balance no supera los cinco millones (cuatro millones, hoy); y serán consideradas medianas si facturan menos de 50 millones (ahora 40) y su balance no supera los 25 (ahora 20).
Fuentes de la patronal Cepyme valoran la iniciativa, que a su juicio introduce justicia en un panorama que amenazaba con cargar a miles de empresas de pequeño tamaño con obligaciones administrativas que no tenían hasta ahora sin haber experimentado un incremento objetivo de su tamaño.
Este reajuste solo afronta una parte del problema, el de las nuevas obligaciones administrativas con que se carga a las empresas según van ganando tamaño, pero no ataca la que los expertos señalan como el gran problema: los umbrales fiscales y laborales, que desincentivan a las empresas a ganar tamaño.
Miles de pymes rehúyen la opción de crecer por el llamado síndrome del empleado 50, que de un día para otro les obliga a contratar personas con discapacidad, hacer un plan de igualdad, crear un comité de seguridad y salud laboral o dar cauce a la creación de comités de empresa.
Algo similar sucede cuando las empresas se asoman a la posibilidad de facturar más de uno o de seis millones de euros. En el primer caso se exponen a perder el tipo reducido del 23% en el Impuesto de Sociedades, en el segundo a entrar en el sistema fiscal que les obliga a reportar su facturación diaria casi en tiempo real o a tener que presentar declaraciones de IVA mensuales y no trimestrales.
«Tener un tamaño reducido limita la innovación y la capacidad de atraer talento de las empresas, y está relacionado con la baja productividad y la menor competitividad de las empresas», advierte Raúl Mínguez, jefe del Servicio de Estudios de la Cámara de España. «No solo es un factor relevante para limitar el crecimiento de las empresas, lo es también para analizar el desarrollo de la economía en conjunto», remata.
Con todo, hay inversores que están decididos a desafiar las barreras regulatorias y han visto una oportunidad de negocio donde otros ven un lastre. Es el caso de Nzyme, un fondo de inversión vinculado a la gestora Kibo que ha decidido invertir 200 millones «en pymes españolas rentables, de sectores tradicionales en los que vemos un alto potencial de transformación tecnológica», dicen sus impulsores.