El juez propone juzgar a Ángel Ron y PwC por estafa en la ampliación de capital de 2016
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar al expresidente de Banco Popular Ángel Ron por estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016, en la causa que investiga la caída de la entidad. El magistrado dictó ayer auto de transformación y Ron queda más cerca de sentarse en el banquillo. Junto a él, el juez propone juzgar también a otros doce directivos y a la auditora de las cuentas, PwC. La defensa de Ron recurrirá la decisión.
En lo que respecta al último presidente del banco, Emilio Saracho, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él, así como contra otros 20 investigados. «Toma posesión efectiva el 20 febrero de 2017, no teniendo ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable. Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco», señala el auto, y añade: «No hemos podido constatar que fuera el responsable de las graves filtraciones a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular (BP)».
Este caso se inició en la última parte de 2017, a los pocos meses de la caída del Popular. Fue en junio de aquel año cuando se aplicó el mecanismo de resolución de la Junta Única de Resolución y se adjudicó la entidad a Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro. Durante más de seis años el caso ha permanecido en fase de instrucción y ahora avanza con este auto de transformación, después del cual la Fiscalía y las acusaciones deberán presentar sus escritos de acusación.
Así las cosas, según recoge el magistrado, los inversores acudieron a la citada ampliación de capital «engañados», puesto que los estados financieros de 2015 y de 2016 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio». Asimismo, señala que «dichas cuentas ocultaban un importante déficit de provisiones». El auto hace hincapié en que los responsables de Banco Popular «alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión». Además, señala directamente a la auditora, sobre la que dice que «conoció los déficits ocultos de provisiones, pero no dijo nada»: «Contribuyó la colaboración consciente del auditor externo (PwC), pues no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015 ni en el informe limitado respecto de los estados financieros del primer trimestre de 2016».