Invertir en la mujer, invertir en el futuro
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se hace un llamamiento para destinar más recursos a las políticas con perspectiva de género
La sociedad del cuidado se pone encima de la mesa junto a las necesidades de responder a los problemas de conciliación
Las mujeres que desean ser madres sufren una mayor penalización laboral y social
El departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU realizó un informe en el que se detallan los diferentes objetivos vinculados con la mujer en los que aún es necesario una mayor implicación. Comenzaba dicho informe afirmando que «el mundo debe elaborar y consolidar políticas multisectoriales y sinergéticas en apoyo de las mujeres adultas mayores y su rol como generadoras de ingresos y prestadoras de cuidados, y garantizar su acceso al aprendizaje, la educación y la capacitación permanentes, la protección social, la atención social y sanitaria, incluida la atención, la vivienda y el transporte a largo plazo». Añadía en este mismo texto que «el papel central de las adultas mayores en la prestación de cuidados a las generaciones más jóvenes, esposos, familiares de edad avanzada o con discapacidad merece un mayor reconocimiento y apoyo».
La invisibilidad del trabajo que desarrollan las mujeres fue analizada hace cuatro años en el informe ‘Las Invisibles’, elaborado por la asociación Yo No Renuncio. En el documento se analizó los aspectos que hacen invisibles a las mujeres al convertirse en madres enfocándolo en la esfera laboral, en el hogar y en la sociedad en general. Los datos constataron que la maternidad discrimina laboralmente a la mujer y que la crianza y la educación la sostienen las mujeres sin, prácticamente, corresponsabilidad social y un mal reparto de tareas domésticas con sus parejas. Dos años más tarde, en ‘El Coste de la Conciliación’ se confirmó que son las mujeres las que están asumiendo mayores responsabilidades doméstico-familiares y que, por tanto, son ellas las que pagan el coste más alto para poder conciliar.
Para Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, «la legislación sin perspectiva feminista en materia de conciliación ha provocado que, el trabajo en el hogar no sea merecedor de atención, ya que existe población que de forma voluntaria y altruista llevará a cabo el trabajo sin motivo para la queja. Sin embargo, la insostenible situación ha provocado que soportar el trabajo reproductivo en los hogares acabe con el propio sistema porque cada vez son más las mujeres que se alejan del deseo de tener hijos o hijas por el poco reconocimiento social y económico».
Esta situación resulta mucho más intensa en el entorno de la mujer rural que, además de vivir con unos roles de género muy arraigados en la sociedad y responder a unos estereotipos bien asentados, sufre con la brecha digital, la limitación respecto al acceso a la formación, disponibilidad limitada a determinados servicios de salud y la sobrecarga de trabajo de cuidados. Todo ello está originando lo que se ha venido a llamar el éxodo rural femenino y cuyas consecuencias empiezan a sentirse en este entorno con la despoblación. Paradójicamente, estas zonas rurales tienen una población cada vez más envejecida que progresivamente va necesitando más cuidados.
De ahí que desde la ONU este año se centre en el aspecto económico e insista en que desde las instituciones públicas se realicen presupuestos sensibles al género, que serían aquéllos que tienen en cuenta y analizan las necesidades únicas y diversas de cada persona, lo que se traduciría en lograr una distribución justa de los recursos. De hecho, según estudios recientes, el valor global del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres es el triple del tamaño de la industria tecnológica: casi 11 billones de dólares a nivel mundial. En el caso de nuestro país, el estudio «¿Cuánto cuesta el trabajo doméstico en España?» concluye que el trabajo doméstico-familiar no remunerado supondría el 40,8% del PIB.
El empleo femenino ha alcanzado cuotas récord en los últimos meses, representando el 47,25% del total de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, su presencia no es uniforme en todos los sectores: las mujeres ocupan el 77% de los puestos en sanidad y servicios sociales, pero apenas el 11% en la construcción. Pese al avance del empleo femenino, las diferencias sectoriales persisten y también la disparidad de condiciones entre géneros. El 25,4% de las mujeres asalariadas tienen contratos a tiempo parcial, frente a un 11,6% entre los hombres.
Para esta situación de desequilibrio, la ONU propone «cerrar las brechas existentes en las políticas de cuidados y ampliar los servicios de cuidados mediante trabajo decente» ya que esto podría generar la creación de casi 300 millones de empleos para 2035, lo que contribuiría a reducir las desigualdades de género en el empleo y generaría importantes beneficios sociales y económicos.