A mí que me amnistíen
¿Están Yolanda Díaz, Andoni Ortuzar, Arnaldo Otegi o Ione Belarra blindados frente a cualquier posible castigo judicial solo por ser socios de Pedro Sánchez?
HACE algunas semanas, en Madrid, llegó a la Agencia Tributaria un escrito de un deudor que solicitaba acogerse a la nueva ley de amnistía para no pagar lo que debe. Probablemente, este ciudadano era consciente de que su recurso no iba a tener recorrido porque le faltaban los dos ingredientes fundamentales: ser catalán e independentista. Pero no debió ver escapatoria a su deuda, y debió de pensar que no perdía nada por tomarle el pelo un rato a la Administración. A fin de cuentas si el Gobierno no se toma las leyes en serio, es difícil que lo hagan los ciudadanos.
La cuestión sería un anécdota si no fuera porque Hacienda ha decidido elaborar una contestación estándar con la que rechazar los recursos de quienes aludan a la amnistía para no pagar sus deudas (sin ser independentistas). La Agencia Tributaria debe haber anticipado que recibirá más recursos en este sentido (quizás lo está haciendo ya), y debe considerar que no son tan fáciles de rechazar con éxito jurídico final. Y es que una vez que el Gobierno ha decidido perdonar cualquier acto de protesta con base secesionista, las fórmulas para intentar acogerse a este chollo son tan inagotables como la imaginación y el talento español. Por ejemplo, ¿qué pasa si un deudor argumenta que no pagó sus impuestos para donar ese dinero a Tsunami?, ¿o que lo hizo para costear la colocación de una pancarta con el lema «Cataluña independiente» en su balcón?, ¿o para situar un gran lazo amarillo en el techo de su coche?.
La cuestión puede ser transversal a muchos otros departamentos. A Tráfico, sin ir más lejos, un conductor podría argumentarle que se saltó un semáforo en rojo con el objetivo de sembrar el caos en el tráfico español, o un empleador que no paga sus cuotas a la Seguridad
Social podría decir que lo hace para reclamar que Cataluña tenga un sistema público propio de pensiones. Hace bien el Gobierno en actuar con puño de hierro frente a todos esos pillos que pretenden no pagar lo que deben al Estado, pero ¿qué autoridad moral tiene para exigir a un ciudadano que cumpla con la solidaridad fiscal cuando está premiando a los más insolidarios?
Una de las consecuencias de pagar los siete votos de Junts con una amnistía para independentistas, es crear ciudadanos de primera y segunda en función de quién sea necesario para que Sánchez se mantenga en el poder. Y una vez aceptado ese «o me borras los delitos o te quedas sin legislatura», ¿dónde está el límite? ¿están todos los socios del presidente blindados frente a la Justicia, hagan lo que hagan, mientras Sánchez siga en La Moncloa? ¿Podría Yolanda Díaz exigir una amnistía en el hipotético caso de ser sorprendida en alguna corruptela? ¿O Andoni Ortuzar? ¿O Arnaldo Otegi? ¿O Ione Belarra?
La realidad supera muchas veces a la ficción. Es un hecho. A ningún guionista se le hubiera ocurrido que se pueda atentar contra la Constitución siempre que se haga en catalán, pero una vez establecido este marco parece lógico que cualquiera pueda pensar «a mí que me amnistíen».