La indefinición de la Generalitat amenaza el proyecto millonario de Hard Rock
El complejo de ocio de Tarragona, en manos de los indios seminolas, clave del tramo final de la legislatura catalana
Muy probablemente, ningún miembro de la tribu india de los seminolas, en los Estados Unidos, haya oído hablar nunca de Cataluña, mucho menos de las extrañas vicisitudes políticas y sus consecuencias en el campo económico del llamado ‘posprocés’. Los seminolas estadounidenses, en particular los cerca de 4.000 asentados en el estado de Florida, tienen otras ocupaciones, más felices por así decirlo, que leer sobre política catalana, como decidir en qué gastan los más de 100.000 dólares que cada uno de ellos recibe anualmente en forma de dividendo al ser copropietarios, entre otros negocios, de una de las cadenas de hoteles y casinos más importante del mundo, Hard Rock Café.
Que la Seminole Tribe of Florida –nombre oficial de esta muy rica tribucorporación– sepa nada o poco de Cataluña no implica que sus destinos no estén en parte cruzados. Y es así desde que en 2014, Hard Rock –empresa que adquirieron en 2007 por 965 millones de dólares– puso sus ojos en este rincón de la Península ibérica , donde otro millonario estadounidense del sector del juego y los casinos, en este caso Sheldon Adelson, había intentado promover lo que se conoció como Eurovegas.
Aquella rocambolesca historia –aún se recuerda la sonrojante subasta en 2012 con la que compitieron Cataluña y Madrid por convencer al magnate– no cuajó, pero sí acabó destilando otro proyecto de características similares: levantar un macrocomplejo de ocio y casinos en Tarragona, al lado de Port Aventura. De eso ya hace una década, embarrado en parte el proyecto en las vicisitudes de la política catalana, siendo ahora el elemento determinante para aprobar, o no, los Presupuestos de la Generalitat de 2024.
Se juega a tres bandas
El juego es ahora a tres bandas. A un lado, el PSC ha pactado el apoyo a las cuentas de la Generalitat, donde si bien no hay partida o referencia alguna para el Hard Rock, se sustentan sobre el compromiso del presidente Pere Aragonès de no torpedear el proyecto. En el otro lado se sitúan los comunes, cuyo voto, o al menos abstención, es también necesaria para sacar adelante las cuentas, pero que se oponen de manera frontal al proyecto hasta el punto de haber presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuesto. Para los comunes, y para la muy activa plataforma que se opone al proyecto, el Hard Rock viene a ser la reencarnación de todos los males por su impacto ambiental, más en un contexto de sequía, así como por denostar el modelo turístico que representa. Por contra, otra parte del territorio y amplios sectores empresariales valoran la creación de puestos de trabajo y la inversión, estimada en unos 2.000 millones.
Entre PSC y los comunes, que al menos dejan claro cuál es su modelo, una titubeante Generalitat en manos de Esquerra, instalada en el «sí pero no», y que más bien parece que espera no tener que tomar ninguna decisión. A menos de un año de las elecciones autonómicas, los republicanos, atados de manos en parte por su minoría parlamentaria, parecen alérgicos a tomar decisiones divididos entre su sector más pragmático –que añora arrebatar a Junts la etiqueta de partido amigo de la empresa– y el más a la izquierda y ecologista. Es lo que definió con brillantez el líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, al hablar de «perroflautismo contemplativo», o lo que es lo mismo, la indefinición del Gobierno de Aragonès a la hora de posicionarse sobre el mismo Hard Rock, la ampliación del aeropuerto de El Prat, la autovía B-40 y los parques eólicos y solares.
«Dejarlo morir»
Fuentes empresariales consultadas por este diario cuestionan esta falta de visión estratégica y temen, en el caso concreto del proyecto de Tarragona, que la Generalitat opte por dormir el proyecto en una maraña administrativa y que Hard Rock, es decir, unos seminolas que poco saben de las peculiaridades de la política catalana, acaben, aburridos, perdiendo interés en el proyecto. Todo, para que ERC dimita de su responsabilidad como gobernante y se ahorre tomar decisiones y mojarse en un año electoral.
Eloi Redón, de la plataforma Aturem Hard Rock (Paremos Hard Rock), está a años luz de lo que piden los empresarios, pero sí comparte su diagnóstico. «ERC parece que quiera que muera por sí mismo», explica en declaraciones a ABC, lamentando que el Govern de Pere Aragonès proclame un día que «Hard Rock no responde a su modelo», y al siguiente se pliegue a la exigencias del PSC. La consejera de Economía, Natàlia Mas, confesaba hace pocos días públicamente que creía que el proyecto no saldría adelante, pero no por una decisión política, sino por la retirada de la empresa. El proyecto «no encaja», dice la Generalitat, pero tampoco detiene su tramitación. El «sí, pero no» que le reprochan los empresarios.
Técnicamente, Hard Rock en Tarragona se encuentra en una fase decisiva. En breve se espera el informe ambiental que elabora el departamento de Acción Climática, clave para poder aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) que confecciona otro departamento de la Generalitat, el de Territorio. Es este PDU el que debe definir por ejemplo cómo calzar los 745.000 metros edificables (30.000 para la zona de casino) en las 61 hectáreas que ocupará el complejo tras la sustancial rebaja impuesta, sobre las 101 iniciales, debido a su proximidad a la petroquímica de Tarragona. El compromiso de la Generalitat, una vez se apruebe el PDU, es comprar los terrenos a La Caixa por 120 millones para, a continuación, venderlos a Hard Rock. Diez años después del primer paso, aún se ve lejos la construcción del hotel en forma de guitarra eléctrica que caracteriza estos complejos. Puede que por entonces los muy ricos seminolas se hayan aburrido ya de la política catalana.