Enrevesados ecoesquemas

OMO hemos podido comprobar en las recientes manifestaciones del sector agrario, uno de los temas más criticados es la aplicación de los llamados eco-regímenes o eco-esquemas. Estos se plasman en ayudas directas condicionadas a la aplicación voluntaria de prácticas agrícolas consideradas medioambientalmente compatibles, con el objetivo de reducir el impacto de la actividad agrícola y ganadera en el clima. Por ejemplo, el pastoreo extensivo, mejoras en la gestión de pastos, rotaciones y siembras directas, cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes, etc. Son prácticas agrarias voluntarias y su no aplicación implica acceder a menos ayudas directas, que pueden oscilar entre los 27 y los 157 euros por hectárea.

A pesar de todas las críticas recibidas, el balance final es que en nuestro país se han aplicado eco-esquemas en más del 85% de la superficie sujeta a la PAC, lo que supone cerca de 20 millones de hectáreas. Con respecto a las ayudas directas de la PAC en 2023 se produjo una ligera reducción del 4%, superando las 622.000 solicitudes, de las que tres cuartas partes incluían eco-esquemas.

Andalucía ha sido la segunda región con mayor superficie en la que se han aplicado estas medidas, solo por detrás de Castilla y León. En total 3,8 millones de hectáreas, lo que representa casi el 20% de la superficie nacional. Los eco-esquemas son coherentes con la política de lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad del sector y las propias demandas de los consumidores, cada vez más comprometidos con la producción sostenible. Los agricultores y los ganaderos, lo entienden perfectamente.

Pero hay tres cosas que es importante corregir: la simplificación de los procesos, la coherencia de las medidas aplicables en función del territorio y la tipología de explotación y la mejorar de la regulación y controles para evitar las importaciones que generan agravios comparativos.