Armengol reclamó en un año un fraude diez veces menor al del caso Koldo
▶En 2021, meses después de una compra fallida de 380.000 euros, contrató a un cobrador para localizar a otro deudor ▶Dejó ‘dormir’ el lote de 3,7 millones del asesor de Ábalos, que reclamó tres años después aal perder las elecciones
En abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus, el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol fue estafado por dos empresas que le prometieron material sanitario de alta calidad. Una, vinculada a la trama de Koldo García, le cobró 3,7 millones de euros (más gastos y flete) por 1,4 millones de mascarillas defectuosas que acabaron amontonadas y caducadas. La otra cobró casi 400.000 euros por dos aviones repletos de cubrebocas y equipos de protección que nunca aterrizaron en Palma.
En el primer caso, Armengol ocultó el fraude a la Intervención, Fondos Europeos, el Parlamento balear, Anticorrupción y la Guardia Civil; aseguró a la empresa que la operación había sido «satisfactoria» y dejó caducar el material en un almacén sin mostrar ninguna disconformidad hasta tres años después y tras perder las elecciones. En el segundo caso, pese a suponer un fraude diez veces inferior, tardó menos de un año en reclamar y removió cielo y tierra, contratando incluso un cobrador privado, para tratar de recuperar la inversión.
A principios de abril de 2020, el gobierno de Armengol firmó un contrato con Panaf Holding, un grupo inversor alemán que adquirió en 2020 la división aérea de Thomas Cook Balearics para evitar su quiebra. La aerolínea debía traer mascarillas y material sanitario en dos aviones el 21 de abril desde China a Mallorca, con 50 y 30 toneladas en cada avión.
El precio de cada vuelo era de 350.980 euros, de los cuales el 50 por ciento (175.490 euros) se pagó por adelantado, a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe avanzar el dinero antes de la entrega de la mercancía. Se abonaron también dos depósitos de 40.000 euros que tenían que devolverse una vez finalizado el vuelo, algo que la aerolínea incumplió. En total, Panaf recibió por adelantado 378.940 euros públicos antes de que los aviones salieran de China. Pero cuatro días antes de despegar, el 17 de abril, informó de que no disponía de permisos para pasar las aduanas y solicitó dos semanas para solventar el problema. El Gobierno de Armengol resolvió verbalmente el contrato y decidió operar urgentemente con otra compañía, a la que pagó otros 740.000 euros por transportar la mercancía el 29 de abril.
En las mismas fechas, el ejecutivo de la socialista autorizaba en tiempo exprés un contrato a dedo con Soluciones de Gestión S.L, relacionada con el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos y ahora investigada. El Servicio de Salud pagó en tiempo exprés 3,7 millones por un lote de mascarillas FFP2 que luego resultaron ser defectuosas y nunca se usaron.
Un informe en junio de 2020 confirmó las sospechas al certificar que las mascarillas eran de ínfima calidad, y por lo tanto no servían para proteger a los sanitarios de los contagios, pero el gobierno de Armengol no declaró ninguna disconformidad respecto a este pedido y, dos meses después, en agosto, sabiendo que eran defectuosas, emitió un informe declarándose «satisfecho» con la operación y «sin incidencias».
Dejó pasar la estafa de Koldo
Un año más tarde, en marzo de 2021, el Servicio de Salud empezó a mover las reclamaciones de ese periodo. Sorprendentemente, dejó pasar el fraude de 3,7 millones de euros de las mascarillas de Soluciones de Gestión, a la vez que inició la reclamación contra Panaf por los 378.940 euros adelantados, una décima parte de lo estafado por la empresa del caso Koldo.
El 21 de marzo de 2021, once meses después de los vuelos fallidos, el Gobierno de Armengol ya había elaborado un informe de incumplimiento de contrato contra Panaf y no escatimaba esfuerzos para tratar de localizarla enviando hasta cuatro notificaciones por diferentes vías, mientras dejaba caducar las mascarillas de Soluciones de Gestión y seguía sin reclamar por ellas.
Primer intento: el 23 de marzo de 2021, la administración balear envió un email de reclamación a la dirección de Panaf pero no hubo respuesta. El 4 de mayo, el director general del IB-Salut, Juli Fuster, dictó una resolución de inicio del expediente de reclamación por 378.940 euros. Segundo in
tento: el 15 de mayo se envió una notificación de trámite de audiencia al representante de la empresa en España, que se devolvió como «no entregada». Tercer intento: la reclamación se publicó incluso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de julio de 2021.
El cuarto intento de notificación se hizo a través de ‘Notifica’ en el domicilio de Alemania que figuraba en el expediente, pero la carta llegó rechazada semanas más tarde por ser una «dirección desconocida».
«Un crédito incobrable»
El Gobierno de Armengol estuvo 14 meses intentando localizar a Panaf Holding por activa y por pasiva para notificarle la deuda, aunque sin éxito, pero no tiró la toalla. En mayo de 2022 contrató a un cobrador particular que pediría 14.500 euros al Govern por localizar a la aerolínea morosa, que un año antes ya había quebrado. No se consiguió y el IB-Salut pagó al recaudador el mínimo pactado, 4.000 euros, por los infructuosos servicios prestados. La empresa subcontratada concluyó en su informe que la empresa deudora era insolvente y estaba en estado de liquidación. Por lo tanto, «el crédito reclamado era incobrable o de difícil exigibilidad».
Mientras tanto, el millón y medio de mascarillas fraudulentas de la presunta trama corrupta seguían abandonadas en un almacén de Palma, sin usar y sin hacer tampoco el mínimo movimiento para reclamar por ellas. Y eso pese a que en julio de 2022, la Guardia Civil se presentó en las dependencias del IB-Salut para pedir el expediente de la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión. Ni siquiera entonces, sabiendo el Gobierno de Armengol que esta empresa estaba siendo investigada por corrupción, movió ningún papel para exigir aunque fuera el sobrecoste de 2,6 millones por la diferencia de precio de la mascarilla servida (quirúrgica y no FFP2). Eso sí, endosó el pago a los fondos Feder ocultando que las mascarillas eran de mala calidad.
Poco antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y casi tres años después de la compra de las mascarillas, se despertaron las alarmas en el ejecutivo de la socialista. El 20 de marzo, el director general del IB-Salut, Manuel Palomino, con quien la empresa de la trama se había comunicado a su correo personal para ofrecerle el lote de mascarillas, como reveló ABC, envía un correo electrónico notificando que el material «no cumplía con los requerimientos de FFP2». Avanzó que tomaría las medidas oportunas «con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionada este hecho», sin mencionar reclamación ni importe alguno.
La versión de Armengol
Ya después del batacazo electoral de Armengol en mayo, Salud deja un informe sin ejecutar el último día de legislatura, el 6 de julio de 2023 y con un criterio beneficioso para Soluciones de Gestión SL, ya que exige sólo la diferencia del precio entre la mascarilla FFP2 pedida y la quirúrgica servida. En total, se propone una reclamación de 2,6 millones de euros y no los 3,7 (más gastos casi cuatro) que se han perdido por la falta de uso. El 24 de agosto, el Gobierno del PP presenta la reclamación formal.
Desde su escritorio ahora en el Congreso, Armengol alega que no reclamó antes a Soluciones de Gestión SL, investigada por la Audiencia Nacional, porque su Servicio de Salud estaba «saturado» y por la lentitud de la administración pública, queriendo tapar su pasividad. Pero su propia diligencia con el caso de Panaf Holding constata que la administración sacó tiempo y sí demostró una diligente rapidez en otros casos menos sangrantes para las arcas públicas.
La deuda de Panaf se trasladó a la Abogacía de la Comunidad Autónoma tras agotar todas las vías. La reclamación a la trama de Koldo se empezó el último día de legislatura. Y todavía siguen abiertas.
Francina Armengol
Expresidenta de Baleares
«Tenemos una administración que no es lo rápida y ágil que todos quisiéramos, colapsada porque teníamos los hospitales como los teníamos (...) y con funcionarios haciendo teletrabajo»