Escrivá quiere que su SEPI digital blinde empresas estratégicas
▶Talgo, Logista, Elecnor, Ercros e incluso Grifols, junto a Telefónica, en el punto de mira de inversores extranjeros por su potencial de negocio futuro
Eministro José Luis Escrivá no pierde el tiempo. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid barre para casa. El asunto es que dado el uso excesivo que el Ejecutivo Sánchez está dando a la norma que le permite vetar operaciones –el llamado escudo antiopas, creado de forma temporal en 2020 para impedir o condicionar que, sobre todo, inversores extranjeros compraran empresas españolas estratégicas–, en el Gobierno están valorando alternativas para evitar que se siga cuestionando dicha acción, tanto en el seno de Bruselas como por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o el capital internacional interesado en el mercado español.
Por ello, el ministro de Transformación Digital ha puesto a disposición de la causa su recién aprobada Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), una suerte de SEPI digital, con similitudes operativas con la institución presidida por Belén Gualda. Según ha podido saber ABC, el Gobierno, una vez ponga en marcha en mayo la SETT –dedicada, en principio, a la gestión y coordinación de las inversiones públicas en los ámbitos de innovación y nuevas tecnologías–, tiene la intención de que este nuevo organismo público se convierta en valedor de empresas estratégicas del país, sea entrando en su accionariado, sea a través de ayudas monetizadas a través de préstamos.
«Hay mucha preocupación en el seno del Gobierno sobre la posibilidad de dejar en manos extranjeras –con participaciones significativas o con el cien por cien a través de una opa– importantes empresas estratégicas del país, algunas multinacionales, que en principio no parecen llamadas a recibir ayudas por sus características, como Talgo, Logista, Ercros, Elecnor, e incluso Grifols, visto lo ocurrido con el desembarco de STC en Telefónica», desvelan las fuentes consultadas, pero que dado su peso en el tejido industrial español y su presencia en el exterior, «deben ser protegidas ante posibles operaciones no deseadas e inesperadas, nada amistosas, con ofertas poco adecuadas, que hagan peligrar su estabilidad accionarial, de negocio y su, digamos, españolidad», afirman las mismas fuentes conocedoras de lo tratado en el seno del Gobierno.
Telefónica y Talgo
Y es que la opa del consorcio húngaro Ganz-MaVag (Magyar Vagon) para hacerse con el 100% de Talgo, tanto como lo fue la entrada de la operadora saudí STC en Telefónica con casi el 10% del capital, han sido la gota que ha colmado el vaso y son los dos últimos y mayores movimientos que han hecho al Gobierno sacar a pasear el escudo antiopas. No en vano, el pasado jueves, desde el Ejecutivo, mientras se esperaba el anuncio oficial de la opa del grupo húngaro aseguraba que «el Gobierno trabaja a su vez para garantizar la estabilidad futura de Talgo. Y eso supone estar vigilante ante esta operación y ante los posibles inversores».
Las fuentes explican que el ministro Escrivá, con el fin también de dar contenido a ‘su’ SEPI, le ha trasladado al presidente del Gobierno los beneficios de aprovechar este organismo como plataforma para «apoyar a empresas con actividad en España, cualquiera que sea su tamaño y titularidad del capital, que se comprometan a llevar a cabo proyectos tecnológicos del ámbito digital y de sectores emergentes relacionados con la digitalización mediante la concesión de créditos, la toma de acciones u otras participaciones minoritarias representativas del capital social o la concesión de subvenciones, entre otras formas de apoyo».
Por ello, Escrivá aprovechará además para convencer al resto de miembros del gabinete Sánchez –en el que es sabida las reticencias sobre el nuevo organismo y sus funciones tanto de la vicepresidenta María Jesús Montero como del ministro de Economía, Carlos Cuerpo– de la utilidad de la SETT como nueva SEPI, recordando la opción de poder contar con fondos europeos.
De hecho, tal y como avanzó el ministro tras anunciar la creación del nuevo organismo público el pasado 26 de febrero, reunirá bajo su dirección iniciativas ya existentes como el Perte Chip, dotado con 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica; el fondo NextTech, con 4.000 millones de euros para invertir en empresas con alto componente de innovación tecnológica, y el fondo del ‘hub’ audiovisual, con 1.700 millones de euros para las empresas de este sector. Esto le permitirá disponer de una capacidad inicial de inversión de casi 20.000 millones de euros focalizados en los principales ámbitos de tecnología de vanguardia. Algunas fuentes avisan del difícil encaje de estas grandes empresas como estratégicas dentro del sector de la tecnología para po
der apoyarlas, pero las fuentes consultadas explican que el Gobierno lo buscará dentro del epígrafe de empresas con alto componente de innovación tecnológica sea cual sea el sector en el que operan.
Pero no solo Talgo –amenazada por la opa del consorcio húngaro Ganz-MaVag, sobre la que planea la influencia del Gobierno de dicho país y, por extensión, posibles lazos con Putin– y Telefónica son protagonistas de la influencia gubernamental en la empresa con el escudo antiopas. En el aire está aún la toma del 20% de Naturgy por parte de BlackRock tras haber adquirido el fondo GIP. Fuentes del mercado señalan que el Gobierno busca la manera de forzar a BlackRock a tener que pedir autorización para influir en cómo será su llegada, y apuntan a que podrían imponerles condiciones como en su momento hicieron con la entrada de los australianos de IFM.
Estos son los casos más relevantes a los que podría enfrentarse el Gobierno bajo el escudo antiopas, pero el número de operaciones sobre las que ha actuado es mucho mayor. Solo en 2022 intervino en 83 casos, vetando una operación e imponiendo condiciones en casi una decena. El escudo estará operativo hasta finales de 2024, una vez se amplió por dos años más en 2022.