Los ayuntamientos piden autonomía para fijar sus tasas turísticas
El alcalde de Córdoba ofrece a la Junta pactar un marco básico y que cada ciudad decida
Hay dos formas de implementar en Andalucía una tasa turística. Por un lado, está la creación de una figura tributaria de carácter autonómico que sea de aplicación con carácter general en todo el territorio y cuyos ingresos deban ser gestionados por la comunidad, aunque luego pueda repartir una parte proporcional a los ayuntamientos. Es la propuesta del Proyecto de Ley de Adelante Andalucía que debe aún debatir el Parlamento andaluz y el modelo que rige por ejemplo en Baleares o en Cataluña. Por otro lado, está la posibilidad de diseñar un marco legal que deje autonomía a los ayuntamientos para que sean ellos quienes decidan si aplican la tasa y en qué cuantía estableciendo simplemente un marco legal básico. Es el modelo por ejemplo que intentó implantar la comunidad autónoma valenciana, y que ahora ha sido derogado, y el que ha puesto encima de la mesa el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido.
Pese al rechazo expresado, de nuevo, este lunes por el Gobierno andaluz en torno a la posible implantación de una tasa turística en Andalucía, José María Bellido, consciente de la reclamación existente en los principales destinos turísticos defendió ayer en los desayunos de Europa
Press la posibilidad de buscar un acuerdo entre los municipios y el Gobierno andaluz. Y ese consenso pasa por generar un marco legal que dé autonomía a cada ayuntamiento para tomar sus decisiones. «Debe derivar en que la Junta de Andalucía lo regule de alguna manera y establezca, sin decir si hay que ponerla o no, pero cuáles serían las condiciones para poder establecerla, si alguien la quiere establecer, para que tenga seguridad jurídica, para que tenga legalidad y para que no tenga inconvenientes futuros», describió el alcalde de Córdoba quien se hizo así eco de las mociones aprobadas en los últimos meses por los ayuntamientos de Cádiz y Málaga o las declaraciones públicas de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Él mismo, para su municipio, apuntó que «a medio plazo» sería partidario de implementar la medida. En esta línea Bellido ha mostrado la «disposición» de la FAMP a abrir una vía de diálogo o un grupo de trabajo con la Junta que compatibilice el interés de los municipios que por su situación turística quieren implantar la fiscalidad y la que aquellos que por sus circunstancias no la consideren adecuada.
Se trata, por tanto, del mismo modelo que ha seguido la Junta para la regulación de las viviendas con fines turísticos. No se fija un marco, no se hace una propuesta, pero se permite que cada ayuntamiento decida.