La Audiencia condena por segunda vez a la exalcaldesa de Peñarroya
▶Le impone 5 años y 3 meses de cárcel y 18 años de inhabilitación por varios delitos en la trama del tren turístico ▶C. G., el cabecilla del entramado, es condenado a más de cuatro años de prisión y siete de inhabilitación
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado por segunda vez a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz Fernández, por la trama de los fondos Miner en el Guadiato. En esta ocasión se suma el cabecilla de la causa del ‘Tren Turístico del Guadiato’, C.G., presidente a su vez del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe), quien, según la Fiscalía, ejercía una influencia directa sobre la exregidora.
En una sentencia de 178 folios, a la que ha tenido acceso ABC, el tribunal de la Sección Tercera absuelve a otros tres acusados, especialistas en la rehabilitación de trenes históricos, de los delitos de los que venían acusados, y condena a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo por su participación delictiva en las tres tramas en las que se dividía esta segunda pieza juzgada a finales del pasado año.
Ruiz suma en esta segunda pieza del caso Rocket un total de cinco años y tres meses de cárcel y otras penas que suman más de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Hay que recordar que ya en un anterior fallo reciente sobre la urbanización de un polígono industrial con esos fondos europeos fue condenada a a tres años y seis meses de prisión por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público así como a tres años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación. En su etapa de alcaldesa (20032011) llegó a ser una destacada dirigente orgánica en el PSOE cordobés y regional.
Al detalle, por su gestión sobre el ‘Tren Turístico del Guadiato’, la Audiencia la ha condenado por un delito continuado de prevaricación a cinco años y tres meses de inhabilitación para ejercer cargo de alcaldesa; a un año y seis meses de prisión por un delito de malversación; del delito de fraude de subvenciones a seis meses de prisión y a pagar 45.000 euros de multa, así como un año y seis meses de prisión por el delito de falsedad, que viene acompañado de multa.
Del mismo modo, en relación a su participación delictiva en la compra del ‘Vagón Restaurante’ se le condena por un delito de prevaricación a otros tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público.
En cuanto a las penas impuestas por su implicación en la trama del ‘Museo del Ferrocarril’, la ex alcaldesa agrega otra condena por el delito de prevaricación administrativa a tres años y seis meses más de inhabilitación. En este mismo entramado, Ruiz ha sido condenada además por un delito de falsedad, a las penas de un año y seis meses de prisión, multa y un año de inhabilitación. Y por último, el tribunal considera que ha cometido un delito de malversación, por lo que se le impone un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de tres años.
Por su parte, C. G., cabecilla del entramado de los trenes, ha sido condenado como «cooperador necesario en el delito de prevaricación administrativa», entre otros, del delito continuado de tráfico de influencias en concurso con el de falsedad en documento privado, a la suma de más de cuatro años de prisión y más de siete años de inhabilitación.
La responsabilidad civil de estos dos condenados es elevadísima. El tribunal obliga al responsable del Cehfe, como conseguidor de la trama, al pago de 500.000 euros al Ayuntamiento de Peñarroya, y más de 178.000 en el caso de Luisa Ruiz. Asimismo, la Audiencia declara nula la venta y transmisión de compra y venta de una máquina de tren adquirida por el Consistorio peñarriblense.
Las facturas de Pivag
La sentencia, cuyo ponente es el magistrado de la Sección Tercera Miguel Ángel Pareja, recoge en cuanto al papel que jugaba Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag), que «dicha entidad era utilizada por los acusados para que, a través de la encomienda de gestión, se evitase la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público». Por otro lado, «podía generar facturas en cualquier momento que sirvieran como justificación del gasto de la subvención» en cuestión. Además Pivag recibía las facturas de aquellas empresas que realizaban realmente los trabajos y emitía nuevas a su nombre y destinadas al Ayuntamiento.
Cuando el Consistorio remitía las facturas al Instituto para la Recuperación de la Minería —órgano matriz de los fondos Miner— para justificar el gasto de la subvención, esta entidad dependiente del Ministerio observaba que Pivag, empresa receptora de una encomienda de gestión, era quien facturaba, «lo que parecía a todas vistas correcto y coherente; todo ello a pesar de que no tenía capacidad para ejecutar los trabajos por los que facturaba por no tener los medios personales y materiales necesarios», reza en la sentencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, abunda el tribunal en su fallo que «durante la ejecución de este proyecto, Pivag, como entidad que tenía atribuida la encomienda de gestión, recibió facturas de diversas empresas por un total de 1.330.649,22 euros. Ahora bien, dentro de estas empresas, el acusado C.G., a través de Cehfe y CGFT, emitió facturas en el ámbito de este proyecto por un total de 401.075,30 euros a
La exregidora socialista (2003-2011) acumula delitos de prevaricación, falsedad, malversación, y fraude de subvenciones, entre otros
En noviembre ya fue condenada en otra causa del caso Rocket a tres años y seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación
sabiendas de que se emitían por conceptos que no guardaban relación con trabajos reales para el proyecto ‘Tren Turístico del Guadiato 1ª fase’, aprovechando la posición de privilegio que sobre el proyecto tenía para así enriquecerse ilícitamente, siendo todo ello conocido y tolerado por la entonces alcaldesa María Luisa Ruiz».
La ‘mordida’ del 2%
Una vez que las entidades actuantes (Cehfe y CGFT incluidas) facturaban a la entidad municipal, días después, y por los mismos conceptos, la propia Pivag facturaba al Ayuntamiento de Peñarroya, pero aumentando su importe, sin causa justificada y de forma arbitraria, por indicación de la alcaldesa, en un 2% cada una. De tal forma que a través de más de 24 facturas emitidas entre los días 6 de agosto de 2009 y 23 de diciembre de 2010, la sociedad municipal facturó al Ayuntamiento 816.979,75 euros (16.019,23 euros más de lo que las empresas intervinientes facturaron a Pivag).
En este ‘modus operandi’, según recoge como hechos probados el fallo, C.G., puesto de acuerdo con la regidora en su momento «elaboró una serie de documentos para justificar los costes del proyecto así como el grado de ejecución que se iba alcanzando en los mismos, documentos que no se ajustaban a la realidad y que eran confeccionados sin ajustarse a criterios técnicos de valoración, sin la realización de los correspondientes estudios previos y cuya exclusiva finalidad era justificar indebidamente el cobro del total de la subvención, siendo que ni los costes ni los tiempos de ejecución eran realmente los que se recogían en esos documentos».
Esta condena es la segunda para la ex alcaldesa de Peñarroya después de que el pasado mes de noviembre fuera condenada a tres años y seis meses de prisión por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público así como a tres años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en la primera pieza del caso Rocket relativa a los delitos relacionados con la urbanización del polígono industrial Vega Currillo y Antonlín III, con Fondos Miner.
Los hechos delictivos de la primera sentencia fueron cometidos, según aquel fallo, se concentran bien por contratar a su voluntad con estudios de arquitectura o geotécnicos sin concurso público (delito de prevaricación) o bien confeccionando memorias justificativas para recibir las subvenciones que o no se correspondían a trabajos reales (fraude de subvenciones y falsedad documental) y no debieron ser facturados. Además debía indemnizar al Instituto para la Transición Justa actual con 153.235 euros.