El modelo catalán, balear y valenciano
Las tres experiencias españolas comparten el carácter finalista del impuesto y conceden distinto nivel de autonomía a los ayuntamientos
Son muchas las ciudades europeas que cuentan con una tasa turística que se aplica en las pernoctaciones hoteleras. Es el caso de Lisboa, Roma o Londres. Por cada noche se cobra un suplemento al cliente sobre la tarifa que aplica el negocio. Sin embargo, en España sólo ha habido tres experiencias , que son las que se toman como referencia a la hora de analizar la posible aplicación de impuesto en Andalucía.
El caso más reciente y el que encaja más con el discurso que mantiene en estos momentos el Gobierno andaluz es el de la Comunidad Valenciana. En febrero de 2023 la comunidad aprobó la creación de un impuesto sobre las estancias turísticas con un sistema singular. El Parlamento aprobó un marco legislativo común pero son los ayuntamientos quienes debían determinar si lo aplicaban o no en su territorio, en qué condiciones y con qué tarifas. En cualquier caso, sí quedaba regulado que los recursos que se obtuvieran a través de este sistema sólo podrían ir a proyectos vinculados con la prestación de servicios turísticos. En este marco encajan desde la rehabilitación de patrimonio, la promoción del destino o políticas de vivienda en zonas de gran afluencia turística. En contra de este modelo para Andalucía está que lleva detrás un complejo mensaje político. La propuesta fue aprobada por PSOE y Compromís y nada más producirse el cambio de gobierno, PP y Vox acordaron su derogación.
El modelo más ejemplar y que se toma como referencia institucional en todo el territorio es sin embargo el de Baleares, de 2016. En este caso, el tributo se aplica en todo el territorio por igual con un régimen amplio de exenciones (menores de edad, desplazamientos de emergencia o por motivos de salud...). Los precios también difieren en función de la categoría del negocio. No es lo mismo una noche en un hotel de cuatro estrellas que en una pensión. Pero el elemento esencial de la propuesta fue la creación de un Fondo para favorecer el turismo sostenible. Es decir, todos los recursos que se obtuvieran iban a una bolsa que sólo se podría usar para proyectos concretos como la preservación del medio natural, patrimonio o investigaciones.
El tercer caso, vigente desde 2017, es el de Cataluña, que bebe del modelo de las Islas Baleares , con un elemento adicional. Establece un régimen general para toda la comunidad autónoma pero concede una autonomía a Barcelona, como la capital turística que recibe más pernoctaciones para generar un régimen específico. Los fondos también son finalistas y van a proyectos determinados vinculados con el turismo. las viviendas con fines turísticos. En este caso, la Junta de Andalucía ha ejercido un papel casi de árbitro. Mediante un decreto, en el que no define ni establece ningún marco legislativo concreto, facilita que los ayuntamientos, dentro de sus competencias puedan limitar las viviendas con fines turísticos. Al ser un marco tan general, se ha conseguido el consenso con las empresas del sector, con las asociaciones de viviendas turísticas y con los ayuntamientos. A partir de ahí, es en cada término municipal donde se debe definir realmente cómo se ejecutan las medidas y dónde se centra el debate.
Este marco de trabajo, que ha aceptado la Junta de Andalucía, supondría establecer en el ámbito autonómico un acuerdo de mínimos que permita que los ayuntamientos partidarios de una tasa turística la implanten (los principales destinos) y que otros para quienes esta medida pueda suponer una pérdida de competitividad se mantengan al margen (Jerez por ejemplo ya ha mostrado su rechazo a esta medida y en la Costa del Sol y otros destinos de estancias largas hay reticencias).
Para el buen funcionamiento de este modelo, como asumen desde la Junta de Andalucía, es fundamental que se definan bien el tipo de proyectos o actuaciones que se pueden llevar a cabo con los fondos que se recauden gracias a la tasa turística. Que no se puedan usar para cualquier cuestión de competencia municipal, sino que deba suponer una mejoría para el sector turístico. Ésta es la forma de sumar a la clase empresarial a esta medida y de alcanzar un acuerdo que es imprescindible. Porque en ese aspecto la Junta de Andalucía sí mantiene una posición firme: «la tasa turística será consensuada o no será».
Sólo queda por definir si en esa mesa de trabajo en torno a la tasa turística entran más agentes además de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la federación de ayuntamientos andaluces, como puedan ser otros agentes como los sindicatos (CCOO ayer solicitó participar) que son defensores de la implantación de esta nueva fiscalidad.