La Audiencia avala que la Junta informe sobre el indulto de Griñán
Rechaza el recurso del expresidente andaluz para vetar que se pida parecer a la institución
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a seis años de prisión por el caso ERE al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, rechaza los recursos de súplica que ambos presentaron para evitar que la Administración autonómica informara sobre las peticiones de indulto tramitadas por sus familias. La Junta trasladó a los magistrados sus objeciones a conceder dicha medida de gracia a Griñán y al resto de condenados porque no hay «arrepentimiento» y «no se ha devuelto lo defraudado».
Ambos ex altos cargos socialistas pidieron que no se tuviera en cuenta la opinión de la Junta sobre el perdón reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que «no es parte en las presentes actuaciones, ni la condena por la que fue solicitado el indulto incluye perjuicio, ni condena por responsabilidad civil», según recogen dos autos dictados por dicha sala el pasado 26 de febrero, facilitados ayer por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Las defensas de Griñán y Aguayo señalan que la Administración que sufrió el quebranto de 679.412.179,09 euros, no ha reclamado dinero alguno. Es el importe total repartido de forma clientelar y opaca a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009. En la etapa de Gobierno de Susana Díaz, los letrados autonómicos renunciaron expresamente a acusar a los políticos en el juicio del procedimiento específico de la causa, donde fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, catorce de ellos por un delito continuado de malversación castigado con la cárcel.
La Sección Primera desestima ambos recursos y mantiene la petición de un informe a la Junta de Andalucía, tal y como acordó el pasado 2 de febrero. Considera que «no asiste la razón» a los recurrentes puesto que el artículo 24 de la Ley del Indulto, que data de 1870, «no exige que la parte perjudicada —la Junta— sea parte en el expediente». Por tanto, defiende que se solicite su «parecer» sobre el perdón, una prerrogativa del Consejo de Ministros.
En su informe, la Administración autonómica no se posicionaba específicamente sobre la medida de gracia pero no la encuentra justificada porque «no se aprecia arrepentimiento» y porque «no se ha devuelto lo defraudado». Al margen de su informe jurídico, el Gobierno andaluz se posiciona pública y políticamente en contra el indulto a los condenados del caso ERE, como ha manifestado el presidente Juanma Moreno.
En sus autos, la Audiencia de Sevilla esgrime el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que pedía opinión sobre los indultos a la Junta, puesto que ejerció la acusación particular hasta que solicitó su archivo, cuando el PSOE gobernaba en Andalucía. Recuerda que, al no ser atendida su petición, «se reservó las acciones civiles, desconociéndose si ha ejercitado las acciones civiles y cuál ha sido la intervención del penado en dicha reclamación». Desde la Junta de Andalucía aseguran, en cambio, que sí se les ha reclamado la cuantía defraudada a los condenados en la pieza política, en concreto, se hizo por escrito el 23 de julio de 2023 a través del Tribunal de Cuentas.
El Gobierno decide
El informe sobre los indultos que emita el tribunal que dictó la sentencia del caso ERE el 19 de noviembre de 2019 es preceptivo pero no vinculante. El Gobierno puede tenerlo o no en cuenta. Hay un precedente reciente. El Tribunal Supremo se opuso con rotundidad a conceder cualquier forma de indulto, incluso el parcial, a los doce condenados en el juicio del ‘procés’ independentista catalán. Aun así, el Ejecutivo los perdonó y ahora impulsa la amnistía, es decir, borrar todos los delitos que los condenados cometieron.
La Junta puso objeciones al perdón para los condenados de los ERE porque no se han arrepentido ni han devuelto el dinero defraudado