La pareja de Ayuso admitió a la Fiscalía «dos delitos contra la Hacienda Pública»
El abogado de Alberto González envió un correo electrónico ofreciendo un pacto
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad antes de que ésta presentara una denuncia contra él por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros en impuestos mediante facturas falsas. Buscaba así una rebaja ante una eventual condena.
En un comunicado, la Fiscalía Provincial de Madrid explicó ayer que el «único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».
El abogado ofreció el acuerdo «vía correo electrónico», que fue enviado al fiscal al frente del caso a las 12.45 horas de ese día. La propuesta de conformidad realizada por su defensa «reconocía la autoría del señor González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021», afirmaba. Concretamente, según el correo electrónico adelantado por la Cadena SER y constatado por ABC, la defensa de González expresó a la Fiscalía que, una vez «estudiado el asunto y de común acuerdo» con su cliente, se trasladaba que «es voluntad firme alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT», por las siglas de la Agencia Tributaria.
Cinco días después, el 7 de febrero, el fiscal dio por finalizadas las diligencias de investigación y acordó la interposición de la denuncia contra la pareja de la presidenta madrileña y otras cuatro personas más, que le habrían ayudado a girar facturas con gastos que nunca tuvieron lugar, así como contra ocho de sus sociedades.
Y el día 12, a las 11.34 horas, es cuando, según la nota, el fiscal contestó por correo electrónico al abogado de González Amador y le manifestó que tomaba nota «de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas», sin que considerara que el hecho de que hubiera otras personas denunciadas tuviera que ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.
A la jornada siguiente, se elevó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, que la remitió a los Juzgados de Plaza de Castilla el día 20 y fue registrada por el órgano decano el 5 de marzo, de acuerdo con el comunicado.
El 12 de marzo volvió a haber una comunicación. El fiscal remitió la denuncia por mail al letrado de González Amador, según el Ministerio Público, «para facilitarle el derecho de defensa y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal». Es en este punto en el que fuentes de la Comunidad de Madrid insisten en que, una vez que el caso estalló en los medios de comunicación, la Fiscalía retiró las opciones de un posible pacto por «órdenes de arriba».
La nota del Ministerio Público también sitúa el origen de las diligencias en el 23 de enero, fecha en la que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió su investigación como consecuencia del escrito que le había hecho llegar la Agencia Tributaria con las conclusiones de sus averiguaciones. En él, Hacienda informaba de que los hechos atribuidos a González Amador podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
La difusión del comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid provocó el rechazo del Colegio de la Abogacía, que consideró «de extrema gravedad» la revelación «de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados». La institución colegial considera que se han vulnerado los «principios básicos de sigilo, confianza y buena fe y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».
El Colegio de la Abogacía de Madrid reprobó a la Fiscalía por revelar datos de las conversaciones con un letrado