La Policía entrega los teléfonos del mediador a la juez que instruye el caso de Tito Berni
Lo hace tras la denuncia de un agente, apartado de la causa, que aseguraba que se los habían robado
Los teléfonos móviles de Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre a la supuesta trama de sobornos por la que está siendo investigado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, ya están en poder del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Tenerife, que hasta ahora ha venido custodiando los dispositivos en comisaría, hizo entrega de los mismos –a petición de la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres– el pasado martes, según explican fuentes policiales a ABC.
El movimiento llega después de que el inspector jefe que inicialmente lideraba las pesquisas, Francisco Moar –apartado del caso Mediador desde abril del año pasado por decisión de la instructora ante la sospecha de que podría estar detrás de presuntas filtraciones de información–, haya denunciado que los teléfonos móviles fueron sustraídos por otros agentes sin permiso de la caja fuerte del despacho que ocupaba cuando era jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
La denuncia, pendiente de reparto, se suma a otra por injurias y calumnias contra policías que previamente le habían denunciado a él en el ámbito administrativo por acoso laboral. Además, según confirman fuentes jurídicas a este diario, el inspector jefe ha presentado una queja contra la magistrada del caso Mediador ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de ratificación. Las fuentes consultadas por este diario lo enmarcan dentro de una ofensiva judicial que el agente ha iniciado desde que fuera expulsado de la causa.
Cuando en abril de 2023 la instructora Lorenzo-Cáceres apartó a Moar del caso Mediador, fue el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial el que asumió la investigación de la pata canaria de la causa que hasta entonces dirigía, mientras que la parte que afectaba al general de la Benemérita investigado, Francisco Espinosa, continuó liderada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Y los dos teléfonos de Navarro Tacoronte, que hasta entonces habían estado bajo custodia de Moar, pasaron a depender de la salvaguarda del Grupo de Delitos Tecnológicos que ocupó su lugar. Fueron agentes de este departamento los que cogieron los dispositivos de la caja fuerte que el inspector jefe tenía en su despacho. Según las fuentes consultadas, los móviles nunca salieron de dependencias policiales y nunca han estado en paradero desconocido.
En este tiempo los agentes seguían analizando el contenido de los terminales que Antonio Navarro Tacoronte entregó tras su detención en enero de 2022: un Iphone 11 Pro Max, cuyo volcado arrojó un total de 63 gigabytes de datos y un Iphone modelo 7Plus, con 65 gigabytes de información, que se traduce en más de 100.000 imágenes, 42.000 archivos de audio, 3.000 vídeos y más de 2.000 documentos. Tras el requerimiento de la magistrada Lorenzo-Cáceres a la Policía, ambos terminales se encuentran ya bajo custodia del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña.
Ofensiva judicial
Sobre la ofensiva judicial iniciada por Francisco Moar, en la actualidad jefe de sección de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), fuentes jurídicas explican a este diario que en su denuncia alegaba dos cuestiones. Por un lado, las presuntas injurias y calumnias que habría sufrido por parte de otros policías que con anterioridad le habían denunciado por acoso laboral. Y, por otro, la supuesta sustracción de los móviles del mediador de su despacho, por parte de otros agentes, según él, sin autorización. El escrito recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz, que incoó diligencias previas para el primero de los asuntos –ya ha solicitado el expediente–, pero envió a reparto el supuesto robo, al no apreciar conexión entre los hechos.
En lo que se refiere a la queja presentada contra la instructora Lorenzo-Cáceres ante el CGPJ, fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la misma se encuentra en fase de ratificación. Si Moar sigue adelante, el promotor de la acción disciplinaria, encargado de instruir todas las quejas que se reciben contra magistrados, pediría informe a la jueza del caso Mediador para que presente alegaciones con su versión de los hechos.
Si tras el análisis de la documentación se apreciara materia disciplinaria, se podría seguir practicando diligencias y abrir un expediente disciplinario. En caso contrario, el asunto quedaría archivado.
No es la primera vez que los teléfonos de Navarro Tacoronte están en el ojo del huracán. El pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Canarias zanjó las dudas vertidas al respecto. El mediador buscaba invalidar las pruebas obtenidas de sus terminales, origen y base inicial de la investigación contra él, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y un puñado de empresarios implicados, alegando que no entregó los terminales a la Policía de forma voluntaria.
Pero los jueces desestimaron íntegramente su recurso, validaron la actuación de la instructora y rechazaron devolverle los dispositivos, cuya entrega, concluyeron, había facilitado y consentido él mismo. «El hecho de que el investigado con posterioridad haya cambiado de dirección letrada y optado por una estrategia de defensa distinta no puede afectar a lo por él voluntariamente manifestado», rezaba el auto, que indicaba también que se habían respetado todas sus garantías procesales.