La entrada de la SEPI en Telefónica se complica
Sin Cuentas para 2024, Montero no podrá transferir capital extra al organismo público
Nuevo revés para el Gobierno tras el adelanto electoral en Cataluña que han dado al traste con la agenda presupuestaria de Hacienda, que aspiraba a impulsar las Cuentas para 2024 la próxima semana y se ha tenido que resignar a centrarse en preparar las de 2025. A saber, la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica peligra. O al menos, obliga al Gobierno a agudizar el ingenio y buscar alguna otra fórmula diferente que no dependa de tener Presupuestos generales del Estado (PGE) este año, para así canalizar la compra de hasta el 10% de acciones de la operadora española tal y como estaba previsto.
Y es que la primera de las opciones en la que estaba trabajando el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero –del que depende la SEPI– era aprobar una transferencia extraordinaria al organismo público que le permitiera contar con capital suficiente para realizar una operación que costaría más de 2.000 millones de euros por el total de ese 10%, 200 millones por cada punto porcentual de participación en Telefónica. Sin Presupuestos para este año, no habrá posibilidad de hacer dicha transferencia y, a día de hoy, la SEPI no tiene por sí misma tanto capital para invertir. En este sentido, Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, recuerda que «en la normativa específica de la SEPI, se prevé que la entidad y las sociedades de su grupo, participadas mayoritariamente por ella puedan percibir transferencias, subvenciones, avales, subrogaciones de deuda, ampliaciones de capital y cualquier otro tipo de aportaciones equivalentes con cargo a PGE, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales».
Complicada la primera de las opciones, la segunda que baraja Montero pasa por permitir que el holding público aumente su endeudamiento, algo que, en principio, en Bruselas no estaría bien visto y provocaría toques de atención al Gobierno Sánchez o su reprobación. Además de la oposición de Europa, el problema es que la deuda de la SEPI se ha multiplicado por diez en poco más de seis años. Según las cuentas de la sociedad pública de 2022 –las últimas disponibles–, cuenta con una deuda de 3.586,1 millones de euros, de los cuales 3.039 están contraídos con entidades de crédito, 2.165 millones en préstamos y 875 en pólizas de crédito. A esto sumar que, en la actualidad, la tesorería disponible –el dinero en efectivo con el que puede contar para emprender una compra de estas características– se sitúa en los 455 millones, mientras que sus fondos propios llegaron a los 575 millones, con un fondo patrimonial de 5.321 millones. Llegar por sus propios medios, pues, hasta esos 2.000 millones, es harto complicado.
Si el Estado puede o no dejar que se endeude más, depende de la legislación española y vuelve a toparse con tener unos PGE del año en curso. «Respecto a la capacidad de endeudamiento, la SEPI debe respetar los límites que se establezcan para ello en las leyes anuales de los PGE y ese límite máximo en que se puede incrementar su endeudamiento bancario o por emisiones de valores de renta fija se establece anualmente. El Gobierno podría aumentar este límite y, de esa forma, la operación se podría realizar bien emitiendo deuda, mediante un crédito sindicado entre varias entidades o bien recurriendo al actual ‘pool’ bancario de la SEPI, aunque dado su elevado nivel de endeudamiento, su riesgo de crédito es alto y eso implica más coste para la SEPI», concluye Balado.